El Gobierno ligará el bono social de la luz a la renta de las familias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030 que incluye una medida que venían reclamando desde hace años numerosas asociaciones: que la bonificación que reciben los distintos colectivos en el recibo de la luz esté ligado para todos ellos a la renta familiar. Esto afecta a los únicos beneficiarios que todavía hoy disfrutan de los descuentos en la factura sin que se les aplique dicho criterio: las familias numerosas, esto es, las que tienen tres o más hijos, sean cuales sean sus ingresos. El bono lo sufragan todos los consumidores con un pequeño recargo mensual en su factura.

Dado que la Estrategia contra la Pobreza Energética no tiene carácter normativo, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzará a audiencia pública la nueva medida para cambiar el real decreto que regula el bono social. Según ha declarado tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, “la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores, es lo justo”. Por ello, para determinar los criterios, se contará con la participación de todas las asociaciones. También se modificará el bono social térmico.

El objetivo de dicha estrategia, que se viene elaborando desde hace meses, es lograr identificar a los consumidores realmente vulnerables, que, en muchos casos, no están percibiendo el descuento. Según los datos publicados por este diario, un 30% de los hogares vulnerables, casi un millón, quedan fuera de los índices de pobreza energética y, por el contrario, se computa como vulnerable a 4,8 millones que no lo son. Corregir estos indicadores, basados básicamente en encuestas del Instituto Nacional de Estadística, es el objetivo del Gobierno.

Para el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica redefinir qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda. Para las modificaciones se contará con la opinión de diversas asociaciones y con la Mesa Social de Pobreza Energética, que se ha reunido esta misma mañana.

La estrategia surgió tras la crisis energética de 2021 con representantes de entidades sociales, el sector académico y el empresarial. El documento aprobado este martes incluye 13 medidas hasta 2030 con un objetivo troncal: “El acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna”, señala Transición en un comunicado de prensa.

Entre las demás medidas planteadas, figura la creación del Observatorio de la Pobreza Energética, “para centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas”. Otras medidas están encaminadas a proteger al consumidor, como garantizar el suministro a los vulnerables y electrodependientes así como mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones en la actualidad, según datos del ministerio.

Por otra parte, algunas medidas, como la supresión de prácticas comerciales como la contratación telefónica o publicidad no solicitada, refacturaciones incorrectas o penalización por permanencia ya se incluyeron en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se ha transpuesto el Reglamento general de suministro y comercialización, entre otras, para proteger a los consumidores en general y que fue aprobado la semana pasada también en Consejo de Ministros.

El bono, un maremágnum

En el caso del bono social, la nueva estrategia pretende “cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita”, señala Transición. Desde el departamento que dirige Sara Aagesen se considera que, “con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan”.

El bono eléctrico es un maremágnum de supuestos (como la vulnerabilidad) y de colectivos (de distinto tipo), todo ello cruzado con límites de consumo. Esos colectivos son el de los pensionistas con pensión mínima; beneficiarios del ingreso mínimo vital; víctimas de terrorismo y de violencia de género y, hasta ahora, las familias numerosas.

Para tener derecho a las rebajas, el primer requisito es que el consumidor tenga contratada la tarifa regulada, o Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), siempre para potencias inferiores a 10 kW, y se aplica a la vivienda habitual. Los descuentos son del 42,5% para los considerados vulnerables (que se determinan según un multiplicador del IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y del 57,5% para los vulnerables severos. Para los que se encuentren en situación de pobreza extrema el descuento es del 100%. A partir de ciertos límites de consumo se deja de aplicar el recorte, y se cobra el PVPC.

Durante años fueron las compañías eléctricas las que sufragaban el bono social, pero, tras varias sentencias judiciales en su favor, lo pagan todos los usuarios eléctricos.