Los vecinos de Newark que nunca dejan solos a los migrantes encerrados en Delaney Hall

Terri Suess está al volante intentando desesperadamente encontrar una furgoneta llena de migrantes que minutos antes partió de Delaney Hall. Conduce los 10 minutos que separan el centro de detención ubicado en Newark del aeropuerto internacional de Nueva Jersey, convencida de que la van tiene como destino una zona en el norte del aeródromo. Asegura que días antes persiguió otra furgoneta hasta allí y vio como subían a un grupo de migrantes a un avión. Pero este martes, no logra seguirles la pista: llega y no encuentra rastro del vehículo ni de los hombres que iban a bordo. “Mierda”, murmura. Frustrada y de vuelta a Delaney Hall, se suma al grupo de manifestantes que pasarán el día protestando por las detenciones de migrantes en este centro, como han hecho durante el último mes.

Suess empezó a protestar frente a la instalación de Newark —la ciudad más grande de Nueva Jersey y parte del área metropolitana de Nueva York— a finales de abril. Entonces ya se sabía que la apertura del primer centro de detención de migrantes de la segunda era Trump era inminente. Cuando a principios de mayo se confirmó la llegada de los primeros detenidos, pese a que el centro no contaba con los permisos municipales requeridos para operar, la profesora jubilada y organizadora comunitaria, que lleva más de 10 años trabajando por el cierre de cárceles como esta, sintió que debía que hacer algo más.

Se reunió con Kathy O’Leary, miembro de Pax Christi USA, el movimiento católico por la paz en Estados Unidos, y quien también lleva más de una década trabajando por los derechos de los migrantes de Nueva Jersey. Juntas decidieron lanzar un capítulo local de Eyes on ICE (Ojos puestos en ICE, siglas inglesas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Uniéndose así a un movimiento nacional de protesta contra la cruzada antimigración de la Administración Trump.

Desde entonces, se han convocado protestas, vigilias de oración y otras acciones frente al centro de Newark prácticamente todos los días. Más de 20 organizaciones comunitarias de todo Nueva Jersey se han sumado a la causa. O’Leary asegura que la movilización ha sido completamente orgánica: “La lucha por los derechos de los inmigrantes en Nueva Jersey tiene al menos tres décadas de antigüedad; todos nos conocemos. Tenemos redes de comunicación ya establecidas, así que ha sido fácil tirar de ellas para ponerlo en marcha”. Li Adorno, organizador del movimiento Cosecha, lo resume en una simple frase: “Ha sido una lucha del pueblo”.

Se han organizado turnos para garantizar que siempre haya gente protestando en el lugar. También publican los horarios en redes sociales para que se sume todo el que quiera. Los grupos varían en tamaño cada día; la mañana de este martes hay unas ocho personas. Parados en la acera frente a la entrada del centro, desafían al sol de junio que indica el principio del verano, sin ninguna sombra a la vista. Llevan pancartas que a menudo provocan bocinazos de simpatía y vítores de los conductores que transitan la zona.

Delaney Hall está ubicado en un área industrial, en la avenida Doremus, que corre paralela a la bahía de Newark. El centro queda a pocos kilómetros al norte del aeropuerto y el puerto de Newark. Por tanto, por la vía frente a la cárcel pasan cientos de camiones de carga al día, dejando una estela de humo gris y olor a diesel. La peste se vuelve sofocante cada ciertos minutos cuando el viento se levanta o cambia de dirección y se suman también los humos del centro de reciclaje de aceites usados y de la planta de tratamiento de aguas residuales situadas una manzana al sur. El mal olor es abrumador. Los manifestantes aseguran que salen enfermos de aquí, tras horas respirando esos químicos.

Pese a ello, vuelven cada día y están comprometidos a seguir protestando hasta nuevo aviso. Las manifestaciones llegaron a sumar 100 personas diarias cuando en la segunda semana de mayo se unió el alcalde de Newark, Ras Baraka, crítico feroz de la agenda migratoria de Donald Trump. El regidor, que es también candidato a la nominación demócrata como gobernador de Nueva Jersey en las primarias de este mes, había prometido hacer todo lo posible para que el centro se mantuviese fuera de servicio (llevaba cerrado desde 2017).

