Junts presionará para modificar la futura ley catalana del taxi a favor de Uber y Cabify

Los diputados del Parlament de Cataluña han iniciado este miércoles la tramitaciónde la futura Ley de Transporte de Personas en Vehículos de hasta nueve plazas. En el sector la ley se ha rebautizado como la ley del taxi, o la ley antiuber, ya que se pretende reducir, o casi acabar, con este tipo de vehículos, o la ley Tito, al ser su principal impulsor es el líder de los taxistas barceloneses, Tito Álvarez. La proposición de ley la registraron, el 25 de septiembre, PSC, ERC, la CUP, Comuns y Junts pero no ha sido hasta este miércoles, tras superar cinco prórrogas en la presentación de enmiendas a la totalidad, cuando se ha sometido al debate parlamentario después de que Vox haya presentado una enmienda a la totalidad de articulado. Vox se ha quedado solo y el resto de formaciones han votado en contra de la enmienda, salvo el PP que se ha abstenido. Pese al resultado de la votación, Junts ha anunciado que en septiembre se sumaron a la proposición de “manera crítica” y han anunciado que apoyarán al sector de las VTC durante los próximos debates parlamentarios. Este anuncio que ha encendido al propio Álvarez presente en el pleno del Parlament. El líder de los taxistas ha acusado a los postconvergentes de ser los culpables, cuando gobernaban, de la situación actual y ha amenazado: “Que nadie utilice el taxi como arma política”.

El proyecto aprobado en septiembre pretende declarar al taxi como servicio de interés económico general y no hace apenas concesiones al servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) que en una gran mayoría se encuentra en manos de Uber y Cabify.

Si se mantiene el articulado actual, la norma supondrá, de entrada, la eliminación de 600 de las 990 licencias de VTC actualmente en vigor en el área metropolitana de Barcelona (hay 10.517 licencias de taxi). Además de la reducción de licencias, cuando sea necesario autorizar nuevos permisos, las administraciones priorizarán la creación de licencias de taxi y si se precisan nuevas VTC se les otorgará solo autorizaciones cortas (de dos años), que no se renovarán automáticamente, no serán transmisibles y -en definitiva- irán desapareciendo a medida que vayan expirando.

Además de estas limitaciones, la Generalitat se reserva la capacidad de no renovar las licencias si consideran que no cumplen con criterios ecológicos o medioambientales y de imponer limitaciones temporales a las VTC si considera que hay una saturación de la oferta. Además, el nuevo proyecto legal pone en aprietos a algunos de los conductores tanto de taxis como de VTC. Obliga a que tanto unos, como otros, acrediten un nivel B1 de catalán, que es el elemental. Hay partidos como Junts o la Cup que consideran que es insuficiente esa acreditación y solicitan que el nivel sea B2.

Otra de las novedades es que tanto VTC como los taxis estarán obligados a estar geolocalizados y serán supervisados por las administraciones que podrán detectar infracciones o malas praxis en tiempo real.

El primero en intervenir en el debate ha sido el diputado del PSC, Jose Ignacio Aparicio, que ha mantenido que el taxi es un servicio esencial. “La movilidad de hoy necesita de normas para entender el presente y preparar el futuro”, ha mantenido. Aparicio no ha cerrado la puerta a modificar parte del articulado de la propuesta.

La diputada de Junts, Montse Ortiz, ha negado que la proposición de ley del taxi suponga “un consenso”. “Votamos en contra de la enmienda a la totalidad por coherencia. Pero nosotros, en su día, nos sumamos a la proposición de ley de manera crítica”, ha mantenido Ortiz. Ha criticado que la ley esté pensada solo desde la “realidad metropolitana” de Barcelona. “La ley no anticipa el futuro como el robotaxis”, ha criticado. En un momento de su discurso ha hecho un guiño al sector de las VTC. “Desde Junts defenderemos modificaciones trabajadas desde el diálogo con el sector. Garantizaremos la libertad jurídica del sector. Acompañaremos a las VTC y las 6.000 familias que viven de ellas”, ha mantenido. Ortiz ha acabado su intervención reivindicando que sea el B2 la titulación mínima exigible a taxistas y VTCs.

Joan Ignasi Elena, de ERC, ha asegurado que es una ley “necesaria” que da “garantías, previene abusos, da derecho a los usuarios, calidad al servicio, lengua, regula la intermediación…”. Elena también ha anunciado modificaciones del articulado para “garantizar que el sistema de movilidad sea solido y robusto”.

El diputado de Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciado que Vox pretende “eliminar” la proposición para que no exista legislación. “Votar no a la enmienda de Vox no es un cheque en blanco”, ha anunciado Mijoler destacando que los Comuns trabajaran para evitar la “precariedad laboral”. “No aceptaremos falsos autónomos ni dependencias extrañas”, ha asegurado. Laura Vega de la CUP ha denunciado que Uber y Cabify “presionan los mercados hasta reventar los precios para luego subirlos”.

Andrés Bello de Vox ha sido el defensor de la enmienda a la totalidad de los ultras. Bello ha criticado que la proposición de ley “no tiene seguridad jurídica” y entra en contradicciones con la normativa europea. La diputada del PP, Àngels Esteller, ha criticado que el documento presentado en la no aporta ninguna valoración del impacto laboral que puede provocar la ley. “El gobierno debe realizar cambios incorporando a todos los operadores. Nuestra obligación es regularlo garantizando seguridad jurídica”, ha mantenido. “En horas punta no hay suficientes taxis. Las VTC hacen un gran servicio”, ha reivindicado.

Silvia Orriols de Aliança Catalana se ha mostrado “desfavorable” a la proposición: “Quieren expulsar las VTC en beneficio del taxi. Quieren reducir un 25% la oferta de movilidad. Ahora los taxis ya no dan abasto”, ha concluido. La ultra ha votado en contra de la enmienda de Vox al considerar que es necesario el debate.

Por su parte, Álvarez se ha mostrado esperanzado en que las diferentes sesiones de tramitación acaben manteniendo la proposición de ley “en los términos que está ahora”. A mediados de este mes comenzarán las ponencias en la comisión de Territorio que llevarán al redactado final de la norma que, con toda seguridad, se aprobará en el último trimestre del año.

El presidente ejecutivo de la patronal de las VTC, Unauto, José Manuel Berzal, ha agradecido a Vox -en las puertas del Parlament- la presentación de la enmienda a la totalidad pese a no haber conseguido la mayoría de votos de la cámara. Berzal ha recordado que si se aprueba la proposición se “volvería a la movilidad de los años 80 en Barcelona” y se eliminarían cerca de 6.000 puestos de trabajo de conductores de VTC. El presidente de la patronal ha asegurado que de aprobarse la propuesta presentada los tribunales europeos acabarán anulando la normativa y será la “ciudadanía” la que acabe asumiendo, vía indemnizaciones, lo que (a su juicio) es un error político.