Avión al “purgatorio”: así envía Trump a los migrantes deportados a un limbo sin ley

Esta historia se publicó originalmente en inglés en The Guardian.

Según las conclusiones de una investigación realizada por The Guardian, la Administración de Donald Trump está trasladando a inmigrantes por todo Estados Unidos de forma irregular y sin precedentes, lo que en la práctica supone hacer desaparecer a personas en un “purgatorio” que les niega derechos amparados por la Constitución.

Un análisis de datos filtrados sobre registros de vuelos y listas de pasajeros de Global Crossing Airlines (GlobalX), la compañía chárter que opera la mayoría de los vuelos de deportación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ofrece una mirada inédita a los tortuosos viajes de más de 44.000 inmigrantes detenidos o deportados por la Administración Trump.

Los datos filtrados fueron proporcionados al diario The Guardian, que ha verificado su autenticidad. Abarcan un periodo de unos 100 días, desde finales de enero hasta principios de mayo.

The Guardian revisó los vuelos de deportación de GlobalX así como datos gubernamentales sobre detenciones, y entrevistó a abogados, defensores de los derechos, exfuncionarios e inmigrantes que han pasado por el sistema. El análisis ha desvelado que GlobalX realizó más de 1.700 vuelos para el ICE, la gran mayoría de ellos entre aeropuertos nacionales de EE UU. La aerolínea transportó a casi 1.000 niños, entre ellos casi 500 menores de 10 años y 22 bebés.

Para muchos inmigrantes, las rutas fueron largas, con múltiples escalas y transbordos. Casi 3.600 personas fueron trasladadas repetidamente, obligadas a tomar cinco o más vuelos de GlobalX. Los inmigrantes también fueron trasladados entre centros de detención con más frecuencia que antes. El número medio de traslados por persona ha aumentado notablemente en los últimos seis meses, y algunos inmigrantes detenidos han sido trasladados hasta 10 o 20 veces.

Los detenidos fueron trasladados por todo Estados Unidos sin previo aviso, a lugares alejados de sus familias, comunidades y abogados, produciéndose aparentes vulneraciones del derecho constitucional al debido proceso. Los inmigrantes dicen que durante sus viajes se les ocultó repetidamente el destino al que se dirigían. Algunos afirman que los agentes de inmigración los amenazaron con trasladarlos a lugares lejanos y separarlos de sus familias si no aceptaban la deportación voluntaria.

“Resulta tan fundamentalmente inhumano”, afirma Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa jurídica. “La administración está utilizando el sistema para crear las condiciones más crueles posibles para las personas que se encuentran en él”.

Los inmigrantes son trasladados en vuelos fletados operados por diversos contratistas privados, así como en aviones comerciales, autocares y automóviles.

Pero quizás más que cualquier otra empresa de transporte, GlobalX, una aerolínea chárter con sede en Miami, se ha convertido en una herramienta crucial de la maquinaria de deportación de Estados Unidos, ya que operó más de la mitad de los vuelos de deportación del ICE en 2024 y 2025. La empresa, que inicialmente se promocionó entre equipos deportivos y bandas de rock que buscaban viajar a todo lujo, ahora obtiene la mayor parte de sus ingresos de su contrato con el ICE.

Fue la aerolínea que la Administración Trump eligió para trasladar a cientos de hombres venezolanos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que bloqueaba el vuelo. También fue la operadora de un infame vuelo de deportación a Brasil durante el cual varios pasajeros se desmayaron por el calor.

GlobalX no respondió a peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

Los manifiestos de vuelo filtrados de GlobalX proporcionan una de las visiones más detalladas disponibles sobre la escala y el alcance del plan de deportación masiva del presidente Trump.

Estados Unidos siempre ha trasladado a inmigrantes de un lugar a otro; lo más habitual es que, cuando un centro de detención alcanza su capacidad máxima, las autoridades trasladen a los detenidos a instalaciones con más camas disponibles. Pero el Gobierno de Trump está trasladando a inmigrantes con más frecuencia que antes.

