Cronología de la crisis de las mamografías: la Junta de Andalucía reacciona año y medio después de conocer los primeros casos

Moreno Bonilla ha tomado este miércoles una decisión drástica para intentar atajar la grave crisis del cribado del cáncer de mama. En una comparecencia de prensa este miércoles a las 20:30 ha confirmado haber aceptado la dimisión de Rocío Hernández, la consejera andaluza de Salud. Hernández ha tardado ocho días en marcharse desde que se tuvo conocimiento público del escándalo de los cribados que afecta a 2.000 mujeres. “En los últimos días han salido a la luz testimonios de mujeres que se habían hecho una prueba y no tenían noticias de su resultado”, ha dicho Moreno Bonilla. “Ante esta incertidumbre ordenamos una investigación”. Pero lo cierto es que, la Junta tuvo conocimiento de los primeros casos de la crisis hace ya año y medio.

En enero de 2024, a Lola, una paciente de cáncer, le dieron una cita en el Hospital Virgen del Rocío para ser operada tres meses después. Le dijeron que tenía suerte, porque a otras mujeres con diagnóstico dudoso ni siquiera les habían avisado todavía. En febrero, Manuel Jiménez, el abogado de la Asociación de Mujeres víctimas de cáncer (Amama), presentaba una denuncia ante el Servicio Andaluz de Salud porque su cliente había acudido al hospital pensando que se iba a someter a un cribado rutinario cuando en realidad se trataba de una biopsia, de la que no le habían informado porque no le comunicaron el resultado de la primera prueba que se había realizado un año antes.

Ese mismo mes, otra paciente de un municipio del Aljarafe sevillano presentaba otra denuncia por no haber sido informada de una lesión dudosa después de un screening, que tras haber acudido motu proprio al centro hospitalario sevillano de referencia, acabó costándole la amputación de un pecho. “El Servicio Andaluz de Salud tenía constancia de problemas con los retrasos en los diagnósticos de los cribados, pero no ha hecho nada hasta año y medio después en el que se saca de la manga un plan de choque que es cuando menos insuficiente porque las mujeres tendrán que esperar hasta dos meses en ser revisadas”, zanja el letrado sobre la solución que presentó este martes la Junta de Andalucía a un problema que en estos meses ha derivado en un escándalo, cuyas consecuencias aún no se pueden calibrar.

Las primeras denuncias de casos particulares afloraron, al menos, a principios de 2024, de acuerdo con la recopilación de testimonios que han ido conociéndose desde que la Cadena Ser destapara el angustioso limbo en el que se encontraban las mujeres que no habían recibido comunicación por parte del SAS de que el resultado de su cribado de cáncer de mama no era concluyente. En verano de ese mismo año la presidenta de Amama, Ángela Claverol, se reunía con la que entonces era consejera de Salud, Catalina García, y le trasladaba también los retrasos en los diagnósticos que estaban detectando. “También le pedimos que se ampliara el cribado y en eso sí nos atendió”, puntualiza Jiménez.

Sobre la advertencia de los fallos en el programa de detección precoz no hubo la misma receptividad. Desde entonces y hasta que la semana pasada salieron a la luz los testimonios de las mujeres afectadas, Amama no recibió ninguna comunicación ni llamada interesándose por sus denuncias, ni la Consejería de Salud puso en marcha ninguna medida correctora. Hace siete días, la actual consejera, Rocío Hernández, en el cargo desde finales de julio de 2024, afirmaba que ninguna afectada ni ninguna asociación de pacientes se había dirigido al SAS para informar de esos retrasos. “Realmente, cuando ha salido a la luz esta cuestión de los diagnósticos no concluyentes, de los protocolos, de las llamadas no realizadas, ha sido recientemente. En el momento en que se ha conocido, nos hemos puesto a trabajar desde el minuto uno”, ha corroborado este martes la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, al ser preguntada sobre por qué la Administración había tardado un año y medio en aplicar el plan de choque. El propio Moreno reconocía estos días que a él la información le “había llegado tarde”.

“La Junta ha optado desde el principio por negar el problema o por minimizarlo”, se lamenta el abogado de Amama, que recuerda las explicaciones contradictorias que dio la consejera tras conocerse los primeros casos. El 1 de octubre, Hernández los circunscribió a “tres casos puntuales”, un día después, el SAS reconocía que 2.000 mujeres podrían estar afectadas por lo que se definía como “fallos en la comunicación”. Unos errores que, una semana después, no se han identificado, según ha confirmado la portavoz del Gobierno andaluz.

Del plan de choque anunciado podría intuirse que una de las principales causas es la falta de profesionales, en concreto radiólogos, para analizar los cribados. El corazón de la iniciativa contempla la contratación de 119 nuevos facultativos, 65 de ellos especialistas en radiología y 18 técnicos especializados en radiodiagnósticos, que pasarán a reforzar las unidades mamarias hospitalarias, en especial la del Virgen del Rocío, el hospital en el que se concentran, según la Junta, el 90% de los casos afectados por los retrasos, es decir, 1.800 de las 2.000 mujeres que se encuentran en el limbo por la crisis de los cribados.

