El sistema de pulseras antimaltrato tendrá un nuevo mapa para mejorar el seguimiento en zonas rurales

El Ministerio de Igualdad va a actualizar el mapa de cobertura que utiliza para monitorear las pulseras antimaltrato, los dispositivos de control telemático para conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento. Con esta iniciativa pretende mejorar la cobertura sobre todo en zonas rurales. La unión temporal de empresas (UTE), responsable del sistema Cometa que monitoriza estas pulseras, será la encargada de actualizar el mapa de cobertura de los dispositivos. Además, tendrá que actualizarlo de manera periódica con todos los operadores nacionales del sector.

El Observatorio contra la Violencia de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó estas mejoras esta misma semana porque los fallos en la geolocalización de las pulseras son de las “incidencias más recurrentes”, según dijo la presidenta del Observatorio, Esther Rojo, en una entrevista con Europa Press. Una portavoz de Igualdad asegura por su parte que la iniciativa ha partido del ministerio.

El nuevo mapa incluirá además informes que serán trasladados a la Policía para facilitar “la plena colaboración institucional” contra la violencia machista, según la nota de Igualdad. También se dará cuenta del resultado de dichos informes al Observatorio de Violencia de Género del CGPJ para que, junto a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ―de la que depende el sistema Cometa―, lo difunda “a todas las autoridades judiciales”.

El sistema Cometa se creó para monitorear a los agresores machistas sobre los que pesa una orden de alejamiento. Se hace a través de unas pulseras que geolocalizan a ambos y avisan a las autoridades en caso de que el maltratados se acerque a la víctima. Sin embargo, la utilidad de estos dispositivos ha quedado en entredicho desde que en septiembre del año pasado se descubrieron fallos que provocaron que durante unos meses no se pudieran conocer los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024.

Las incidencias se produjeron porque el Ministerio cambio la empresa que las gestiona y se renovaron los dispositivos y algunas funciones del servicio, lo que provocó vulnerabilidades. Una de ellas fue precisamente que las zonas rurales quedaron más desprotegidas porque, al cambiar de proveedor, muchas de ellas quedaron sin cobertura, lo que provoca que las alertas tarden más en llegar a las víctimas y que la ubicación de los agresores sea imprecisa. El nuevo mapeo que ha anunciado el Ministerio trata de solucionar de manera provisional esa parte del problema porque, hasta mayo de 2026, el contrato con el actual proveedor sigue en vigor.