Hay abogados que creen que en algunos casos, el Gobierno del republicano está trasladando deliberadamente a sus clientes a jurisdicciones en las que los jueces de inmigración son menos propensos a conceder el asilo, o en las que no se aplican las medidas cautelares que bloquean las políticas de inmigración de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que se informa en todo momento a los detenidos sobre sus traslados, y que se les permite ponerse en contacto con sus familias. “Las afirmaciones de que los traslados de detenidos se están ‘utilizando como arma’ o ‘siendo ocultados’ son también categóricamente falsas”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

“A pesar del número récord de requerimientos judiciales, el DHS está trabajando rápidamente y haciendo horas extras para trasladar a estos extranjeros desde los centros de detención hasta su destino final: sus propios hogares”, afirmó McLaughlin. “Todos los traslados se realizan conforme a directrices estrictas”.

Según los protocolos establecidos en 2012, el ICE debe minimizar los traslados de larga distancia y, en general, evitar alejar a los detenidos de sus familiares directos y abogados. El grupo American Immigration Council and Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN) han presentado una demanda para determinar si el ICE está cumpliendo con esas políticas o si se han modificado las normas de traslado.

Para los inmigrantes atrapados en el sistema, estos traslados caóticos pueden parecer un castigo diseñado para desgastar a las personas, afirma Faisal Al-Juburi, director de relaciones externas del grupo de asistencia jurídica Raíces. “Acabas en un estado continuo de incertidumbre durante un periodo de tiempo indefinido”, explica. “Las familias se ven sumidas en una especie de purgatorio”.

El avión hizo una parada, pero él nunca supo dónde

Andry José Hernández Romero, uno de los 252 venezolanos que Estados Unidos expulsó a la mega prisión más famosa de El Salvador, todavía está tratando de entender por qué y cómo acabó allí.

Había llegado a la frontera sur de EE UU en agosto de 2024, justo después de cumplir 31 años. Tras una evaluación inicial, las autoridades estadounidenses determinaron que Hernández Romero, un maquillador queer que había sufrido discriminación en su país natal, podría tener motivos válidos para solicitar asilo. Lo trasladaron a un centro de detención cerca de San Diego, California, mientras esperaba la vista para decidir sobre su caso.

Aproximadamente un mes después del inicio del segundo mandato de Trump, todo comenzó a dar un vuelco. En la madrugada del 8 de marzo, un funcionario le dijo que se preparara, que lo iban a trasladar. Cuando preguntó adónde lo llevaban, un funcionario respondió: “A un lugar mucho mejor”. No le dieron más detalles.

Primero lo trasladaron a Phoenix y luego lo subieron a un avión de GlobalX. Los registros filtrados muestran que el vuelo hizo escala, sin que sus abogados lo supieran, en Phoenix, luego en Las Vegas, luego en Seattle y finalmente en Harlingen, Texas.

Nada de esto tenía sentido. Hernández Romero tenía una cita para comparecer ante el tribunal de inmigración, en California, la semana siguiente.

A Lindsay Toczylowski, cofundadora del Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y abogada de Hernández Romero, le pareció extraño. Supuso que el gobierno lo llevaría de vuelta a San Diego para su cita en el tribunal. Pero llegó el día de la cita, y Hernández Romero no estaba. “Esto es muy inusual, pero en ese momento, el ICE no parecía tener ninguna información”, dijo.

Ella creyó que se trataba de un error burocrático. Era viernes y supuso que el gobierno reprogramaría la audiencia para el lunes siguiente.

Y, sin embargo, algo le sonaba raro. Ese fin de semana, los abogados de ImmDef llamaron al centro de detención al que Hernández Romero había sido trasladado y les dijeron que ya no estaba allí. “De hecho, nos dijeron que tal vez se había ido un ratito y que ya volvería”, dijo Toczylowski. “No sabíamos qué pensar de aquello”.

Mientras tanto, Hernández Romero comenzó a sospechar que los funcionarios a su alrededor le estaban mintiendo. Muchos de sus compatriotas, otros que habían sido trasladados al mismo centro de detención de Texas, también empezaban a sospechar lo mismo.

