Teresa Peramato, una carrera dedicada a conseguir una justicia más feminista

El pasado 12 de noviembre Teresa Peramato Martín cumplió 63 años, lleva 35 de ellos en la carrera fiscal. Gran parte de su trayectoria la ha hecho desde un lugar que para ella es el único posible para intentar lograr un país más democrático: desde el trabajo judicial contra la violencia machista, por los derechos y libertades de las mujeres, los menores y los colectivos minoritarios.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en Madrid; formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer; después pasó dos años y medio por el Constitucional y desde 2021 y hasta enero de este mismo año fue la fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer. Estos meses ha ocupado el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Hoy, este martes 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, ha sido propuesta como nueva fiscal general del Estado.

Peramato se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, ciudad en la que nació y desde donde empezó la carrera fiscal en 1989. “No es dada a conformarse con lo que está ya hecho porque sí, sino con aquello de lo que está convencida que debería ser”, dice de ella alguna de las personas que ha compartido trabajo en las dos últimas décadas. El compromiso de parte de su carrera, y en su vida, no ha sido solo con los derechos de las mujeres, sino también con el de niños y niñas y los colectivos minoritarios, las personas más vulnerables. En 2013 escribió Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia, publicado por Thomson Reuters-Aranzadi.

Si Peramato es considerada una de las mayores expertas en el ámbito jurídico en violencia machista es porque ha estado dos décadas pisando juzgados. Cuando en 2005 se pusieron en marcha los primeros especializados en violencia de género, tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ella ya estaba allí, en los de Plaza de Castilla de Madrid.

Trabajó, mano a mano, con Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, quien muchas veces dijo que minimizar o despreciar el compromiso con la igualdad era la base de la violencia y, por lo tanto, “una enfermedad social injustificable”. Justo antes de ocupar ese cargo que Cazorla, que murió en 2015, ostentó durante una década, Peramato fue durante dos años y medio fiscal ante el Tribunal Constitucional, algo que, en una entrevista en este periódico, explicó que le había dado un bagaje aún más amplio en derechos fundamentales.

Todos esos metros de salas recorridas y horas con compañeras como Cazorla y diversos lugares en la carrera fiscal y “su capacidad de observación y análisis y estudio” han hecho de Peramato “alguien capaz de integrar una visión holística de la realidad que hasta ahora nunca ha tenido la Fiscalía General del Estado”, afirma una tercera fuente, refiriéndose a la perspectiva feminista y de infancia.

En la comunicación que ha enviado a primera hora de esta mañana el Ministerio de Justicia se apuntaba a que Peramato “tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”. Y lo tiene, dicen fuentes cercanas a su ámbito, “en parte porque no es alguien que se quede en la superficie”, y “en parte porque es alguien que trabaja y trabaja, analiza, pondera y toma decisiones basándonos en ello”. Por todo ello, la que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales ha sido condecorada con la Orden del Mérito Policial (2010), la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2016) y un día como hoy, en 2021, una Menina, los premios que da el Ministerio de Igualdad como reconocimiento a la lucha contra la violencia de género.

En los últimos años, Peramato ha puesto sobre la mesa diversas cuestiones para cumplir “con el mayor rigor posible” con su trabajo: la protección de las víctimas de violencia machista, mujeres y menores. Por un lado, el reconocimiento de los fallos que tiene el sistema; y la petición de formar a todos los operadores jurídicos, incluidas las fiscalías, en violencia de género y, de forma específica, sexual. Además, la próxima fiscal general propuso cambios en el sistema. En 2022 pidió que en casos de violencia sexual las víctimas tengan garantizado el acceso, siempre, a la prueba preconstituida, es decir, que cuando se le tome declaración sea grabada antes del juicio para que sea ese archivo el que se incorpore al juicio y las víctimas no tengan que declarar una y otra vez, volviendo a revivir la violencia y evitando lo que en estos procesos se denomina revictimización.

Un año después sugirió que en los comités de crisis ―las reuniones entre Igualdad, Interior, Justicia y las distintas comunidades autónomas cuando se producen cinco o más asesinatos machistas en un mes― se estudiaran no solo los asesinatos machistas, sino las tentativas frustradas para detectar, prevenir y proteger mejor a las víctimas. Y siempre ha insistido en que el trabajo de las instituciones para con las mujeres. “La asistencia a las víctimas, no debe acabar con la sentencia condenatoria”, sino hasta que las mujeres se recuperen de la violencia sufrida.

Quienes la conocen aseguran que le costó tomar la decisión de dejar la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer para ocupar el cargo en el Supremo, pero también supo que desde esa posición podía integrar la perspectiva de género e infancia, o al menos intentarlo. La próxima fiscal general lleva años trabajando desde la convicción de que la Justicia no estará completa sin la perspectiva feminista, la que otorgue al trabajo judicial el conocimiento de la realidad de las mujeres, de la violencia que sufren, y que constituye uno de los mayores problemas estructurales de sociedades de todo el mundo.