Las VTC piden a la Comisión Europea que frene la ley catalana antiuber

El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha internacionalizado el conflicto regulatorio que mantiene con el taxi en Cataluña. Las patronales Unauto y la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) han enviado una carta al comisario de Transporte de la Comisión Europea, Apostolos Tzitzikostas, en la que piden a Bruselas que actúe antes de que se apruebe la futura ley del taxi que se tramita en el Parlament. En la misiva, advierten de que el proyecto normativo supone una “amenaza regulatoria” para su actividad y puede vulnerar el Derecho de la Unión Europea. Por ello, solicitan a Tzitzikostas “explorar soluciones que eviten” la aprobación de la ley antiuber (también llamada ley del taxi o ley Tito, en alusión al líder de los taxistas Tito Álvarez).

En la carta solicitan a la Comisión Europea que examine el proyecto de ley registrado el 25 de septiembre por PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP en el que se pretende declarar al taxi como servicio de interés económico general sin dar, apenas, concesiones al servicio de VTC que en una gran mayoría se encuentra en manos de Uber y Cabify. Según la patronal de las VTC este articulado no respeta el marco jurídico comunitario.

Las organizaciones empresariales sostienen que el texto que debate el Parlament ha sido elaborado “exclusivamente bajo la influencia del sector del taxi y sin consulta alguna a los representantes de los VTC”. A su juicio, la ley persigue proteger los intereses económicos del taxi, una finalidad que consideran incompatible con la normativa europea.

Uno de los principales problemas, según las patronales, es que el proyecto limita la actividad de las VTC al establecer licencias de dos años no renovables, lo que se traduce en la desaparición rápida y progresiva del sector.

Además, las asociaciones sostienen que la normativa eliminaría de facto los servicios urbanos de VTC en Cataluña, que representan cerca del 90% de su demanda. La propuesta presentada en septiembre también introduce, según la carta, requisitos adicionales de licencia y diversas restricciones operativas que el sector considera desproporcionadas.

Las patronales acompañan su reclamación con un análisis de impacto económico en el que estiman que la aprobación de la ley podría provocar la pérdida de casi 6.000 empleos directos e indirectos y un impacto económico superior a los 326 millones de euros, incluidos 72 millones en ingresos fiscales y cotizaciones sociales.

Las patronales del sector ya han lanzado -antes de que comience el debate en el Parlament- su primera reclamación a la Comisión Europea. Solicitan una reunión con el comisario europeo y piden que se acelere el examen preliminar del procedimiento de infracción abierto sobre la normativa española relativa a las VTC y, además, que se recuerde a las autoridades españolas y catalanas sus obligaciones con las VTC siguiendo el derecho comunitario.

El pasado miércoles, el pleno del Parlament rechazó una enmienda a la totalidad de la propuesta presentada por Vox, lo que permite que la norma continúe su tramitación.

Si se mantiene el articulado actual, la norma supondrá, de entrada, la eliminación de 600 de las 990 licencias de VTC actualmente en vigor en el área metropolitana de Barcelona (hay 10.517 licencias de taxi). Además de la reducción de licencias, cuando sea necesario autorizar nuevos permisos, las administraciones priorizarán la creación de licencias de taxi y si se precisan nuevas VTC se les otorgará solo autorizaciones cortas (de dos años), que no se renovarán automáticamente, no serán transmisibles y -en definitiva- irán desapareciendo a medida que vayan expirando.

Además de estas limitaciones, la Generalitat se reserva la capacidad de no renovar las licencias si consideran que no cumplen con criterios ecológicos o medioambientales y de imponer limitaciones temporales a las VTC si considera que hay una saturación de la oferta. Además, el nuevo proyecto legal pone en aprietos a algunos de los conductores tanto de taxis como de VTC. Obliga a que tanto unos, como otros, acrediten un nivel B1 de catalán, que es el elemental. Hay partidos como Junts o la Cup que consideran que es insuficiente esa acreditación y solicitan que el nivel sea B2.

Otra de las novedades es que tanto VTC como los taxis estarán obligados a estar geolocalizados y serán supervisados por las administraciones que podrán detectar infracciones o malas praxis en tiempo real.

El enfrentamiento entre el sector del taxi y las VTC lleva años marcando la regulación del transporte urbano en Cataluña. Con la carta enviada a Bruselas, las patronales de las VTC buscan ahora trasladar el debate al ámbito europeo y situar la futura normativa catalana bajo el escrutinio de la Comisión Europea.