La ‘histórica’ deportación de Trump ha llevado el terror a las calles, pero mantiene insatisfecho al presidente

Donald Trump no está conforme con los resultados de la campaña contra la inmigración que inició nada más instalarse en la Casa Blanca tras ganar las elecciones hace un año. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “no han ido suficientemente lejos”, dijo el sábado en una entrevista en el programa 60 minutos de la cadena CBS, donde defendió el uso de las tácticas agresivas de los agentes, que han provocado protestas por todo el país. El Gobierno afirma haber deportado a más de 400.000 personas desde que Trump asumió el cargo, una cifra elevada pero que no alcanza el millón de expulsiones anheladas por el republicano y que ha resultado más difícil de lo que creía.

Ya lo había anunciado en la campaña electoral: si ganaba, llevaría a cabo la mayor deportación de la historia. En sus primeros 100 días, el republicano aprobó 175 medidas relacionadas con la inmigración. La mayoría de las acciones estuvieron encaminadas a aumentar las deportaciones, pero también se cerraron las fronteras y minaron los programas de asilo y de refugiados. El Gobierno ha convertido en indocumentados a quienes no lo eran, expulsado del país a trabajadores sin haber cometido ningún delito, separado familias y detenido incluso a ciudadanos estadounidenses.

“Ha sido mucho más agresivo de lo que nadie esperaba, más brutal. Ha actuado prácticamente sin respeto por la ley, violando los derechos de las personas y recibiendo advertencias casi semanales de los tribunales, incluso de los jueces que él mismo nombró, de que sus acciones son ilegales”, afirma Matt Barreto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Muchas de sus acciones se discuten en los tribunales y tras sus primeros 10 meses de mandato, es casi imposible registrar todos los fallos que jueces de distrito y tribunales de apelación han ido dictando. Algunas de las decisiones han acabado en el Tribunal Supremo, que, con una mayoría de jueces conservadores, ha respaldado varias de las iniciativas de Trump, como la utilización del perfil racial de un individuo (ya sea su aspecto físico o lugar de trabajo) para justificar su detención.

La obstinación del presidente por lograr deportaciones de magnitudes históricas ha propiciado que destine la ingente suma de 170.000 millones de dólares para el control de la inmigración en su “gran y hermosa” reforma fiscal, aprobada en julio. Se dedicará a aumentar las redadas que se han multiplicado por todo el país, así como la capacidad de detención, con la construcción de nuevos centros migratorios.

“Uno de los mayores cambios de la Administración de Trump ha sido el desplazamiento de la aplicación de las leyes de inmigración hacia el interior de Estados Unidos. Bajo la Administración anterior, el objetivo principal era reducir el número de llegadas a la frontera”, apunta Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute (MPI).

Ya en enero, el republicano cerró los pasos de entrada y la Patrulla Fronteriza (CBP), solo registró en septiembre 279 detenciones diarias, un 95% menos que el promedio diario durante el Gobierno de Joe Biden, según datos oficiales. Al trasladar a los agentes de inmigración al interior del país, Trump ha abierto la veda para la caza de migrantes.

Durante la Administración anterior se priorizaba la detención de los indocumentados que hubieran cometido delitos. También Trump anunció que se dedicaría a expulsar a los criminales, “lo peor de lo peor”, pero lo cierto es que el término indocumentado, bajo su mandato, ha pasado a ser sinónimo de delincuente. Solo el 35% de los detenidos por el ICE tiene antecedentes penales, en comparación con el 65% de octubre de 2024.

El balance numérico de detenciones puede que no convenza al presidente, pero ha alcanzado números récord. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, había 39.000 detenidos bajo custodia del ICE. A finales de agosto, la cifra llegaba a 61.000 y podría alcanzar los 107.000 en enero de 2026, según los datos del MPI. La media de septiembre, último mes del que hay datos, es de 1.178 arrestos por día, que aún quedan lejos de los 3.000 diarios que se ha propuesto el cerebro de la política migratoria de la Casa Blanca, Stephen Miller.

La proliferación de las redadas del ICE ha extendido el temor entre la comunidad migrante, que ha visto cómo los lugares que se consideraban “sensibles” y donde los agentes no podían intervenir, como las iglesias, las escuelas y los hospitales, han dejado de estar protegidos. Vídeos que muestran a los funcionarios deteniendo a padres que dejan a sus hijos en las escuelas, provocando el pánico entre los estudiantes, se han vuelto virales en las redes sociales.

Uno de los lugares más frecuentados por los agentes son las cortes de inmigración. Los funcionarios aprovechan la comparecencia de los migrantes que acuden a cumplir con sus controles periódicos para detenerlos. Lo que era una cita para seguir los requisitos legales impuestos desde la Administración, se convierte en una trampa fatal.

Objetivo: las ciudades demócratas

Las ciudades gobernadas por demócratas han sido el blanco de las mayores operaciones contra la inmigración. Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional para reforzar una supuesta crisis de delincuencia causada por los indocumentados en Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis.

