Una querella por violación gestada en “sigilo” durante meses: así cayó el jefe de la Policía Nacional

A las 18.29 del pasado martes 17 de febrero, varios periodistas recibieron por WhatsApp un comunicado de apenas 357 palabras que iba a desatar una gigantesca crisis institucional a una velocidad de infarto. Se titulaba así: El director adjunto operativo de la Policía Nacional investigado por agresión sexual. En escasos cuatro párrafos, el abogado Jorge Piedrafita explicaba que un juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid había admitido a trámite una querella por violación contra el comisario José Ángel González, alias Jota, máximo jefe del cuerpo y con mando sobre sus cerca de 75.000 agentes. La noticia es una bomba. Y, en unos minutos y tras contrastarla, medios como EL PAÍS comienzan a ofrecer los primeros detalles de la denuncia presentada por una inspectora contra su superior. Habla de “penetración” no consentida, de “mensajes intimidatorios”, de “abuso de superioridad”, de “coacciones” para “comprar su silencio”... A las 20.30, solo dos horas después de difundirse la nota del letrado, González dimitía.

Sin embargo, la salida del director adjunto operativo (DAO) no cierra la enorme herida abierta en el seno de la Policía Nacional, que se coloca ahora en el epicentro de dos investigaciones: una judicial, encabezada por el magistrado David Maman Benchimol; y otra interna, impulsada por el Ministerio del Interior. Ambas tratarán de reconstruir todo lo ocurrido entre el 23 de abril de 2025, cuando la agente asegura que González, de 66 años, la violó en el domicilio oficial donde residía; y el pasado martes, cuando la denuncia se hizo pública. También, si alguien más conocía el caso y trató de encubrirlo o presionar a una mujer que vive “aterrada” y “encerrada” desde hace meses, según su abogado, y desde el jueves, con escolta. Una historia que ya deja varios capítulos.

La acusación de agresión sexual. La querella cuenta que la agente, de 49 años, se encontraba trabajando el 23 de abril del pasado año en la comisaría de Coslada (Madrid) cuando, sobre las 14.15, empezó a recibir “múltiples” llamadas de teléfono del DAO para requerirle que se presentara ante él de forma “inmediata” —ambos habían mantenido una relación durante un tiempo, según la denuncia y según aseveran varias fuentes, a la que ella asegura que le había puesto fin—. La inspectora dice que se negó y que alegó que estaba de servicio. Pero entonces, según su versión, él dio la orden para que fuera a bordo de un vehículo policial sin distintivos (los conocidos como K o camuflados) hasta el restaurante donde estaba comiendo con su mano derecha, el también comisario Óscar San Juan, para recogerlo y llevarlo hasta su domicilio oficial.

La querella, precisamente, sitúa allí la presunta agresión sexual. Con numerosos detalles, narra que el director adjunto “doblegó la voluntad de la víctima” para que subieran juntos a la vivienda, pese a que la mujer se negaba de “forma expresa y reiterada”. Una vez arriba, él “sirvió dos copas” e “inició un acercamiento físico de naturaleza sexual” que ella también “rechazó”. Sin embargo, según prosigue, González se aprovechó de su “superioridad física y autoridad” para toquetearla e, incluso, penetrarla con los dedos. “¡Oye, que soy el DAO!”, le llegó a espetar para presionarla, según incide la querella. Hasta que la mujer logró “zafarse” y abandonó el edificio.

El abogado Piedrafita, que ha asumido la defensa de la víctima y se ha erigido como su portavoz ante la prensa, asevera que todo ese episodio fue captado en un audio (de 40 minutos) por ella. Y, según apostilló, el juzgado ya le ha requerido la grabación e iba a entregarla este viernes.

Los contactos posteriores. La inspectora, que afirma que sufrió una crisis de ansiedad al llegar a su casa (con “temblores”, “hiperventilación”, “llanto incontrolado”, “sensación de irrealidad”...), asegura que el DAO comenzó a telefonearla esa misma noche. Según la denuncia, a partir de las 20.43, le hizo 17 llamadas en un “breve” lapso de tiempo; y, como no contestaba, pasó a mensajearla. “Estás gilipollas”, “borrica”, le escribió.

Esos intentos de contacto se suceden presuntamente durante los días y meses posteriores. Ya no solo usa su teléfono para intentar hablar con ella, sino también los de sus despachos oficiales, según la querella, que pone a disposición del juez los registros de llamadas. Finalmente, ella apunta que el 22 de mayo accede a hablar con él y que ya tenía intención de denunciarle, a lo que González le responde con “amenazas veladas” de carácter laboral. Su defensa aclara que la agente acude el 2 de junio a un punto violeta (lugar de atención a víctimas de violencia machista y agresiones sexuales) de un municipio de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento, donde le asisten psicólogas.

“Comprar su silencio”. El 2 de julio, la Secretaría de Estado de Seguridad publica en el BOE el ascenso de la agente a inspectora, y ella busca nuevo destino. Según reseña, es entonces cuando recibe diversas llamadas de la mano derecha del DAO, a las que no responde. El 13 de julio, habla finalmente con el comisario San Juan, y dice que este intentó “comprar su silencio”. Según la querella, le invitó “textualmente” a que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. Ella mantiene que le respondió: “Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames”. El abogado Piedrafita ha indicado que esa conversación también está grabada en audio.

La crisis psicológica. Fuentes de la Policía Nacional detallan que la agente obtiene destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, emplazada en el número 5 de la madrileña Calle Miguel Ángel, sede de la Dirección General de la Policía. Al frente de ese área está la comisaria Gemma Barroso, y comparte edificio con la Dirección Adjunta Operativa, que González dirige. De hecho, estas fuentes precisan que Barroso y González tienen despacho en la misma planta (la segunda); y que la inspectora iba a desempeñar su labor en la tercera.

