Interior asegura que conoció la denuncia a las seis de la tarde, pero investiga si el círculo del exjefe de la Policía encubrió el caso de violación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que ni él ni su equipo conoció hasta este martes por la tarde la existencia de una acusación de violación al que fuera número dos de la Policía, José Ángel González. Altos mandos policiales aseveran que tanto el ministro como el director de la Policía, Francisco Pardo, supieron que una inspectora policial había interpuesto la denuncia judicial a las seis de la tarde, media hora antes de que la noticia se extendiera en los medios. Las dudas, en cambio, se ciernen sobre el círculo del ex Director Adjunto Operativo (DAO). Interior ha abierto una información reservada que afecta al comisario y mano derecha de José Ángel González, Óscar San Juan, a quien han cesado después de haber sido condecorado el pasado mes de septiembre. Ahora está en el punto de mira por haber, presuntamente, presionado a la víctima para que no denunciara. El temor de algunos mandos es que la onda expansiva del escándalo del encubrimiento llegue más lejos. Una de las claves está en conocer quién intervino en la decisión de que esta agente comenzara el 24 de julio de 2025 a trabajar en la subdirección de Recursos Humanos, en el mismo edificio que trabajaba el DAO.

Que José Ángel González, más conocido como Jota, tenía una relación sentimental con esta agente de Policía era sabido en su esfera más íntima, aseguran distintas fuentes conocedoras de la misma. Ambos se conocían desde hace casi dos décadas. Coincidieron en Valladolid cuando ella trabajaba en la Brigada Provincial de Información y él, primero, en la Unidad de Intervención Policial (UIP) y, después, cuando ascendió a comisario, como jefe provincial. La unión más personal entre ambos se extendió, al menos, entre 2024 y parte de 2025.

En la denuncia interpuesta, ella describe una relación de superioridad jerárquica en la que la agente, que ascendió a inspectora a principios de 2025, estaba sometida a los vaivenes de Jota. “Oye, que soy el DAO”, le llegaba a decir, “generando una intimidación ambiental”, describe. Los hechos por los que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha iniciado una investigación se ubican el 23 de abril de 2025. Ese día, a las 14.15 de la tarde cuando ella, que entonces estaba destinada en la Comisaría de Coslada, recibió la llamada de González. Fuentes policiales corroboran que ese día él estaba comiendo con su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, a quien llamaban dentro del cuerpo el mini-DAO por su cercanía y ascendencia sobre el jefe. Con él solía alargar las sobremesas.

La supuesta agresión sexual sucedió horas después, cuando González insistió en llevarla en un Renault Kadjar camuflado a su vivienda de titularidad pública, situada en la calle Alberto Alcocer de Madrid. A pesar de que la inspectora se negó de forma reiterada a subir, él insistió y ya en la casa sucedió la supuesta violación que la mujer se supone que grabó con un dispositivo. La denuncia interpuesta por el abogado Jorge Piedrafita —que ha estado personado en otros asuntos muy mediáticos como la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Mouliáa o la de Luis Rubiales a Jenni Hermoso— es prolija en detalles y fuentes policiales explican que hay ciertas palabras que delatan la inconfundible acción de Jota. Por ejemplo, cuando él supuestamente la insulta llamándola “borrica”.

A partir de ese 23 de abril, la inspectora describe una “campaña de acoso” que ahora amenaza con convertirse en una mancha de aceite que puede alcanzar a más mandos de la cúpula policial. Quién sabía y quién trató de ocultar lo que sabía son las preguntas que el expediente que Interior ha iniciado alrededor del comisario San Juan puede responder.

La Ley 4/2010 del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía explica que para este tipo de procedimientos internos debe nombrarse un instructor (un funcionario de Policía) que llamará a declarar a quien estime oportuno y podrá pedir a las distintas Administraciones Públicas lo que considere necesario para terminar concluyendo si ha existido algún tipo de infracción. Estas pueden ser administrativas (separación del servicio, suspensión de funciones hasta seis años, traslado forzoso, etc.) o penales. Si se concluye que dentro de la DAO sucedió algo delictivo, como pudo ser el encubrimiento de un delito o la coacción, tendrá que ponerse en conocimiento de la justicia.

