HRW denuncia el trato “abusivo” contra los 200 inmigrantes deportados de Estados Unidos a Costa Rica

Las deportaciones a terceros países realizadas por la Administración Trump han estado marcadas por la opacidad y el maltrato a los migrantes. El informe La estrategia es doblegarnos: La expulsión estadounidense de nacionales de terceros países a Costa Rica, de la organización Human Rights Watch, detalla el caso de un grupo de 200 inmigrantes que fueron detenidos en condiciones “abusivas”, y se les negó el derecho a solicitar asilo.

Los extranjeros, originarios de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Irán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen; estaban conformados por 119 adultos y 81 menores de edad. “Es reprensible abandonar a familias en un país que nunca eligieron, sin ningún proceso ni consideración por su seguridad”, expresó Michael García Bochenek, asesor principal de derechos de la infancia, en el comunicado enviado por la organización.

Hasta el momento, 100 de los migrantes regresaron a sus países de origen “en circunstancias que ponen en duda si sus decisiones fueron realmente voluntarias”, afirma el reporte. Otros seis escaparon del centro de detención migratoria costarricense, y 30 solicitaron asilo en el país centroamericano. Ningún Gobierno ha hecho públicos los detalles del acuerdo.

La falta al debido proceso

Human Rights Watch entrevistó a 36 de los inmigrantes afectados, y excepto dos, todos afirmaron que las autoridades estadounidenses les negaron la oportunidad de explicar por qué temían regresar a sus países de origen. Si bien la ley estadounidense permite la “expulsión acelerada” en algunos casos, las personas con temor de regresar deben ser sometidas a una entrevista de miedo creíble. No conforme con lo anterior, varias familias fueron separadas durante el proceso. En uno de los casos, una mujer de una extensa familia de Afganistán fue enviada a Panamá; su hermana, cuñado y sobrino de 14 meses terminaron en Costa Rica; mientras su esposo y hermano de 19 años permanecieron en Estados Unidos.

Hasta el pasado 23 de abril, los deportados estuvieron detenidos en el Centro de Atención Temporal de Migrantes, ubicado en la provincia de Puntarenas, a unos 300 kilómetros de San José. El motivo nunca estuvo claro: ninguna persona estaba acusada de ningún delito, todas ingresaron a Costa Rica con autorización del Gobierno y han tenido un estatus temporal válido durante su estadía.

La posición de Costa Rica

Las autoridades locales les informaron repetidamente a los migrantes en cuestión que sus únicas opciones eran regresar a sus países o viajar a otro que los acepte; pero el 26 de marzo, les notificaron por primera vez que podían solicitar asilo.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que Costa Rica “ha empañado su orgullosa historia de acogida de refugiados” con este caso. El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en buena parte lo confirma al mostrarse a favor de colaborar con la agenda migratoria de Trump para escapar a la amenaza arancelaria del republicano. “Estamos ayudando al hermano económicamente poderoso del norte, que si impone un impuesto en nuestras zonas francas, nos va a perjudicar”, declaró. El mandatario y otros funcionarios han afirmado que Estados Unidos está cubriendo los costos de la estadía de las personas expulsadas.

Como reparación parcial del daño causado por dos meses de detención arbitraria, Human Rights Watch considera que la nación centroamericana debería proporcionar “autorizaciones de trabajo, asistencia para la vivienda y, según sea necesario, capacitación laboral, clases de idioma y asistencia para la inserción laboral a todos los nacionales de terceros países que deseen solicitar asilo en el país”.