Las mujeres afectadas por cáncer de mama denunciarán al Gobierno andaluz por el escándalo de los cribados

La presidenta de la Asociación de mujeres andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama), Ángela Claverol, ha confirmado esta mañana que van a presentar una demanda colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en los diagnósticos de cribado de cáncer de mama. Será esta tarde, cuando están citadas las mujeres que consideran que han sido víctimas de los fallos en el programa de detección precoz, cuando se “fijen los términos” del escrito, ha precisado durante una entrevista en Onda Local Andalucía.

“Queremos que se depuren responsabilidades”, ha señalado a este diario el abogado de la asociación, Manuel Jiménez. En la denuncia también se reclamará a la administración andaluza “el resarcimiento y la indemnización correspondientes”, ha recalcado el letrado. A la espera de conocer los casos de todas las mujeres que han sido citadas esta tarde en la sede de Amama en Sevilla y que vienen de toda la comunidad, Jiménez sí tiene claro que entre las personas demandadas estará la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Desde que saltó el escándalo, adelantado por la Cadena Ser, Amama no ha parado de recibir testimonios de mujeres que saben o que creen que han sido víctimas de los fallos en la información del diagnóstico de los cribados. Claverol ha indicado que entre las afectadas hay “varias mujeres muertas ya por retrasos” en las pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes. “Esto es una catástrofe”.

La Junta de Andalucía, después de reducir a tres el número de afectadas, cifró en 2.000 las mujeres a las que no se les informó de que los resultados del screening habían sido no concluyentes. El Gobierno andaluz había decidido que en estos casos “para no introducir un elemento de ansiedad”, según las palabras del presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno, eran los radiólogos los que decidían cuándo se volvía a llamar a las mujeres para realizarse una mamografía u otra prueba, algo que, en principio podía tardar “tres meses, seis meses o un año”, según indicó la consejera de Salud en sede parlamentaria. En algunos casos, según los testimonios de las mujeres afectadas, pasaron hasta dos años y en este intervalo desarrollaron el tumor o tuvieron que irse a la sanidad privada para tratarse.

Moreno anunció un plan de choque para, entre otras cosas, cambiar ese protocolo e informar a todas las mujeres desde el primer momento de su diagnóstico. Facua, sin embargo, ha llamado la atención sobre la imposibilidad de poder consultar ese documento con todos los pasos a seguir por los profesionales que trabajan en el programa de cribado de cáncer de mama. “No se puede consultar en la página web del SAS”, advierte su secretario general, Rubén Sánchez, quien cuestiona las declaraciones del presidente sobre no generar alarmismo. “O es un error de comunicación o si es así, debería saberse dónde está escrito o indicado que es más conveniente que las mujeres no conozcan que su diagnóstico no es concluyente”, abunda.

En la página del SAS sobre el programa de detección precoz del cáncer de mamae se indica que “consiste en la realización de mamografías cada dos años a la población femenina residente en Andalucía invitada”. Se indica que las mujeres serán citadas mediante “carta en su domicilio” para acudir a la Unidad de exploración mamográfica, donde se le realizarán dos placas por mama que son estudiadas por dos radiólogos y que el resultado se enviará por “correo” y en el caso de que deba ser derivada al hospitalpara completar su estudio o realizar algún tipo de tratamiento, también será citada “por correo”. El texto alude a resultado en general, sin especificar si es positivo, negativo o no concluyente, y tampoco se concretan los plazos máximos para la remisión de la carta. Facua pide que se aclare ese tiempo, que tampoco está bien explicitado en el decreto de calidad asistencial de la Junta. “Para poder denunciar hay que saber qué se está incumpliendo”, señala Sánchez.

Fallos informáticos, según la Junta

“Queremos que se sepa dónde está el error”, insiste el abogado de Amama, a quien no le terminan de convencer las explicaciones que el SAS que apuntan a una “disfunción en los sistemas informáticos que hace que no se detecten este tipo de solicitudes de exploraciones informadas por especialistas de otras áreas hospitalarias”, de acuerdo con la carta que recibió una de las pacientes afectadas y de la que ha informado la Cadena Ser.

La denuncia de Amama se sumará a la que ya está estudiando la Fiscalía Superior de Andalucía y que registró la asociación Defensora del Paciente el pasado jueves, en la que se exigen responsabilidades al SAS por “dejación de funciones” en el programa de detección precoz. Este mismo martes, Izquierda Unida, ha interpuesto otra demanda ante la Fiscalía General del Estado en la que exige responsabilidades a los tres consejeros de Salud que ha tenido Moreno, Jesús Aguirre, Catalina García y Hernández, por delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes en comisión por omisión y omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Fuentes del ministerio público confirman a este diario que se ha recibido durante este mediodía.

Adelante Andalucía también ha interpuesto este mismo martes su propio escrito ante la Fiscalía Superior de Andalucía. En su caso denuncian a la consejera de Salud y su predecesora en el cargo -a quien Amama informó de los retrasos en el verano de 2024, poco antes de dejar su puesto-, la actual viceconsejera y la gerente del SAS -investigada en el caso de los abusos en los contratos de emergencia- por los delitos de homicidios y lesiones imprudentes graves, de dejación de funciones del servicio público y de omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

El PSOE de Andalucía está estudiando todos los testimonios que les están llegando para determinar cómo proceder. El Defensor del Pueblo Andaluz, por su parte, también está analizado los testimonios de las mujeres afectadas para inciar una investigación de oficio, tal y como informó el pasado viernes la entidad a través de su cuenta de X.

La asociación de consumidores Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectadas que no solo se circunscribe a Andalucía, mientras que un despacho de abogados especializado en denuncias contra el SAS también ha abierto un procedimiento para aglutinar a mujeres afectadas. “Iremos por el contencioso-administrativo para reclamar responsabilidad patrimonial al SAS, porque nuestra experiencia nos dice que en estos casos, donde no hay un dolo por parte de la administración, la causa penal se archiva”, indica el abogado José Antonio Sires.