Trabajo acusa a Economía de intentar boicotear el acuerdo de gobierno por el registro horario

El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha vuelto a confrontar en las últimas horas con el PSOE en el Gobierno. Después de la crisis de la semana pasada, con el plantón al Consejo de Ministros protagonizado por Sumar para forzar la inclusión de medidas sobre vivienda en el decreto para paliar las consecuencias de la guerra en Irán, este martes el departamento de Díaz ha arreciado sus críticas a Economía después de que el Consejo de Estado emitiera un informe desfavorable al reglamento sobre el registro horario. Se trata de la única parte de la reforma sobre la reducción de jornada laboral que todavía puede salir adelante, porque la norma principal (la rebaja de horas) decayó en el Congreso el pasado septiembre. Fuentes de Trabajo, que creen que el órgano consultivo se ha extralimitado, acusan a Economía de querer boicotear una regulación que está en el acuerdo de gobierno sellado en 2023 entre PSOE y Sumae. Y ante un posible bloqueo de la parte socialista del Ejecutivo, advierten de que la medida seguirá su curso y será aprobada próximamente, como otras 14 normas esta legislatura, una vez oída la opinión del Consejo, porque el informe no es vinculante y no limita, por tanto, la potestad del Gobierno para regular.

Las conclusiones conocidas el lunes aplauden el objetivo de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante la obligatoriedad de un sistema digital interoperable por Inspección—, pero consideran que no mide de forma correcta su impacto económico, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento (como viene denunciando CEOE), que no se adecúa a las necesidades específicas de los sectores y que no asegura la protección de datos de los trabajadores. El dictamen también recoge extractos críticos de los informes emitidos por otras instituciones gubernamentales en los últimos meses, como el Ministerio de Economía, el de Función Pública o la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), una cuestión que ha soliviantado especialmente a Trabajo.

Cuestionado por esta queja de los de Díaz, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, no ha entrado al choque con la vicepresidenta segunda tras el Consejo de Ministros. “Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida, como un pilar esencial para alcanzar una reducción efectiva de la jornada laboral”, ha dicho Cuerpo, antes de señalar la importancia de “mantener la ambición” en “la conquista de derechos para los trabajadores”. A la vez, ha matizado que defiende una implantación “equilibrada” que garantice la adopción de esta regulación, “en particular para nuestras pymes”.

Fuentes de Trabajo tachan el dictamen del Consejo de Estado de demoledor y extravagante y creen que es producto de una serie de informes basados en prejuicios más propios del siglo XX. En el ministerio de Díaz aseguran que, aunque modificarán algunas cuestiones del texto para dar mayores garantías, por ejemplo, a la protección de datos de los trabajadores, no lo alterarán en su contenido fundamental.

Estas mismas fuentes achacan los informes negativos tanto del departamento de Cuerpo como del de Función Pública –que dirige Óscar López– a una oposición frontal de un sector del PSOE al proyecto para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas. Pero aseguran que esa discusión ya se dio en su día en el seno del Gobierno y que el presidente, Pedro Sánchez, se posicionó a favor de dar cumplimiento al pacto de coalición.

Sumar apostó toda esta legislatura a la reducción de la jornada laboral. Era la medida estrella del programa electoral con el que la formación izquierdista se presentó a las generales de julio de 2023 y fue incorporada en el acuerdo entre los socios tras muchas jornadas de negociación. Aunque en septiembre pasado las derechas de PP, Vox Junts y UPN tumbaron su aprobación en el Congreso, el departamento anunció entonces que aprobaría el registro del control horario, sin rango de ley, y que, por tanto, no necesita ser convalidado por las Cortes. La patronal inició entonces una campaña para denunciar que esa regulación invade el terreno legislativo. El anuncio de Trabajo anticipa ahora una batalla legal en los tribunales.