María Eugenia Prendes, fiscal: “Defiendo preservar la identidad de las víctimas de violencia sexual”

En el despacho de María Eugenia Prendes hay silencio y mucho orden. Lo segundo tiene que ver con recolocar un espacio que ocupa desde mayo del pasado año, cuando fue nombrada fiscal de sala de Violencia contra la Mujer, y con la mudanza que llegará en pocos meses, a una nueva sede de la Fiscalía General del Estado. Prendes (Oviedo, 65 años) entró en la carrera fiscal en 1988. Primer destino: Sevilla. Estuvo allí dos años antes de pasar a San Sebastián, donde se especializó en justicia juvenil y de menores. Y en el 97 volvió a casa, a Asturias. En 2012 fue designada fiscal delegada de violencia en la autonomía y ahí trabajó hasta julio de 2024, cuando tomó posesión como fiscal superior de Asturias.

“Ni un año estuve”, recuerda. Y asegura que fue la única que, tras la salida de su antecesora, Teresa Peramato, la actual fiscal general del Estado, pidió ocupar la plaza de fiscal coordinadora de violencia machista, un cargo que “no es fácil”, pero “ha cambiado mucho en las dos últimas décadas”. Afirma que la evolución, sobre todo desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004, es obvia, en la sociedad y en las instituciones: “Todos hemos ido aprendiendo, con la práctica de la ley, con el trabajo diario”. Un trabajo que, reconoce este 18 de marzo por la tarde en la primera entrevista que concede desde su nombramiento, a veces tiene grietas. En ese momento, 13 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas desde que comenzó 2026. La lista se ha expandido este fin de semana con dos crímenes machistas. Un hombre asesinó a su expareja, de 42 años, en Zaragoza, y otro a su hija de tres años en Torrevieja.

Pregunta. En los 13 feminicidios desde que comenzó 2026, la proporción de mujeres que habían denunciado o los agresores con antecedentes es más alta de lo habitual. ¿Qué perspectiva tiene de esta situación?

Respuesta. Sabemos que el momento de la denuncia es uno de los más peligrosos y que hay un aumento tremendo del riesgo, y, a la vez, la denuncia es una de las puertas de entrada al sistema. A veces, lo que nos falta es una valoración forense urgente para, en las mejores condiciones posibles, decidir qué medidas son las más adecuadas para protegerlas. Y eso tiene que ver con que los recursos no están distribuidos de forma homogénea en las comunidades.

P. ¿Se refiere a las unidades de valoración forense integral?

R. Son ellas las que tienen que hacer esa valoración de forma rápida, sí, y tampoco están desarrolladas en todo el territorio. El sistema todavía no es perfecto. Luego hay casos impredecibles y otros en los que hay que ver qué pasó, qué recorrido siguió una denuncia, si la mujer se acogió a la dispensa a declarar… Las cifras son demoledoras, sí, pero somos uno de los países con las tasas más bajas de prevalencia de asesinatos. Se ha conseguido visibilizar la violencia, legislación y un Pacto de Estado en las dos últimas décadas. Ahora hay que aplicar lo que hay, desarrollarlo, dotar de medios todas las estructuras, estudiar de forma cada vez más profunda la violencia para ir más allá de conocer las cifras. En cualquier caso, hay veces que el sistema ha fallado a estas mujeres.

P. Antes hablaba de la dispensa, el derecho a no declarar contra un pariente cercano. ¿Considera necesario que se reforme para los casos de violencia machista?

R. Hemos ido avanzando: ya no pueden acogerse aquellas mujeres que se personan en un juicio y tampoco en los casos en los que hay menores, porque está en juego su protección. Debería haber una reforma, pero precedida del estudio de la situación. Porque hay cuestiones sobre las que reflexionar, por ejemplo, estar abocando a declarar a una mujer que realmente no quiere. En este sentido se habla, incluso, del derecho a la determinación de las mujeres. Yo no lo comparto. En los contextos de violencia hay tal vulnerabilidad que no se está en las mejores condiciones para protegerse a una misma. Pero no me atrevo a decir radicalmente que hay que prescindir de la dispensa; es algo a estudiar.

P. ¿Qué se puede hacer para reducir la cifra de víctimas que se acogen a esa dispensa, o incluso para que lleguen a denunciar aquellas que no lo hacen?

R. Haciendo siempre un acompañamiento óptimo y adaptando el procedimiento a ellas, que no vean como un territorio hostil el juzgado, el hospital o una comisaría de policía, que seamos capaces de no dar nada por supuesto, por ejemplo, explicarles todo lo que va a venir tras una denuncia. Quitarles incertidumbre, angustia y preocupación. También nosotros, jueces, fiscales, operadores jurídicos, suplir cuando se pueda su negativa a continuar un proceso que es verdaderamente difícil. Y que sepan siempre lo mucho que nos importa su testimonio, lo importantes que son sus declaraciones a la hora de protegerlas.

P. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en España asumen por ley desde octubre pasado la competencia en violencia sexual, ¿qué balance hace?

R. Tienen que asumir todos los delitos contra la libertad sexual y delitos como el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual, mutilación genital, delitos contra derechos y deberes familiares, el impago a la pensión. Se está asumiendo, pero hay mucha preocupación con que puedan surgir cuestiones de competencias entre las secciones de violencia contra la mujer y las secciones de instrucción, que eso a veces retrasa mucho los asuntos.

P. Los jueces de violencia ya hablaron de que se podía llegar al colapso y reclamaron refuerzos, ¿cómo se está adaptando la Fiscalía?

R. Se han puesto refuerzos en determinadas fiscalías y se acordó la creación de 200 plazas de fiscales y 500 de jueces. También habrá que reforzar el resto del personal del juzgado, pero creo que lo que más importa es empezar una dinámica distinta, cumplir con el mandato del Convenio de Estambul [el tratado internacional del Consejo de Europa, de 2011 y ratificado por España en 2014, que amplió el marco jurídico de la violencia de género para incluir la violencia sexual, la psicológica o el matrimonio forzado]. Tanto los jueces como los fiscales están preparados y lo hemos asumido como hemos hecho siempre, a veces con más voluntad que medios.

P. El Ministerio de Igualdad ha pedido al Poder Judicial y a la Fiscalía que las órdenes de alejamiento tengan un mínimo de 350 metros, ¿cuál es la respuesta de la Fiscalía?

R. La Fiscalía lleva años considerando un mínimo de 500 para que funcionen bien los dispositivos telemáticos, cuando se ha acordado incluirlos junto a la orden de alejamiento, y también para que sea posible una respuesta policial efectiva en caso de que ocurra algo.

P. Hay debate sobre si esto es siempre posible, por ejemplo, en municipios pequeños.

R. Si esto sucede, se le puede prohibir al agresor la entrada a ese pueblo. En Asturias, hay pueblos en los que te cruzas sí o sí. Lo siento, hay que buscar una solución: quien tiene que restringir su conducta es el investigado o condenado, no la víctima.

P. Igualdad también reclama que los agresores reincidentes no puedan eludir la cárcel con trabajos a la comunidad.

R. Desde 2018, las fiscalías tienen la indicación de optar siempre por la pena de prisión si el acusado tiene denuncias anteriores o quebrantamientos de medidas, aunque todavía no estén condenados, salvo que concurran circunstancias especiales que aconsejen lo contrario.

P. Algunos fiscales han advertido que hay que vigilar posibles cambios registrales de sexo de presuntos maltratadores con la clara intención de burlar la ley y de perjudicar a las mujeres víctimas, ¿es algo que les preocupa o es anecdótico?

R. Es más bien anecdótico, y ese fraude está previsto en la normativa. Cuando se produce, lo que hacemos es instar a la nulidad.

P. ¿Cuántas veces se ha hecho?

R. Desde que yo estoy aquí, junio de 2025, dos.

P. En los últimos meses se han sucedido casos de acoso y de violencia sexual muy mediáticos, con personajes conocidos, que se han archivado o las víctimas que primero denunciaron luego acaban desistiendo, en ocasiones, tras un juicio paralelo en la opinión pública. ¿Qué diagnóstico hace?

R. Lo que más me preocupa es la revictimización de esas mujeres, por muchos flancos. Soy partidaria de una reserva absoluta de la identidad de las víctimas, si es lo que ellas quieren, porque el daño que se causa no se puede cuantificar. Sobre ellas siempre pesa una presunción casi de culpabilidad. Por eso pensamos que las que salen son muy valientes, pero no puede ser que todo se ponga a las espaldas de las víctimas.

P. En el caso de José Ángel González, ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, supuestamente existe un audio del momento de la agresión. Si llega a publicarse, ¿la Fiscalía se plantea actuar?

R. Este caso está abierto y no quiero pronunciarme por respeto a mis compañeros. Pero si llegara a filtrarse con la intención de dañar, coaccionar, presionar para que se actúe de una u otra forma, hay que estudiarlo, sí.

P. La ley que regula los procesos de justicia restaurativa veta esta práctica en casos de violencia machista, ¿considera que debería revisarse?

R. El Convenio de Estambul veta el hecho de hacerlo obligatorio. Yo no soy partidaria porque tienes que partir de una posición de igualdad y eso es muy difícil en un contexto de violencia de género, pero pensando también en las víctimas, y en la respuesta que se les puede dar, es algo sobre lo que podemos reflexionar.