José Manuel Ramos Bastidas temía que lo enviaran a la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, donde el Gobierno estadounidense ya había enviado a un grupo de venezolanos acusados de delitos y de pertenencia a bandas criminales.

Bastidas había llegado por primera vez a Estados Unidos en marzo de 2024. En febrero de 2025, tras meses recluido en el centro de detención Stewart en Lumpkin, Georgia, fue trasladado a unas instalaciones del ICE en El Paso, Texas. Desde allí, llamó a su esposa y le pidió que grabara su mensaje para compartirlo con el público si le ocurría algo. “Me detuvieron simplemente por mis tatuajes. No soy un delincuente. Llevo aquí diez meses”, dijo. “Esto es solo por si me pasa algo... si siguen trasladándome a otro centro de detención”.

Unas semanas más tarde, lo trasladaron a un centro en Raymondville, Texas. Al principio, los funcionarios le dijeron que lo llevarían a México. “Al final, dijeron que haríamos una parada en Honduras y que luego seguiríamos hacia Venezuela”, cuenta.

En ese momento sintió una pizca de esperanza: tal vez, por fin, podría ver a su hijo de dos años, a su esposa y a su madre.

A bordo del avión, un Airbus A320 con 179 asientos, el personal pidió a los detenidos, que iban esposados, que no abrieran las persianas. “Pero pensamos que no pasaba nada, que íbamos a Venezuela, que ese era el objetivo”, dijo. Al menos, eso es lo que él y los demás se repetían los unos a otros, casi como para tranquilizarse mutuamente.

El avión hizo una escala, pero él nunca supo dónde.

Repostó combustible, despegó de nuevo y finalmente aterrizó. “Abrimos la ventanilla [las persianas] y vimos letras azules que decían El Salvador. Y vimos muchos, muchos policías y soldados, tanques, helicópteros, drones. Ahí fue cuando comenzó el terror”.

Durante los siguientes cuatro meses, Hernández Ramos, Ramos Bastidas y otros 250 venezolanos permanecieron aislados del mundo exterior. El Gobierno estadounidense nunca publicó la lista completa de todos los hombres que había condenado al centro Cecot, lo que dejó a decenas de familias sin saber si sus seres queridos habían sido enviados allí.

“El gobierno nunca había hecho algo así antes, llevarse a un solicitante de asilo y hacerlo desaparecer, enviándolo en avión a un tercer país”, dijo Toczylowski. “Nunca había visto algo así. Por lo tanto, no era algo que pudiéramos prever”.

Los grupos de derechos humanos y de asistencia jurídica se empezaron a dar cuenta de que cada vez era más difícil seguir el rastro de muchos de sus otros clientes. “Es realmente muy extraño, detienen a alguien, lo llevan a una celda de detención, lo mantienen allí durante siete días, lo cual es completamente indignante. Luego lo trasladan a Florida. Desde allí, lo llevan a Arizona y finalmente acaba en Texas”, dice Shebaya, del Proyecto Nacional de Inmigración. “Es como una carrera sin sentido, intentando seguir el rastro de la persona y averiguar cuáles son los motivos por los que la trasladan”.

Para los abogados, horas enteras buscando a sus clientes

Las personas detenidas por el ICE siempre han sido trasladadas entre centros, pero los traslados aumentaron en frecuencia después de que Trump asumiera el cargo. Un análisis realizado por The Guardian a partir de datos anonimizados sobre detenciones del Deportation Data Project, un grupo de académicos y abogados especializados en la aplicación de la ley de inmigración, ha desvelado que las personas que ingresaron en centros de detención del ICE entre septiembre de 2023 y enero de 2025, durante la Administración del expresidente Joe Biden, fueron trasladadas dos veces de media. Los inmigrantes que ingresaron en centros de detención del ICE desde el inicio de la segunda Administración Trump han sido trasladados con mayor frecuencia, una media de tres veces por persona.

