La maquinaria de Estados Unidos para encontrar terceros países a donde deportar migrantes coge impulso

El Gobierno de Estados Unidos está impulsando su maquinaria diplomática para encontrar terceros países a los que deportar a los migrantes detenidos cuyos países no los aceptan. Con la autorización de Ruanda, anunciada el martes, son ya tres los países africanos que aceptan recibir a los expulsados, después de que Sudán del Sur y Esuatini lo hicieran. A ellos se suman otros seis países, principalmente de Latinoamérica, que han llegado a algún acuerdo con la Administración Trump para acoger a detenidos que no son sus ciudadanos en el marco de la que el presidente llama la mayor deportación de la historia.

“Está muy claro que hay un esfuerzo concertado por parte del Gobierno de Estados Unidos para aumentar lo más posible los lugares y las localizaciones a donde pueden deportar personas”, afirma Nicolas Palazzo, asesor de política de la organización de defensa de los refugiados HIAS.

El Gobierno asegura que son países seguros, pero conflictos internos y denuncias de organizaciones de derechos humanos, incluso informes del propio Departamento de Estado, revelan otra realidad. Torturas, desapariciones, abusos y represión son algunas de las acusaciones sobre los países donde se enviarán a los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

“No solo no son países seguros, sino que no brindan las protecciones procesales necesarias para las personas que huyen de la persecución o de la tortura, según el derecho internacional”, explica Palazzo.

Además de los que ya han aceptado recibir algunos deportados, funcionarios del Gobierno estadounidense han iniciado conversaciones con otros países. Es difícil predecir con cuáles se cerrarán nuevos acuerdos, porque las negociaciones se mantienen en secreto, pero ha habido conversaciones con varias decenas de Gobiernos de Europa, América Latina, África y Asia, según confirmó The New York Times al tener acceso a cables diplomáticos previamente no revelados y entrevistas con funcionarios.

La falta de democracia y la violación de los derechos humanos pesa sobre muchos de ellos. Entre los países que se han tanteado se encuentran Marruecos, Túnez, Togo, Mauritania, Tayikistán, Turkmenistán y Libia. Este último, por ejemplo, está asolado por un conflicto interno desde hace más de una década y, además, no ha firmado el acuerdo internacional de la Convención contra la Tortura.

Algunas naciones no han cerrado acuerdos para recibir ciudadanos de terceros países, pero sí han colaborado con las deportaciones. Es el caso de Uzbekistán, que aceptó un avión con más de un centenar de migrantes de Asia Central que luego serían enviados desde ahí a sus países de origen.

El impulso a las deportaciones a terceros países ha sido provocado por una decisión del Tribunal Supremo, que dio luz verde al Gobierno para que las reanudara por lo menos temporalmente después de que un juez federal las prohibiera. El alto tribunal permitió los vuelos a terceros países mientras se tramita el caso, lo que puede llevar meses.

Con la autorización del Supremo, se han retomado los envíos sin apenas notificación a los detenidos y sin un proceso previo. En muchos casos, no se ha publicado el nombre de los trasladados y ni sus familias saben su paradero. Los deportados llegan a lugares donde no conocen a nadie, no hablan el idioma y, en muchos casos, ni siquiera les otorgan un estatus legal adecuado para quedarse, por lo que quedan en un limbo jurídico o son enviados de nuevo a otro país.

Ruanda

En el caso de Ruanda, el Gobierno afirmó que a los 250 deportados que ha acordado recibir se les proporcionará capacitación laboral, atención médica y ayuda con el alojamiento. El país africano ya había intentado un acuerdo similar con el Reino Unido en 2022 que fracasó porque el Tribunal Supremo británico lo declaró ilegal. Durante las negociaciones, Londres pagó 380 millones de dólares al Gobierno ruandés que nunca recuperó.

Ahora, Ruanda recibirá a cambio de recibir deportados de Estados Unidos un pago en forma de subvención, según un funcionario del Gobierno que no reveló cuál será el monto, informó Reuters. Líderes occidentales y regionales han elogiado a su presidente Paul Kagame por transformar Ruanda de las ruinas del genocidio de 1994, que cobró la vida de más de un millón de personas, en una economía próspera. Sin embargo, grupos de derechos humanos lo han acusado de abuso de poder y de apoyar a los rebeldes en la vecina República Democrática del Congo.

Esuatini

Peor suerte se ha anunciado para los cinco deportados que llegaron a Esuatini, antigua Suazilandia, en julio. El Gobierno del pequeño país del sur de África afirmó que los hombres de Cuba, Jamaica, Vietnam, Laos y Yemen permanecerán en régimen de aislamiento hasta su repatriación, proceso que podría demorar hasta un año. Un abogado de derechos humanos de Esuatini ha llevado a las autoridades a los tribunales, alegando que a los detenidos se les niega la representación legal mientras se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Esuatini es una de las últimas monarquías absolutas que existen en el mundo. El rey Mswati III ha gobernado desde que cumplió 18 años, en 1986, y las autoridades bajo su mando están acusadas de reprimir violentamente los movimientos en favor de la democracia.

Un documento del propio Departamento de Estado estadounidense se refiere a los “informes creíbles” de violaciones de los derechos, que incluyen “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno”.

Sudán del Sur

Sudán del Sur fue el primer país africano que recibió migrantes de terceros países, a pesar de que atraviesa una de las crisis humanitarias más alarmantes del mundo y está sujeta desde hace años a niveles de violencia extremos. Aun así, a principios de julio, Estados Unidos envió a ocho hombres, entre ellos ciudadanos de Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam, al país del África Oriental. El viaje se alargó por el fallo del tribunal federal que prohibió el envío de los detenidos a terceros países, por lo que permanecieron durante unas seis semanas en una base militar estadounidense de Yibuti, en el Cuerno de África.

Pero antes de que estas naciones africanas acordaran recibir deportados de Estados Unidos, algunos países centroamericanos pactaron lo mismo en los primeros meses de la Administración Trump. El caso más conocido fue cuando en marzo el Salvador aceptó más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla criminal el Tren de Aragua a cambio del pago de casi cinco millones de dólares. Estos ciudadanos venezolanos fueron finalmente intercambiados en julio por presos estadounidenses —incluyendo el culpable de un triple asesinato en Madrid que estaba cumpliendo una condena de 30 años— y ya llevan varias semanas de vuelta en su país.

Además, Costa Rica, Guatemala, Panamá y México también han permitido el aterrizaje de aviones con ciudadanos de otros países. En la mayoría de casos, han sido vuelos puntuales que han generado mucho rechazo social en la población local al conocerse las condiciones en que los deportados estaban siendo detenidos y la práctica se ha detenido.

A México, sin embargo, han llegado miles de personas de otras nacionalidades. El Gobierno ha asegurado que son libres de quedarse o irse a sus países de origen y no ha habido demasiado revuelo al respecto. En el caso de Honduras, el país accedió a que desembarcaran detenidos venezolanos, pero fueron después trasladados a su país de origen.

La recompensa que obtienen los terceros países son diversas. Además de compensaciones económicas, el Gobierno de Trump negocia con el intercambio de prisioneros y favores políticos. Kosovo, por ejemplo, dijo que acogería hasta 50 personas a cambio de que Estados Unidos presionara a otras naciones para que lo reconocieran como Estado soberano —declaró su independencia de Serbia en 2008—. En otros casos, han funcionado las amenazas, aunque también ha habido quien, como el Gobierno de Angola, se ha negado a colaborar.