El Supremo de Estados Unidos autoriza la reanudación de las redadas indiscriminadas contra inmigrantes en California

Nueva victoria en el Supremo de Estados Unidos para la Administración de Donald Trump. El alto tribunal dio permiso este lunes para que los agentes federales continúen —al menos, temporalmente— con sus redadas indiscriminadas en Los Ángeles. La decisión contradice el criterio de una jueza que las suspendió de manera cautelar mientras decide sobre el fondo de una demanda interpuesta por organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes.

Fueron los seis votos de los magistrados conservadores del Supremo los que tumbaron la restricción del tribunal inferior. Este había concluido que las “patrullas itinerantes” realizan arrestos indiscriminados en Los Ángeles y prohibió a los agentes detener a personas por motivos de raza, idioma, lugar de trabajo o por la ubicación en la que se encontraran.

La jueza federal del distrito de Los Ángeles Maame E. Frimpong consideró que esas actuaciones policiales violan la Constitución estadounidense. Frimpong estudia la demanda interpuesta por, entre otros, varios ciudadanos estadounidenses arrestados en esos controles migratorios. Un tribunal de apelación le dio después la razón, y así fue como el caso, recurrido por el Departamento de Seguridad Nacional, acabó en el Supremo.

Esas detenciones indiscriminadas son, argumentó la Administración en su demanda, esenciales para llevar a cabo la agenda antiinmigratoria que Washington ha emprendido desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Esa agenda tiene tintes xenófobos.

Las medidas incluyeron en agosto el despliegue de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington, como parte de una campaña de combate del crimen, supuestamente desbocado según Trump, pese a que las estadísticas lo contradicen. En junio, su Administración desplegó a la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles.

La toma de Washington ha sido criticada por los demócratas, por los grupos de defensa de los derechos civiles y por los miles de vecinos que se manifestaron por las calles de la capital el pasado fin de semana. Ahora, el presidente estadounidense y los suyos sopesan continuar en otras ciudades: de Chicago a Nueva Orleans, y de Boston a Baltimore. La decisión del Supremo no impide que la demanda de los ciudadanos de Los Ángeles continúe su trámite en California.

El fallo del alto tribunal incorpora una opinión disidente, firmada por las tres juezas liberales, Elena Kagan, Ketainji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, y redactada por esta última: “Muchas personas en el área de Los Ángeles han sido detenidas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, por su acento y por el hecho de que se ganan la vida realizando trabajos manuales. Hoy, el tribunal somete innecesariamente [con esta decisión] a innumerables personas más a estas mismas indignidades”, escribe Sotomayor.

Sospecha razonable

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han afirmado que los agentes de inmigración se fijan en las personas porque sospechan de su presencia ilegal en Estados Unidos, y no por otros motivos. La opinión mayoritaria del Supremo, extraordinariamente breve, les da la razón.

Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente, escribe después: La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los funcionarios de inmigración a interrogar a cualquier extranjero o persona presuntamente extranjera sobre su derecho a estar o permanecer en Estados Unidos. Los funcionarios de inmigración pueden detener brevemente a una persona para interrogarla si tienen una sospecha razonable, basada en hechos específicos y articulables, de que la persona interrogada es un extranjero que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos.

La semana pasada, otro tribunal federal declaró ilegal el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles que el presidente estadounidense ordenó el pasado junio para labores de seguridad pública. El juez Charles Breyer consideró que esa decisión viola la ley que prohibió al ejército cumplir funciones policiales, y ha prohibido que los soldados desplegados participen en patrullas, detenciones, registros o en la gestión de disturbios y multitudes. La medida, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo día 12 de septiembre, para dar tiempo al Gobierno a apelar.

En aquel caso, la demanda demanda la puso el gobernador de California, el destacado demócrata Gavin Newsom. Para Breyer, el uso de las tropas federales para esas funciones equivale a crear “una fuerza de policía nacional que tiene como jefe al presidente”, lo cual viola la ley Posse Comitatus (1878), que prohíbe al Ejército desempeñar funciones de mantenimiento del orden.