Se ha convertido en algo habitual que los abogados de inmigración pasen varias horas al día tratando de localizar a sus clientes. Según ellos, las búsquedas en el sistema online de localización de detenidos del ICE —que tiene por objeto proporcionar información actualizada en tiempo real sobre el lugar donde se encuentran los migrantes— resultaban cada vez más inútiles. A menudo, el sistema era erróneo o estaba desactualizado.

En un momento dado, se registró que varias personas estaban detenidas en Washington D. C., donde no existen centros de detención del ICE. “En algún momento nos dimos cuenta de que algunas de ellas habían sido enviadas a Guantánamo”, dijo Shebaya.

Durante las redadas militarizadas en Los Ángeles en junio, abogados de ImmDef y otros grupos recopilaron una lista de unas 1.200 personas que fueron detenidas. Aún no han podido localizar a unas 400, según Toczylowski. “Tenemos todo un equipo que se dedica cada día a localizar a personas para poder comunicarnos con ellas, ofrecerles representación legal e intentar conseguirles ayuda”, afirma.

En ocasiones, según los abogados, el Gobierno de Trump ha trasladado a clientes a Estados y lugares donde los jueces de inmigración tienden a conceder el asilo en menor proporción, o donde es más difícil obtener recursos de hábeas corpus para impugnar las detenciones.

En algunos casos, cuando la Administración del republicano ha intentado utilizar procedimientos poco convencionales u oscuros para expulsar a inmigrantes, los abogados han presentado denuncias acusando al DHS de trasladar a las personas a distritos judiciales más propensos a ponerse del lado de la Casa Blanca. En marzo, el Gobierno utilizó una disposición de la época de la Guerra Fría para arrestar a activistas estudiantiles propalestinos y los trasladó rápidamente a centros de detención en Luisiana y Texas, lo que desencadenó una serie de batallas legales sobre qué jueces debían encargarse de los casos de los estudiantes.

En abril, un juez federal del distrito sur de Texas prohibió al Gobierno utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, para deportar a venezolanos acusados de pertenecer a bandas criminales. El ICE trasladó rápidamente a dos venezolanos de un centro de detención del sur de Texas a otro en el norte del Estado, donde la prohibición no era aplicable. Los abogados de la American Civil Liberties Union acusaron al DHS de “transportar” a los hombres a una jurisdicción más favorable.

Anteriormente, tampoco era raro que los inmigrantes que llegaban a la frontera sur fueran trasladados a centros de detención repartidos por todo Estados Unidos. Pero en junio y julio, el número de vuelos fletados por el ICE entre ciudades estadounidenses se duplicó en comparación con los meses anteriores, según los datos de vuelos recopilados por Tom Cartwright, un defensor de los inmigrantes que lleva casi seis años haciendo un seguimiento de los vuelos del ICE. “Hay mucho movimiento, y realmente se ha acelerado de forma significativa”, afirma Cartwright.

El DHS ha tomado medidas para arrestar a un número récord de inmigrantes y mantenerlos detenidos en lugar de liberarlos bajo fianza. Tras el aumento de las redadas en ciudades de todo el país, los funcionarios de inmigración se apresuran a encontrar espacio en el sistema para retener a los detenidos. “Es difícil decir en qué medida se debe a problemas de capacidad en los centros de detención y en qué medida a otras razones. Pero no creo que las cifras mientan en absoluto”, afirmó Cartwright.

Un destino “especialmente cruel”

Para los inmigrantes que se encuentran dentro del sistema, el caos es devastador. Cuando LW, una madre de 37 años, llegó a Estados Unidos en abril con su hijo de 10 años en busca de asilo, los agentes de inmigración le dijeron que debía regresar a China con su hijo o, de lo contrario, el Gobierno los separaría.

Intentó explicar a los agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego que había sufrido persecución política en su país y que tanto ella como su hijo podrían ser asesinados si regresaban. Fue en vano.