“¿De dónde van a salir 60 radiólogos?"

Fuentes sindicales indican que el responsable de radiología de ese centro hospitalario les reconoció que el principal problema de los retrasos se debía no solo a la falta de radiólogos, sino a la de radiólogos formados en la detección de cáncer de mama. Andalucía es la comunidad con menos radiólogos de España, 7,2 por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,15 de la media nacional. La portavoz del Gobierno ha reconocido esa carencia de este tipo de profesionales, pero ha eludido centrar en ellos el origen del escándalo de las mamografías.

Pero esa escasez es la que hace que los sindicatos sean muy escépticos con la efectividad de ese plan de choque. “¿De dónde van a sacar a los radiólogos si la bolsa de radiólogos está vacía?”, se pregunta Antonio Macías, responsable de Salud de UGT-Andalucía. El representante de los trabajadores también se cuestiona por qué no se han contratado antes esos profesionales y por qué no se refuerzan para el resto de categorías. Desde CC OO Andalucía, Daniel Gutiérrez, recela de que esta contratación no sea más que ”un parche para salvar a la consejera” y, como su compañero, reclama más fondos para la sanidad pública, frente a los conciertos con las empresas privadas.

Macías también cuestiona que estos 119 profesionales vayan a trabajar durante las tardes y los fines de semana ―tal y como se estipula en el plan de choque—, pero no se amplíen esos turnos para el resto de los compañeros que trabajan con otras pruebas diagnósticas que también sufren retrasos. Con este redoble de su actividad, la Junta pretende que las 2.000 mujeres cuyo diagnóstico es dudoso puedan ser llamadas y atendidas antes del 30 de noviembre. “En las próximas siete y ocho semanas todas tendrán su revisión”, ha enfatizado España.

Este período que para la Junta puede parecer corto, para Amama se antoja una eternidad. “Es una auténtica bestialidad, aquí vamos todos los días al tanatorio”, sostiene su abogado, que se lamenta de que desde que saltó la denuncia pública hasta hoy “han pasado 10 días en los que no se ha hecho nada”. Desde la Junta se alega que en estos días se ha estado llamando a todas las mujeres afectadas, un proceso que se espera terminar este mismo viernes. Las fuentes sindicales del Virgen del Rocío consultadas, el hospital con más afectadas, indican que en este tiempo la unidad solo se ha reforzado con un radiólogo, que se ha derivado de otro servicio, un enfermero y un administrativo.

El plan de choque también incluye una modificación del protocolo del programa de prevención, de 2011 y que es una tercera versión del original de 2005. En este documento descarga el Gobierno de Moreno parte de las razones por las que justifica que no se haya comunicado a las mujeres que su resultado en el cribado no era concluyente.

A diferencia del primer escrito, en el que se establecían tiempos de respuesta obligatorios tras la realización de la prueba ―15 días para analizar la mamografía desde su realización, 30 para comunicar los resultados y 15 o 30 días para contactar con las beneficiarias, en función del resultado de la prueba, ya fuera benigno o maligno―, en el actual no se establece un criterio claro para el caso de los resultados dudosos, una redacción que desde la Junta se interpretó como que no obligaba a informar hasta que se llamara a la segunda prueba para no generarles “ansiedad”. Desde el PSOE se alega que el protocolo de comunicación vigente sigue siendo el de 2005 y que en la propia web del SAS se indica que las mujeres deben ser informadas de los resultados de sus pruebas, sin especificar si estos son lesivos o no.

El responsable de radiología del Virgen del Rocío reconoció a los responsables sindicales que se reunieron con él que el hospital no estaba informando a las mujeres de los diagnósticos no concluyentes -si bien en el caso de las lesiones graves se hace con una media de 11 días-, lo que vendría a avalar la afirmación de la Junta de que el 90% de los casos se concentran en ese hospital. Pero el abogado de Amama advierte de que a la asociación han llegado correos y documentos que no se circunscriben solo a la provincia de Sevilla. La propia portavoz del Ejecutivo andaluz ha reconocido que el otro 20% de los casos se encuentran en Málaga y Jerez de la Frontera.

Esa documentación es la que está analizando Jiménez para iniciar las acciones legales en nombre de las mujeres afectadas por el escándalo de las mamografías. La Fiscalía ya tiene en su poder las presentadas por la asociación Defensora del Paciente, por dejación de funciones del SAS, y las de IU y Adelante Andalucía que van por la vía penal y acusan a la actual consejera y a sus predecesores de presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, dejación de funciones y omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

Pese al trance de verse denunciados por mujeres víctimas de cáncer, la Junta insiste en que su principal preocupación es dar una solución a un problema “que nunca debió ocurrir”. Pero los sindicatos, que han llamado la atención sobre el colapso en todas las pruebas diagnósticas, advierten: “Esto no es un plan de choque, es un lavado de imagen, pero seguro que aparecerá otro problema, porque el sistema está cogido con pinzas”.