En Chicago, los ciudadanos protagonizaron una de las mayores protestas contra los agresivos métodos de los agentes que participaron en las redadas de la llamada Operación Midway Blitz, en la que utilizaron hasta helicópteros Blackhawk para las detenciones. Los funcionarios federales lanzaron balas de pimienta y gases lacrimógenos contra los manifestantes que se habían concentrado frente al centro de detención de Broadview, un suburbio donde la mayoría de la población es negra y latina, para denunciar las condiciones en que mantienen a los detenidos.

En centros de detención como el de Broadview se hacinan niños, embarazadas, víctimas de abusos y migrantes sin ningún antecedente penal. Los detenidos y las organizaciones que los defienden denuncian las condiciones insalubres, la malnutrición, la imposibilidad de acceder a medicamentos y atención médica. Muchos duermen en el suelo, sin apenas ropa de abrigo, con luces intensas que no se apagan durante la noche y hacen imposible el descanso. Tampoco les permiten hablar con sus abogados o su familia, según las denuncias.

Las deficientes condiciones en que se mantiene a los detenidos han sido apuntadas como una posible causa de que en el año fiscal de 2025 hayan fallecido 23 personas bajo custodia del ICE, la mayor cantidad en 20 años. Varios familiares denunciaron que los fallecidos no padecían ninguna enfermedad cuando fueron detenidos.

Los centros del ICE no dan abasto para acoger a los detenidos, por lo que se han reabierto cárceles que estaban cerradas y levantado nuevas, como la controvertida Alligator Alcatraz, en Florida, sobre la que se han interpuesto demandas por tener a los presos en condiciones inhumanas y haber sido construida sin estudios medioambientales en una zona de humedales protegida. Pero la Administración tiene previsto crear más centros similares, para lo que va a destinar 45.000 millones de dólares. La falta de espacio para asimilar el aumento de los arrestos ha llevado a la Administración a recurrir a las dos mayores empresas privadas de prisiones, CoreCivic y Geo Group, grandes donantes a la campaña presidencial de Trump, para que gestionen centros donde alojarlos.

La reclusión en los centros es el proceso previo a la deportación. Una vez detenidos, es cada vez menos probable que los inmigrantes sean liberados. El porcentaje de personas liberadas bajo fianza, libertad condicional o supervisión disminuyó del 26% en octubre de 2024, al 3% en septiembre de 2025, según los datos del MPI. De hecho, el 90% de las personas detenidas por el ICE en septiembre de 2025 fueron deportadas directamente desde el centro de detención, en comparación con el 63% de un año antes.

Sin protección ante las deportaciones

Las asociaciones de defensa de los migrantes denuncian que las expulsiones se producen sin dar a los detenidos el debido proceso. Ya en marzo, Trump echó mano de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1889, para deportar sin proceso a El Salvador a más de 200 migrantes que consideraba miembros de las pandillas criminales latinoamericanas Tren de Aragua y MS-13.

Nunca se presentaron pruebas y muchos de los deportados, que fueron encerrados en el infame Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), carecían de antecedentes penales. Algunos, como el ya célebre Kilmar Abrego García, salvadoreño que mantiene una batalla legal con el Gobierno y se ha convertido en el símbolo de las deportaciones injustas, incluso contaban con protecciones judiciales que prohibían su deportación.

“Esto se ha convertido en una cuestión de democracia. [Trump] está utilizando sus políticas migratorias para socavar la democracia en Estados Unidos, desafiando órdenes judiciales e ignorando leyes aprobadas por el Congreso”, sostiene Barreto de la Universidad de California en Los Ángeles.

Además, para ampliar el espectro de personas deportables, el Gobierno ha eliminado legislaciones que concedían el estatus legal de residente permanente y permisos de trabajo a millones de personas. Entre otros, ha cancelado programas como el parole humanitario o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que se crearon para acoger a ciudadanos que huían de sus países por circunstancias como conflictos armados, desastres naturales, pobreza y crisis política. Cientos de miles de nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos han visto cómo, de un día para otro, han perdido la protección frente a lsa deportaciones.

Para aquellos que no pueden ser expulsados a sus países de origen porque no los aceptan, la Administración, con el beneplácito del Tribunal Supremo, los está enviando a terceros países como los africanos Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini, donde no se respetan los derechos humanos y de cuyos gobiernos no obtienen garantías de lo que les sucederá a los deportados.

La agresividad de la política migratoria que ha marcado los primeros 10 meses de Gobierno de Trump ha transformado completamente la vida de millones de migrantes, pero también la de los propios ciudadanos. “La política de control migratorio de la Administración Trump está afectando los derechos de los estadounidenses, como hemos visto en las detenciones, pero también ha cambiado la forma de vida: ahora llevan consigo documentos de identidad por temor a ser arrestados o detenidos“, asegura Bush-Joseph del MPI. ”Eso no era lo que la gente esperaba”.