La Administración Trump pone en la mira a los migrantes menores no acompañados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) planea abrir un centro de llamadas con una unidad especializada para localizar a menores migrantes no acompañados. La idea es que las autoridades locales y estatales colaboren informando a la agencia migratoria de dónde se encuentran estos indocumentados y faciliten así la detención y posterior deportación.

La medida se enmarca dentro de la campaña contra los migrantes de la Administración de Donald Trump, que no ha dejado de lado a los menores. Además de localizar a los que aún tienen menos de 18 años, también estaría dirigida a quienes llegaron al país de forma ilegal siendo menores, pero ya son adultos.

El centro proporcionaría información a las autoridades federales, según el documento, publicado el martes en un sitio web de contratación gubernamental y reportado por la agencia Reuters. El ICE busca crear un centro operativo de 24 horas que pueda atender entre 6.000 y 7.000 llamadas diarias relacionadas con el control migratorio.

El documento contractual indica que el centro estaría ubicado en Nashville, Tennessee, aunque no se explica el motivo de la elección de esa ciudad. CoreCivic, una de las dos mayores empresas de cárceles privadas que gestionan centros de detención del ICE, tiene su sede en Nashville.

En el año fiscal 2024, unos 98.000 niños cruzaron solos la frontera de Estados Unidos huyendo de las condiciones de pobreza, violencia o abusos que sufren en sus países de origen. El Gobierno ha criticado a la Administración anterior por haber perdido la pista de miles de menores que fueron enviados con sus patrocinadores en Estados Unidos, con el riesgo de que caigan en redes de tráfico de personas. Defensores de los niños recelan de las intenciones de conocer su paradero. “No me parece que el ICE tenga que saber dónde están esos niños, porque está muy claro que lo que está haciendo el ICE en todo el país no tiene que ver con ayudar a las personas, ni mucho menos a los niños no acompañados”, afirma Scott Bassett, abogado de la organización Amica.

Los menores no acompañados han sido un blanco de la cruzada antiinmigración de Trump desde el comienzo de su mandato. Varias iniciativas han ido encaminadas a facilitar su expulsión. Poco después de asumir el cargo, el magnate intentó suspender los servicios legales federales para menores no acompañados, cortando la financiación a las organizaciones que les prestan representación y que les acompañan en el proceso de pedir asilo.

Aunque un tribunal federal ha bloqueado temporalmente esta suspensión mientras se resuelve el caso, el intento de socavar la protección de los menores es motivo de gran preocupación. “La representación legal puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Los niños con representación legal obtienen reparación en el 73% de los casos, en comparación con solo el 15% sin abogados”, según el International Rescue Comittee (IRC).

Trump no está contento con el ritmo de las deportaciones, que no están encaminadas a alcanzar la meta de un millón en su primer año, por lo que cualquier estrategia para aumentar los números está siendo explorada. Eso ahora significa buscar a esos niños, o quienes llegaron a Estados Unidos siéndolo, aunque ello signifique saltarse los procesos legales necesarios.

2.500 dólares para autodeportarse

El mes pasado, se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrecería 2.500 dólares a los menores no acompañados mayores de 14 años que están bajo custodia para que se autodeporten. Los críticos, que bautizaron el plan como Operación Freaky Friday, denunciaron la coerción que sufrirían los menores. “Si en verdad quisieran ayudar, la mejor manera de hacerlo es darles abogados para proteger sus derechos en la corte”, afirma Bassett. Hace unos días, acudió a uno de los albergues donde los niños permanecen bajo custodia de las autoridades para explicarles la propuesta, que implica renunciar a su derecho de solicitar asilo en el futuro.

El DHS defendió la iniciativa como un aliciente para que los niños regresaran junto a sus familias, pero las organizaciones que defienden a los menores denuncian que en muchos de los casos huyen precisamente de los abusos que sufren en sus hogares.

Esa misma justificación usó el DHS en agosto para subir en medio de la noche a un avión a 76 niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos con el objetivo de devolverlos al país del que huyeron. Un juez impidió el traslado. El magistrado no se creyó que se tratara de unificación familiar, como aseguraban los abogados del Gobierno, pues las familias no lo habían solicitado y los niños no querían regresar a sus países. La Administración planeaba deportar a Guatemala a más de 300 niños en total.

Los cambios introducidos en la política migratoria para los menores desde que Trump regresó a la Casa Blanca han transformado completamente el tratamiento que los niños migrantes reciben. “Lo de ahora es otro mundo”, dice Bassett. Su organización realiza visitas a los albergues casi cada dos semanas para explicar todos los cambios. En su última visita, una niña le preguntó: “¿Por qué nos siguen haciendo esto? ¿Qué hemos hecho mal?“