Las mujeres cuestionan la versión de la Junta sobre los cribados: “Si no me presento en el hospital, no sé si me hubieran llamado”

Dos semanas después de que estallara el escándalo por los retrasos en el diagnóstico de los cribados de mama, el Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha explicado dónde está el fallo que ha sumido en la incertidumbre a miles de mujeres que no han recibido el resultado de su mamografía, y que hasta ahora creían que estaban sanas, y en el desasosiego a las que han constatado que se les ha desarrollado un tumor sin haber sido notificadas de que el resultado de su prueba era dudoso.

Hasta ahora la Junta de Andalucía ha acotado el problema a 2.000 afectadas y ha perimetrado su alcance al hospital sevillano del Virgen del Rocío, donde se concentra el 90% de los casos. Pero los testimonios que ha recopilado este diario y los que han llegado a las asociaciones y despachos de abogados que han activado plataformas para canalizar cada uno de los trances de las posibles perjudicadas, cuestionan la versión de la administración autónoma.

Es el caso de Sandra Gil, una malagueña de 50 años que durante el año vive alejada de su familia en Jerez de la Frontera, donde es jefa de estudios de un centro de Secundaria. Ella se hizo una mamografía, dentro del programa de prevención, el 30 de julio en el centro de salud de Málaga. “Me dijeron que si no me llamaban me podía ir tranquila”, cuenta en conversación telefónica. No recibió ninguna comunicación y su vida transcurría plácida hasta que la semana pasada vio la noticia de los cribados. El pasado jueves se le ocurrió por mera curiosidad meterse en la aplicación Click Salud, donde se puede consultar online el historial médico, y constató que se encontraba en la categoría BI-RAD 3 ―cuyo diagnóstico no es concluyente― y que requería por parte del radiólogo de pruebas complementarias. “Imagínate cómo me sentí”, relata. Llamó al centro de salud donde le hicieron las pruebas, le reconocieron que le tendrían que haber llamado antes, le dijeron que acudiera al Materno Infantil de Málaga, donde la derivaron al Clínico. Allí le indicaron que acudiera a su médico de cabecera para que le explicara la situación.

Este jueves presentó una reclamación al hospital, la llamaron horas después para informarle que, de acuerdo con el nuevo plan de choque, iba a poder realizarse otra prueba el próximo 12 de noviembre en un centro de salud de Málaga. Esta fecha se antoja para ella una eternidad que acelera una incertidumbre para la que ha empezado a tomar medicación. Su pesadilla ilustra que no todos los casos se circunscriben al Virgen del Rocío, pero que tampoco se ha llamado para la revisión a todas las mujeres afectados por el retraso en el diagnóstico de sus cribados. “Se supone que yo estoy dentro de las 2.000, pero si no llego a presentarme en el hospital, no sé si me hubieran llamado”, se lamenta.

Este viernes, el consejero de la Presidencia y desde ayer consejero interino de Sanidad, Antonio Sanz, seguía insistiendo en que este viernes habían concluido las llamadas a las 2.000 mujeres afectadas y que el análisis de lo sucedido indica que el 90% de los casos se concentran en el Virgen del Rocío. La Junta se apoya en que la revisión del último protocolo, de 2011 ―y que a su vez es una tercera versión de una primera, de 2003 y una segunda de 2005—, elimina la obligación de informar a las mujeres cuyo resultado es inconcluyente ―en general todas las categorías BI-RADS 3—, pero no termina de explicar por qué, si ese protocolo se aplicaba en todos los centros hospitalarios, solo el Virgen del Rocío aparece como el epicentro del problema.

“La obligación de cualquier médico en cualquier prueba, ya sea analítica, radiología, un escáner… es la de remitir el resultado a los pacientes”, advierte Damián Vázquez, abogado colaborador de la Asociación Defensora del Paciente, la primera en interponer una demanda ante la Fiscalía por el escándalo de los cribados, y que cita la ley general de sanidad y la de autonomía del paciente como la normativa de referencia que reconoce su derecho a ser informados de los resultados de su pruebas y a tener acceso a su historial médico. “El protocolo es una guía que no está por encima de la ley”, precisa.

“Es cierto que el Programa de Cribado de Cáncer de Mama sufrió una modificación técnica en 2023–2024 y ello por la digitalización del sistema informático, sin embargo, no se suprimió el deber de seguimiento de resultados ni el plazo máximo de resolución diagnóstica”, abunda José Antonio Sirés, cuyo despacho de abogados, también especializado en demandas contra el SAS, ha abierto una plataforma para ayudar a las mujeres víctimas de los cribados.

