La Policía desestimó la mitad de las 51 denuncias de agentes por acoso sexual de los tres últimos años

El anuncio realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado miércoles en el Congreso de una próxima revisión “extraordinaria” de los protocolos de actuación ante el acoso sexual en la Policía Nacional y la Guardia Civil no solo está respaldado por las acusaciones de violación contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, sino también por las estadísticas. Desde que este último cuerpo policial puso en marcha, en diciembre de 2022, este mecanismo interno para prevenir y erradicar este tipo de hechos en su seno, se han presentado 51 denuncias, pero solo 26 han sido estimadas, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las cifras reflejan, además, que el número de denuncias se ha ido reduciendo de manera significativa en estos tres años. Así, en 2023, primero en el que el protocolo estuvo en vigor, se presentaron 20 denuncias. Al año siguiente, la cifra bajó a 18 para quedar en 13 en 2025, periodo en el que supuestamente se produjo la agresión sexual del exjefe de la Policía a su subordinada y que esta no denunció a través del cauce fijado en el protocolo, sino en un juzgado. Sobre este último año, la estadística recoge un segundo dato llamativo: de todas las presentadas, solo dos fueron estimadas. Las 11 restantes fueron rechazadas. Los dos años anteriores el número de las estimadas había sido más elevado: 11 en 2023 y 13 al año siguiente.

Miembros de la Plataforma para la Visibilización de las Mujeres Policías y Militares ―de la que forman parte agentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) entre otras organizaciones― incidían la pasada semana a este diario en la desconfianza de las agentes hacia estos protocolos al considerar que con ellos no se garantiza la protección que prometen. “Le digo [a la posible víctima] que hable con el abogado, porque ir a la vía interna es un mes de espera, un mes de desgaste, en el que te ves señalada, y te desgasta tanto, que al final no vas a la vía penal”, señalaba Alicia Sánchez, secretaria de Igualdad de la AUGC y miembro de la plataforma.

En su comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska admitió que el protocolo para detectar y erradicar el acoso sexual en la Policía Nacional había fracasado en el caso del DAO. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, dijo en referencia a que la mujer recurriera a los cauces internos. No obstante, el ministro sí destacó que había ”servido para encarar situaciones similares", aunque entonces no facilitó cifras. En este sentido, recordó que las directrices para evitar y combatir este tipo de actuación eran revisadas y actualizadas periódicamente. En el caso de las de la Policía Nacional, el primer protocolo de actuación ante acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual fue aprobado en diciembre de 2022 y se actualizó en junio de 2025.

Según detalla esta última versión, que incide en que se rige por el principio de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos, el protocolo se activa “única y exclusivamente con la presentación por escrito de la denuncia firmada por la persona que se sienta objeto de conductas discriminatorias”. No obstante, también contempla que, en caso de que la Asesoría Confidencial ―un órgano creado precisamente para el acompañamiento y asesoramiento del agente que se sienta afectado por una situación de acoso― tuviera conocimiento por parte de una tercera persona de un caso, se podrá “en contacto con la posible víctima para ratificar los hechos y para informarla de la posibilidad de activar este procedimiento y de los derechos que le asisten”.

Una vez presentada la denuncia, la Asesoría Confidencial tiene 24 horas para poner los hechos en conocimiento del Área de Derechos Humanos e Igualdad (ADHI) y del responsable policial al mando de la plantilla donde se haya producido la situación irregular, “salvo que esta sea la persona denunciada por acoso”. Solo entonces se dirige al presunto autor para informarle de “la existencia de una denuncia sobre su conducta y las responsabilidades disciplinarias y penales en que, de ser ciertas y de reiterarse las conductas objeto de la denuncia podría incurrir”. La Asesoría también debe proponer “las medidas de protección que considere necesarias” y realiza “las actuaciones oportunas para recabar toda la información necesaria que le permita realizar un estudio objetivo de los hechos”.

Una vez terminadas las pesquisas, este órgano elabora “un informe de valoración” con sus conclusiones y propuestas que elevará al ADHI, que es el que finalmente resuelve. El protocolo contempla que “en caso de existir evidencias suficientes probadas de acoso sexual [...] se remitirá todo lo actuado a la Unidad de Régimen Disciplinario, al objeto de depurar la responsabilidad disciplinaria que procesa”. Si concluyera que no las hay, “se procederá al archivo del procedimiento”. En ambos casos, tanto la víctima como el denunciado y el mando policial responsable de la plantilla donde ocurrieron los hechos recibirán una copia de la resolución.