Ella y su hijo pasaron aproximadamente una semana en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durmiendo en una colchoneta en el suelo. No pudieron hacer ninguna llamada. “Sin contacto con el mundo exterior. Todavía no podía decirle a mi pareja que estábamos vivos”, declaró en una declaración jurada en su caso de inmigración, compartida con su permiso por sus abogados de Raíces.

Finalmente, los funcionarios le presentaron los documentos de deportación. Ella se negó a firmarlos. Dos días después, alrededor de las cuatro de la madrugada, según LW, los agentes la obligaron a ella y a su hijo a subir a un coche azul sin distintivos. Los llevaron al aeropuerto. “Según ellos, si no subía a ese avión, me llevarían en un avión militar de vuelta a China”, cuenta. “Se me encogió el corazón”.

Estaba desesperada y utilizó todo el inglés que pudo para defender su caso. Dice que la agarraron por ambos brazos y comenzaron a empujarla hacia la terminal. “Desesperada y aterrorizada por lo que pudiera pasar, me tiré al suelo”, dijo.

Finalmente, según cuenta, tras consultarlo entre ellos, los agentes volvieron a subir a LW y a su hijo al coche azul. Para entonces, según dijo, ambos estaban llorando, y los agentes les dijeron que cerraran la boca.

Dos días después, LW y su hijo fueron trasladados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde pudieron ponerse en contacto con los abogados de Raíces. Dos semanas después, LW desapareció del sistema de localización de detenidos del ICE.

Sus abogados se apresuraron a reconstruir lo que había sucedido. LW había sido trasladada a un centro de detención del ICE en Newark, Nueva Jersey, mientras que su hijo había sido enviado a un centro de acogida para menores no acompañados, gestionado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Los agentes le dijeron que la única forma de volver a ver a su hijo era regresar a China. “No podemos volver a China. Mi vida y la de mi hijo correrían peligro”, dijo LW. “Nos costó muchos sacrificios y asumimos muchos riesgos para poder escapar y llegar hasta aquí”.

Antes de que sus abogados pudieran reunirse con ella en Nueva Jersey, LW fue trasladada de nuevo, esta vez a El Paso, Texas. Y luego, otra vez, a Chaparral, Nuevo México. El equipo legal de LW en Raíces tardó 11 semanas en ponerse en contacto con ella. Ella y su hijo llevan ya 16 semanas separados.

“En base a todo lo que podemos ver, esto es un castigo... un castigo por no aceptar”, dice Al-Juburi, de Raíces. “El sistema está diseñado para que tú, como inmigrante, te rindas, para que seas más propenso a la auto deportación”.

El DHS defiende sus prácticas actuales. “Los padres que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos pueden tomar el control de su salida. A través de la aplicación Home App [de Aduanas y Protección Fronteriza], la Administración Trump está dando a los padres que se encuentran ilegalmente en el país la oportunidad de tomar el control total de su salida y autodeportarse, con la posibilidad de regresar aquí de forma legal y correcta y vivir el sueño americano”, dijo McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

Y luego añadió: “En lugar de separar a las familias, el ICE pregunta a los padres si quieren ser expulsados con sus hijos o si estos deben ser entregados a una persona de confianza designada por ellos”.

Abogados de inmigración de todo el país han dicho que a sus clientes les dan ultimátums, más que opciones reales. Durante las redadas de Los Ángeles, al menos cuatro mujeres embarazadas fueron detenidas y trasladadas a centros de detención en Florida, según Toczylowski, de ImmDef.

Otro de sus clientes fue detenido en Los Ángeles, delante de su hijo de ocho años, y trasladado en avión, casi inmediatamente después, a Tacoma, Washington. “Vi a su hijo llorando, destrozado”, recuerda. La familia permanece separada desde entonces.

“Parece que el objetivo es desesperar a las personas para que decidan no luchar por su caso, para que decidan que la forma más rápida de ver a sus hijos o asegurarse de no tener que dar a luz con grilletes es aceptar la deportación voluntaria”, dice Toczylowski. “Es particularmente cruel”.

Con información adicional de Raima Amjad.