Baraka sostiene que el centro de unas mil camas operado por GEO Group —una empresa privada de prisiones que tiene un contrato con la Administración Trump por valor de 1.000 millones de dólares en 15 años— reabrió sin contar con un certificado de ocupación válido. Una vez que se empezaron a enviar inmigrantes al lugar, el alcalde se presentó a diario para exigir que se le permitiera el ingreso para inspeccionar las instalaciones. Se lo negaron, y el 9 de mayo fue arrestado cuando esperaba a las afueras de la cárcel por una delegación de congresistas del Estado que sí pudo entrar.

Baraka argumentó en una demanda federal presentada esta semana que su detención estuvo motivada por malicia política, no por justicia. En la demanda contra Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey, acusó a las autoridades federales de detención ilegal y persecución maliciosa, y a Habba de difamación. “Alguien debería hacerse responsable de lo que ocurrió”, dijo el martes tras presentar el pleito. “Es indignante y malintencionado que me esposaran, me arrastraran, me tomaran las huellas dactilares y la foto policial”.

Una lucha con una mirada nacional

Cuando la mañana del martes la furgoneta llena de migrantes parte del centro, los reunidos frente a Delaney Hall alzan sus pancartas y la voz. Gritan a los detenidos, difíciles de distinguir tras los cristales tintados del vehículo, que están aquí por ellos. Es imposible ver la reacción en sus rostros, pero es obvio que todos se giran para mirar al pequeño grupo de manifestantes. Algunos señalan y saludan de vuelta; uno de los protestantes comienza a llorar.

Para ellos, la lucha va más allá de cerrar Delaney Hall. Abogan por que no se construyan nuevas cárceles para inmigrantes y les preocupa lo que supondría la aprobación de la controversial ley fiscal del presidente. La legislación, ahora en el Senado, incluye 75.000 millones de dólares en financiación suplementaria a lo largo de cuatro años para que el ICE amplíe sus operaciones. Dentro de esos fondos, 45.000 millones de dólares serían destinados a ampliar la capacidad de detención de inmigrantes adultos y los centros para familias, lo que permitirá al ICE detener a más de 100.000 personas al día. Esto supondría un aumento del 800% en la financiación de la detención en comparación con el anterior año fiscal, de acuerdo a un análisis del National Immigration Forum, grupo sin ánimo de lucro de defensa de los inmigrantes.

“Si se aprueba ese dinero, se producirá una transformación tan profunda que ni siquiera reconoceremos este país”, asegura Suess, una de las organizadoras. “Esta es realmente una lucha para detener esta construcción masiva”.

Los manifestantes también han creado una red de apoyo para las familias de los detenidos que llegan al centro para visitar a sus seres queridos. Ofrecen acompañamiento para aquellos que no se atreven a entrar solos por miedo a las autoridades, o porque necesitan ayuda lingüística, ya que no manejan el inglés. Tienen juguetes para los niños que llegan con sus familiares y ropa y calzado para los visitantes a los que se les niega la entrada debido al estricto código de vestimenta del centro (no se permiten vaqueros rotos, zapatos sin puntera, etc.). También los conectan con representación legal y otros recursos.

Las organizaciones han podido averiguar a través de los familiares lo que ocurre dentro de la cárcel y detalles sobre algunos de los detenidos. “Sabemos que hay personas que han sido detenidas durante su entrevista para ajustar su estatus migratorio por haberse casado con un ciudadano estadounidense. Sabemos que están trasladando personas aquí desde lugares como Boston. Hay personas que vienen desde Massachusetts, Maryland, Pensilvania y Nueva York para visitar a sus seres queridos”, cuenta O’Leary, organizadora de Pax Christi USA.

“También hemos escuchado que las personas no están recibiendo su medicación, que pasan varios días desde que ingresan hasta que pueden volver a tomarla. Y cuando finalmente la reciben, no están seguros de que sea la misma que tomaban antes”, añade. Además, han recibido quejas de que la comida que reciben los detenidos “es terrible” y que no se les alimenta con frecuencia. “Hemos sabido de personas que reciben el desayuno muy temprano en la mañana, como a las 6 o 7, y luego no reciben la cena hasta las 10 de la noche”.

Las condiciones descritas coinciden con lo que otras organizaciones han encontrado en centros de detención a lo largo del país: atención médica insuficiente, comidas incomestibles, hacinamiento... “Los centros de detención son malos, pero los privados son siempre peores, y este es sencillamente terrible”, sintetiza O’Leary.