Más de 120 organizaciones exigen el fin de la complicidad de terceros países en las ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el Caribe
La coalición insta a denegar el acceso a bases y detener el intercambio de inteligencia con Washington para evitar más violaciones del derecho internacional
Una coalición global formada por 125 organizaciones hace un llamado público urgente a todos los Estados para que cesen de inmediato cualquier forma de ayuda, activa o pasiva, a la campaña de ejecuciones extrajudiciales marítimas de Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico. Desde septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a más de 175 personas a bordo de pequeñas embarcaciones en operaciones que la Administración de Trump califica como ataques contra “narcoterroristas”. El clamor internacional subraya un cambio de la condena directa a las acciones de Estados Unidos, para poner también a terceros países en el foco por su papel en estos ataques letales.
La coalición, que incluye grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias, defensores de políticas de drogas y grupos de veteranos, sostiene que estos ataques constituyen asesinatos bajo el derecho internacional. Los expertos legales y la sociedad civil afirman que, dado que las muertes ocurren fuera de cualquier conflicto armado reconocido y sin debido proceso, violan el derecho fundamental a la vida. Además, los objetivos suelen ser personas simplemente sospechosas de narcotráfico, lo cual no cumple con el umbral legal de una “amenaza inminente” o un “ataque armado” necesario para justificar el uso de fuerza militar letal.
“Estamos presenciando una continuación y una normalización realmente preocupante de estos ataques contra embarcaciones“, advierte Annie Shiel, directora para Estados Unidos del Center for Civilians in Conflict (CIVIC), la organización que impulsa este pronunciamiento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales o asesinatos, así de simple”. Shiel considera imperativo que los Estados que están permitiendo estos ataques ilegales entiendan que deben dejar de facilitarlos; de lo contrario, se arriesgan a enfrentar una responsabilidad legal bajo el derecho internacional.
Según este, un Estado puede ser considerado responsable si presta ayuda o asistencia que facilite la comisión de un hecho internacionalmente ilícito por parte de otro Estado. Las fuentes indican que Estados Unidos depende en gran medida de la cooperación en seguridad, el intercambio de inteligencia y el acceso a bases militares en la región para identificar y rastrear embarcaciones. Cualquier Estado que proporcione dicho apoyo logístico u operativo puede ser legalmente cómplice si tiene conocimiento de las circunstancias de los ataques.
El comunicado de la coalición subraya que, dada la naturaleza pública de la campaña estadounidense y la flagrante falta de justificación legal, los terceros Estados ya no pueden alegar de manera plausible “desconocimiento” sobre los riesgos asociados con su apoyo. Mientras que algunos socios de seguridad importantes, como el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y Colombia, habrían dejado de compartir inteligencia relacionada con estos ataques para evitar la complicidad, otros han profundizado su cooperación.
Informes recientes identifican a varias naciones que continúan brindando apoyo crítico. República Dominicana ha confirmado su cooperación, ayudando a localizar embarcaciones y otorgando a Estados Unidos un acceso ampliado a sus bases aéreas. Trinidad y Tobago también ha incrementado su asistencia, incluyendo la instalación de un nuevo sistema de radar estadounidense y permitiendo el tránsito de aviones militares. Además, la recién formada coalición Shield of the Americas (Escudo de las Américas) reúne a 17 Estados, incluidos Argentina, Costa Rica y Paraguay, en un esfuerzo liderado por Estados Unidos para coordinar la presión militar contra los cárteles, una medida que los críticos temen institucionalice aún más estas ejecuciones ilegales.
El impacto humanitario de estas operaciones está devastando a comunidades costeras locales. Las familias se quedan sin noticias de sus seres queridos y, en algunos casos, restos humanos han llegado a las orillas. La coalición advierte que la administración estadounidense ha señalado su intención de intensificar estos ataques, expandiéndolos potencialmente a incursiones terrestres, como ya ha hecho en Ecuador.
Los 125 firmantes representan un amplio alcance geográfico, con organizaciones de países como Albania, Brasil, Líbano, Nigeria, Tailandia y el Reino Unido. Entre los miembros destacados se encuentran Amnesty International, Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union (ACLU), junto con grupos especializados como el Veterans Action Council y el International Drug Policy Consortium. Esta diversidad refleja un consenso internacional creciente de que la “normalización” de estos ataques debe revertirse.