El abogado Jorge Piedrafita expone que, en principio, le tocó ese puesto “por méritos” y “aritmética”, aunque desliza: “Pero igual el DAO la quería tener controlada”. Por su parte, fuentes conocedoras de la investigación interna de la Policía Nacional aseguran que, hasta el momento, no se ha detectado “ningún tipo de intermediación” que suponga que la agente fue destinada allí de manera irregular.

Solo unos días después, todo estalla. Según la querella, el 24 de julio, el día que se incorpora al trabajo y mientras se encontraba en el despacho de Gemma Barroso, la agente recibe una llamada de teléfono del despacho del director adjunto operativo. Ella sostiene que no responde, pero entra en una fuerte crisis emocional y comunica a su jefa que no se encuentra “en condiciones de trabajar por salud mental”. Fuentes de la Policía y su propio letrado reiteran que todavía no cuenta la presunta agresión sexual a sus superiores. Le dan la baja médica el día 28 de ese mismo mes.

Presentación de la querella. La mujer denunciará cinco meses después. Según especifica su abogado, trabajaron con el máximo “sigilo” y siempre “fuera de los cauces policiales”, para poder acudir “directamente” a los tribunales y que el caso llegara a la mesa del juez “sin ninguna interferencia policial”. Piedrafita firmó la querella el 9 de enero. Cinco días después se asignó al juzgado de Violencia sobre la mujer encabezado por el magistrado David Maman Benchimol. Este la admitió a trámite el 12 de febrero —al apreciar “características que hacen presumir la posible existencia de delito/s [sic]”— y abrió así una investigación contra el comisario González, al que ha llamado a declarar como imputado el 17 de marzo.

El letrado de la denunciante también solicitó que se interrogue como testigo a Óscar San Juan (a quien Interior ha apartado de sus responsabilidades) y que la Guardia Civil compruebe la veracidad de los audios y mensajes que se aporten, aunque el magistrado aún no se ha pronunciado sobre ello.

Comunicación a los superiores. Ya en la tarde del pasado martes 17 de febrero, cuando ya se había admitido a trámite la querella, la inspectora pidió hablar con Gemma Barroso para contarle lo ocurrido. “Ella la atendió con enorme empatía y tacto. Se quedó de piedra ante unos hechos tan graves, ante los que le dijo que evidentemente tenía que denunciar y seguir hacia adelante”, ha aclarado su abogado. Fuentes del Ministerio añaden que sobre las 18.00, la comisaria informa en persona al director general de la Policía, Francisco Pardo, que traslada los hechos a su vez al ministro Fernando Grande-Marlaska. A las 18.29, Piedrafita envía su comunicado a los periodistas y, en solo unos minutos, la noticia corre como la pólvora.

Fuentes de la cúpula de Interior reiteran que hasta ese momento no sabían nada de la supuesta agresión sexual, ni de la presentación de la querella. A las 19.50, un portavoz de la Policía Nacional contestaba a EL PAÍS que desconocían la denuncia y su contenido. En unas declaraciones a la prensa, el DAO asegura que se enteró por los medios de comunicación.

La dimisión. En medio de una enorme presión, el director adjunto operativo comunica su dimisión, adelantada por la Cadena SER sobre las 20.30. Fuentes del Ejecutivo recalcan que ya le habían enseñado la puerta: o se iba por su propia voluntad o le cesaban. González formaliza su salida sobre las 21.30, cuando firma su renuncia: “Para poder ejercer mi legítimo derecho de defensa y para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional”.

Pero, para entonces, el escándalo ya es imparable. El sindicato mayoritario entre los agentes, Justicia Policial (Jupol), reclama la dimisión del ministro del Interior. La oposición se suma y eleva las arremetidas: el PP acusa sin pruebas a Grande-Marlaska de haber “tapado y protegido” a José Ángel González. La consternación se extiende rápidamente como una mancha de aceite y Francisco Pardo, tras llevar el cese del DAO al ministro para su firma, se reúne el miércoles en el complejo policial de Canillas (Madrid) con la cúpula del Cuerpo, a la que trata de animar. Según fuentes presentes en esa cita, además de informarles de la querella, les dice que hay que seguir adelante y que, por encima de cualquiera, está la Policía. La comisaria Gemma Barroso, número dos en el organigrama al ser la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, asume el cargo de DAO de forma interina.

Varios mandos reconocen que están devastados y en shock. “Qué imagen está quedando de la Policía”, se lamenta uno de ellos en conversación con EL PAÍS. El Cuerpo lleva años tratando de recuperarse de la etapa del comisario Eugenio Pino, que ocupó el cargo de director adjunto operativo durante los Gobiernos de Mariano Rajoy (desde 2012 hasta 2016, cuando se jubiló), etapa en la que se gestó la llamada policía patriótica y se ejecutaron operaciones para perjudicar a adversarios políticos del PP. Pino ya ha sido condenado a un año de cárcel por maniobrar contra la familia Pujol; y, a partir de abril, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Kitchen, la trama para espiar y robar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide que se le condene a otros 15 años de prisión.

Las últimas imágenes del comisario José Ángel González, un hombre muy cercano a Marlaska (le reportaba directamente, según fuentes policiales) y que fue la imagen de la Policía Nacional en las ruedas de prensa diarias durante el confinamiento por la pandemia, son ahora las de un hombre que huye de las cámaras de televisión que se han apostado frente a su casa. “No voy a hacer declaraciones”, repetía a una nube de micrófonos. Ante el juez tendrá oportunidad de declarar.