Igualdad pedirá a Justicia que mejore la protección de las víctimas en los casos con pulseras antimaltratadores

El pasado domingo, en Ibiza, un hombre de 34 años con una orden de alejamiento y una pulsera antimaltratadores entró en la casa de su expareja y comenzó a golpearla una y otra vez. Los primeros en llegar a esa vivienda en Sant Antoni fueron la madre, la hermana y el padre de ella, a los que el agresor también golpeó. Él fue detenido poco después por agentes de la Guardia Civil, los familiares fueron atendidos por contusiones, y ella, de 31 años, entró en la UCI, primero a la del Hospital Can Misses, en estado crítico, con diversos traumatismos y heridas, y después a la de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde lleva toda la semana bajo estricta vigilancia médica, aún en esa unidad de cuidados intensivos. La investigación determinará qué sucedió con el dispositivo de alejamiento: si falló o no. Igualdad, por el momento, afirma que funcionó correctamente. Pero señala un problema de base, la distancia impuesta en esa orden de alejamiento, que es la que marca la distancia a la que salta la pulsera: 100 metros.

En 100 metros, dicen desde el departamento de Ana Redondo, “la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen complicado llegar a tiempo de evitar agresiones”. Para este, como para otros muchos casos, explican que 350 metros “es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema”, el de las pulseras antimaltratadores. Y ese perímetro mínimo será una de las “recomendaciones” que este lunes Igualdad haga tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado.

No solo por esa agresión brutal el pasado domingo en Ibiza. Sino por toda la casuística alrededor de los asesinatos. Los que se han perpetrado desde que comenzó 2026, y en general los que se producen cada semana de cada mes de cada año. En ellos hay patrones que se repiten y que a veces tienen que ver con grietas en el sistema que hacen que no se garantice la protección a la que tienen derecho las víctimas tras haber denunciado.

El análisis de esas cuestiones relacionadas con las órdenes de alejamiento y las pulseras antimaltratadores ha hecho que el Ministerio de Igualdad haga al CGPJ y a la Fiscalía esa serie de recomendaciones “para mejorar algunas cuestiones que dificultan la efectividad de los dispositivos Cometa”. Desde el departamento de Redondo informan que serán enviadas el lunes y que estaba previsto hacerlo antes del último clúster de asesinatos machistas ―de las diez mujeres y dos menores en lo que va de año, la mitad han ocurrido en los últimos cinco días―.

¿La razón? Dejar por escrito algo que diversas fuentes confirman que se comunica verbalmente en las reuniones periódicas que tienen por los crímenes las distintas instituciones involucradas ―desde Justicia a Igualdad, Interior y las autonomías―, pero que luego no se hacen efectivas en las decisiones judiciales, ya que son los jueces quienes tienen que decidir si se pone o no una orden de alejamiento; si es que sí, de cuántos metros; y si en ese caso se activa o no junto a esa medida una pulsera antimaltratadores. Son dispositivos sobre los que desde el pasado septiembre hay un amplio debate por los múltiples fallos que presentaron tras el último cambio de adjudicataria, el 6 de noviembre de 2023, cuando la prestación del servicio de esas pulseras recayó en Vodafone y Securitas por 42,6 millones de euros.

Un mínimo de 350 metros

Ahora, con la licitación abierta para un nuevo contrato por 71,3 millones de euros durante 60 meses, Igualdad pide a Justicia una serie de modificaciones en diversas cuestiones. La primera tiene que ver con esos 350 metros mínimos en las órdenes de alejamiento.

Igualdad afirma haber identificado casos en los que los agresores tienen el domicilio dentro de lo que se llama área fija de exclusión en una orden de alejamiento, es decir, la zona que no pueden bajo ningún concepto traspasar, y que se delimita alrededor de las casas de las víctimas y de sus lugares de trabajo, que “incrementa el riesgo al que esta se ve expuesta, lo que refuerza la necesidad de una valoración judicial adecuada de estas situaciones”, y “provoca que, de manera continuada, se registren en el sistema [de las pulseras] eventos de entrada en la zona de exclusión, tanto móvil como fija”.

Esto, dicen, “además de poner en constante aviso a la propia víctima y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son notificados diariamente al órgano judicial, a la Fiscalía y a las Unidades de Protección de la víctima, lo que puede derivar en la consiguiente saturación de las salas operativas y un preocupante efecto disuasorio respecto de los avisos trasladados a la víctima y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Así, el lunes recomendarán “a los órganos judiciales a través del CGPJ que, para el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS, establezcan una distancia mínima de al menos 350 metros de las zonas fijas de exclusión, priorizando la necesidad de reforzar la seguridad y proteger a la víctima porque es la distancia mínima recomendada desde un punto de vista técnico”.

Otra a la que aluden es qué pasa cuando los inculpados hacen un mal uso de los dispositivos ―algo que en principio, según las cláusulas del contrato con las empresas que prestan el servicio, no deberían poder hacer― o incumplen las obligaciones que tienen cuando sobre ellos hay activa una de esas órdenes: “Los agresores tienen que saber que la respuesta será firme y que siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena, lo que no siempre se hace, además de [que se les pedirá] responsabilidad por los daños causados”.

Las zonas de baja cobertura

Y una última es sobre los “casos en los que el nivel de cobertura es deficiente en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima”; alegan que “si no hay cobertura, no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema [que no solo se conecta al operador que ahora mismo presta el servicio, Vodafone, sino a cualquier red disponible] y la adecuada protección a la víctima”.

Sabiendo esto, consideran “necesario subrayar que en determinados supuestos la utilización de dispositivos telemáticos puede no resultar la opción más adecuada para garantizar el control efectivo de la orden de alejamiento impuesta, cuando concurren circunstancias objetivas de cobertura deficiente que no pueden ser corregidas por medios técnicos”.

Creen “oportuno que estas situaciones puedan ser objeto de valoración judicial, a fin de determinar, caso por caso, si la medida resulta apropiada o si procede considerar otras alternativas que garanticen de forma más eficaz el control de la resolución judicial y la seguridad de la víctima”. Y afirman que “para facilitar en estos casos la toma de decisiones judiciales” van a trasladar “al CGPJ la información relativa a las zonas con cobertura deficiente”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.