El primer señalado ha sido el comisiario Óscar San Juan que, según relata la querella, mantuvo una conversación telefónica con la denunciante y le propuso que eligiera cualquier destino con tal de que no contara lo ocurrido. San Juan es amigo íntimo y colaborador de máxima lealtad del exDAO. Tanto es así, que el pasado mes de septiembre Marlaska le concedió una medalla de plata pensionada (con más de 400 euros de por vida) que es la menos habitual de todas las condecoraciones y que solo se entrega a agentes que han hecho una labor excepcional en actos de servicio. Agentes accidentados en la lucha contra el narcotráfico, que han sido parte de una operación muy destacada de terrorismo... En este caso, distintas fuentes policiales explican que el mayor mérito de San Juan era haber estado siempre al lado de Jota y él quiso agradecérselo con la condecoración.

La denuncia no aclara cómo la inspectora dejó su puesto de Coslada donde realizó las prácticas de inspectora para incorporarse en la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, un área que se ubica en la calle Miguel Ángel, en el mismo edificio donde está el despacho del DAO. Quién intervino en la decisión de que ella terminara como asistente de la comisaria principal Gemma Barroso es una de las grandes dudas que todavía sobrevuelan este caso. Barroso será quien asuma de momeno de forma interina el puesto del DAO, tal y como establece el artículo 4.2 de la Orden que desarrolla la estructura orgánica y de la Dirección General de la Policía.

La inspectora dio síntomas de que algo no iba bien en dos ocasiones. La primera, el 2 de junio cuando acudió al Punto violeta de Rivas Vaciamadrid para recibir asesoramiento psicológico y jurídico. Este punto depende del Ayuntamiento de Rivas, por lo que Interior no pudo conocer esta información de forma directa. La segunda, ya sí de forma interna. El 24 de julio cuando, en su nuevo puesto de trabajo en el mismo despacho de la comisaria Barroso, le comunicó que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental. Lo hizo después de recibir una llamada del despacho de José Ángel González que no contestó. Fue puesta entonces a disposición del equipo de apoyo psicosocial, pero los informes que elabora este equipo son, por razones obvias, confidenciales, así que los altos mandos policiales consultados niegan que ellos supieran que el motivo del malestar de la inspectora tenía que ver con una agresión sexual y, mucho menos, por algo relacionado con el DAO. Cuatro días después, el 28 de julio la inspectora cogió una baja médica por un cuadro ansioso-depresivo.

El abogado Piedrafita, que ha pormenorizado lo sucedido en distintas entrevistas entre el martes y el miércoles, asegura que el asunto se ha llevado con sigilo por el miedo de la víctima a represalias y que la vía elegida para denunciar ha sido la judicial y no la policial, precisamente, por lo mismo.

Miembros de la Policía ven difícil que en la Secretaría de Estado de Seguridad o en la Dirección General no supieran algo, si bien un alto cargo policial rechaza tajante esta idea: “Hasta ayer a las seis de la tarde no sabíamos nada. A las tres horas de tener conocimiento de la querella [el DAO] había presentado su renuncia”. Marlaska mostró este miércoles su “decepción” personal con González y negó cualquier tipo de conocimiento previo. Lo cierto es que no hay ningún indicio que apunte que el ministro supiera con antelación la denuncia, pero el expediente interno en Interior o la investigación judicial pueden conducir a nuevos mandos de confianza del DAO que, en algún punto, pudieron conocer lo ocurrido con la inspectora. Mientras, González ya ha fichado a un prestigioso abogado penalista y el próximo 17 de marzo tendrá que dar su versión ante el juez.