El Gobierno de la Junta descarga en esa tercera versión buena parte de los errores de los fallos en el programa de prevención. Se apoyan en que, a diferencia de la de 2005, en la que para el caso de “lesión dudosa, sospechosa o no concluyente” (la categoría BI-RADS3) se establece un plazo de 30 días como máximo para el “tiempo de valoración adicional”, en la última se establece que el proceso de derivación podrá posponerse hasta “que se realice una segunda lectura o hasta un plazo máximo configurable” que no se precisa. El PSOE, como Sirés, alega que el protocolo de comunicación vigente sigue siendo el de 2005 y que en la propia web del SAS se indica que las mujeres deben ser informadas de los resultados de sus pruebas, sin especificar si estos son lesivos o no.

Ni la versión de 2011 ni en la de 2005 —que es la que citó el presidente Moreno para justificar sus palabras― recogen tampoco que la decisión de no informar a las mujeres cuyo diagnóstico no era concluyente se fundamente en no generales más “ansiedad”.

“Cuando hay una cosa no concluyente, la respuesta tiene que ser lo más rápida posible, porque esta persona ya está en alerta y si después de realizarse la mamografía se le dice que tiene que repetirla, el efecto es menor, porque en fondo ya sabe que puede haber un resultado que no sea bueno”, indica Tania Estapé, vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Psicooncología y vocal de Psicooncología de la división de Psicología de la salud del Consejo General de Psicología. La experta advierte sobre los efectos negativos de informar a una mujer meses después. “Añade perplejidad, porque puede llevar más de seis meses o un año tranquilísima porque no le han llamado, sobre todo con la importancia que tiene el tiempo en estos casos”, señala.

Esa angustia que, según Moreno, es la que se pretendía evitar al posponer la comunicación de los resultados, es la que sufre Vicenta González, una mujer de 53 años de Málaga, desde que se hizo una mamografía el 24 de febrero de este año. “No me informaron del resultado, pero en junio me noté un bulto, fui al médico de cabecera y cuando mi doctor miró el historial se le descompuso la cara: ‘En febrero encontraron un hallazgo, es muy raro que no se hayan puesto en contacto contigo’, me dijo”.

A partir de entonces todo fue rápido y el 13 agosto la operaron, pero desde entonces tiene el corazón encogido: “¿Qué hubiera pasado si me hubiera esperado a la revisión anual?”, se pregunta. Cuando escuchó a Moreno en la televisión decir que el problema no era de todo Andalucía, sino de una parte del Virgen del Rocío, decidió sumarse a la demanda que prepara Defensora del Paciente. “Esto está ocurriendo en todas partes”.

Fuentes del Gobierno tratan de explicar que el protocolo ha provocado más problemas en el hospital de referencia sevillano que en otros porque en los demás el período entre el primer cribado y la segunda llamada es relativamente corto, mientras que en el caso del Virgen del Rocío se tarda más de cuatro meses. Los testimonios de Sandra y Vicenta cuestionan esta explicación.

También el de Rosa María Hornero, una mujer de 60 años a la que el 10 de enero de 2020 llamaron del Juan Ramón Jiménez de Huelva para informarle de que en la mamografía que se había realizado el 4 de julio del año anterior (siete meses antes) habían detectado algo sospechoso. Finalmente resultó ser un tumor del que, afortunadamente, se ha recuperado. “Puse dos reclamaciones, en la primera me dijeron que las sospechas no tenían por qué ser determinantes de cáncer, en la segunda, que el problema era por falta de radiólogos. Esto era en 2020, no pueden decir que no lo sabían ni que es solo un problema del Virgen del Rocío”.

Su caso ha sido denunciado por la Asociación Huelva Unidos por una sanidad pública de calidad que ha recogido testimonios similares de decenas de mujeres onubenses. Facua, que también ha organizado una plataforma que ya aglutina a 60 afectadas y tiene documentación de mujeres de Almería, Huelva o Jaén. “Hay problemas en absolutamente todas las provincias, hay falta de radiólogos, hay falta de comunicación en todas las especialidades de los hospitales, no se estaban comunicando por esa falta de medios, por esa falta de coordinación entre radiólogos, entre la unidad de mamas, entre los propios cirujanos, en definitiva, un descontrol”, opina sobre el verdadero origen del fallo que la Junta no detecta el abogado Damián Vázquez.