El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclina por autorizar el rechazo de los solicitantes de asilo en la frontera con México

El Gobierno de Donald Trump podría recibir otro apoyo del Tribunal Supremo para su cruzada antiinmigración si este confirma las opiniones que este martes ha dado. La mayoría de los jueces del Supremo se ha mostrado favorable a reinstaurar una política por la que los agentes migratorios podían rechazar la entrada de solicitantes de asilo antes de que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México.

La práctica, que no se usa desde 2021, impediría a los migrantes acceder al derecho a la petición de asilo, como la ley federal permite a quienes se encuentran “físicamente presentes en los Estados Unidos” o al que “llegue a los Estados Unidos”. La cuestión que se plantea el Tribunal es si los no ciudadanos deben cruzar la frontera por completo para adquirir el derecho a solicitar asilo, o si se les debe permitir presentar la solicitud con el simple hecho de presentarse en la frontera. La cuestión jurídica concreta en este caso radica en determinar si los solicitantes de asilo que son detenidos en el lado mexicano de la frontera han “llegado a los Estados Unidos”.

El Gobierno de Trump quiere restablecer la práctica como una herramienta más que facilitará sus operaciones contra los migrantes, prioridad de la Administración desde que regresó a la Casa Blanca. Es por esto que acudió al Supremo, donde los jueces conservadores son mayoría por seis a tres, para que se pronuncien a favor. Se espera que el Supremo tome una decisión en junio o comienzos de julio de este año. Vivek Suri, asistente del fiscal general, señaló que la Administración tiene la intención de reactivar la práctica si determina que es necesaria para hacer frente a un repunte en la llegada de migrantes a la frontera, que prácticamente se encuentra cerrada por la actual Administración.

La mayoría de los jueces conservadores —así como uno de los jueces liberales— se mostraron receptivos a la postura de la Administración. El presidente del Supremo, John G. Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett sugirieron que “llegar a” EE UU se refiere a una persona que ha cruzado la frontera por completo, tal como ha argumentado el Gobierno.

El juez Neil M. Gorsuch, otro miembro de la mayoría conservadora, planteó la duda de cuáles son los derechos de un solicitante de asilo que se encuentra al final de la fila, o de una persona que permanece a la orilla del agua esperando cruzar el Río Grande, que separa a México de los Estados Unidos.

Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, ambas liberales, se mostraron más a favor de los argumentos de los solicitantes de asilo. Según Sotomayor, rechazar su derecho al asilo viola la intención del Congreso al promulgar un estatuto que otorga a quienes llegan el derecho a reclamar protección contra la persecución, así como los acuerdos internacionales relativos a los refugiados que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. “Están dejando entrar a trabajadores con permisos para venir a trabajar. Están dejando entrar a todos los demás. Pero no están permitiendo el paso a las personas que llegan a la fila —a la puerta— y llaman a ella, y que desean solicitar el estatus de refugiado”, dijo Sotomayor.

“Alguien que viaja en un avión a punto de aterrizar en LaGuardia tal vez no haya puesto aún el pie en suelo estadounidense. Pero ha llegado a los Estados Unidos. Está llegando. Está llamando a la puerta”, añadió la jueza, refiriéndose a un aeropuerto de la ciudad de Nueva York. Por su parte, Jackson apuntó a que fueran los tribunales inferiores los que decidieran el caso.

El caso fue planteado por Al Otro Lado, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, y 13 solicitantes de asilo, que acudieron a un tribunal federal en el sur de California para impugnar la política, conocida como metering (dosificación) y que comenzó en 2016, durante la Administración de Barack Obama, como respuesta a la llegada masiva de migrantes haitianos que pedían asilo en San Ysidro, un puerto de entrada situado en las afueras de San Diego.

Los funcionarios de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se apostaban a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y rechazaban a los no ciudadanos que carecían de documentos de viaje válidos —incluidos los solicitantes de asilo— antes de que estos pudieran ingresar a Estados Unidos. En 2017, durante el primer mandato de Trump, el Gobierno extendió la práctica a todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera estadounidense con México y lo formalizó en un memorando en 2018. En 2021, durante la Administración de Joe Biden, dejó de aplicarse.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, con sede en San Francisco, dictaminó en 2024 que la ley federal exige a los agentes fronterizos inspeccionar a todos los solicitantes de asilo que “lleguen” a los cruces fronterizos designados —incluso si aún no han ingresado a los Estados Unidos— y que la política de metering violaba dicha obligación.

Los defensores de los migrantes criticaban la política por considerarla ilegal e inhumana, al obligar a los migrantes a permanecer en México. Familias, niños y adultos vulnerables que huían de la persecución quedaron varados en condiciones peligrosas, donde se enfrentaron a agresiones violentas, secuestros y la muerte. “No se puede pedir a alguien que huye de la violación, la tortura o las amenazas de muerte que espere indefinidamente en peligro simplemente porque un gobierno ha decidido que sus vidas resultan inconvenientes”, declaró en un comunicado Nicole Elizabeth Ramos, de Al Otro Lado.