Los protocolos de agresión sexual fueron ineficaces en el caso del “todopoderoso” exjefe de la Policía

La inspectora que denunció por agresión sexual al director operativo de la policía (DAO), el máximo responsable uniformado de la Policía Nacional, no acudió a la vía interna para informar de su situación, a pesar de que existen protocolos específicos que recogen cómo actuar en situaciones en las que tanto la víctima como el denunciado son funcionarios de la Policía. Uno recoge “situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual” y un segundo “ante supuestos de violencia de género en la Policía Nacional”, que es el que aplicaría a esta inspectora, ya que denunció ante el juzgado que mantuvo una “relación de afectividad” con el ahora investigado. Sin embargo, y como en todos los ámbitos, aunque los protocolos existan no siempre las mujeres confían en que vayan a aplicarse o que vayan a hacerlo según marcan sus propias directrices. Este caso, además, afecta al policía de mayor rango en un cuerpo de 76.700 agentes. “El DAO es Dios todopoderoso en la Policía, no me extraña que se fuera directa al juzgado, yo haría lo mismo si me viera en una situación así”, justifica una agente que ha trabajado en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía y que pide no ser identificada.

Los testimonios de media docena de agentes de policía y de una guardia civil, representante de la plataforma para la visibilización de las mujeres policías y militares, inciden en que esos protocolos no garantizan la protección que prometen. “No aconsejo a ninguna mujer a día de hoy acudir por vía interna”, mantiene la guardia civil Alicia Sánchez, secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y miembro de la citada plataforma. “Le digo que hable con el abogado, porque ir a la vía interna [en la Guardia Civil] es un mes de espera, un mes de desgaste, en el que te ves señalada, y te desgasta tanto, que al final no vas a la vía penal”, añade la agente, miembro del colectivo del que forman parte, además de AUGC, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Comisiones Obreras y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

La “angustia” es estos días perceptible en la plantilla de la Policía. Las agentes prefieren no hablar o no hacer declaraciones con su nombre. “No es sorpresa, porque creo que cualquiera ya sabe que esto pasa en todas partes, pero sí es un poco de shock. Aunque eres consciente de que la violencia y los abusos están en los pueblos y en las ciudades y entre arquitectos, panaderos o policías, el hecho de que sea no solo alguien del cuerpo al que perteneces sino que sea el jefe, es raro. Hay mucha sensación de malestar si hablas con compañeras, y también con algunos compañeros”, relata una de esas agentes.

Y esto que cuenta es compartido por otras compañeras del cuerpo que afirman estar teniendo una mezcla de reacciones que va de esa estupefacción a la “decepción”, la “tristeza” o el “cabreo”. Incluso aunque el DAO, José Ángel González, dimitiera casi de forma inmediata. Algunas dicen que hubiesen preferido que fuera “cesado”. “Al minuto cero, fuera”, dice una de ellas.

El protocolo de la Policía para los casos de violencia de género entre los agentes contempla, entre otras cuestiones, medidas cautelares para los investigados, como que el atestado quede bloqueado para que el agente denunciado no pueda acceder a su contenido, un sistema de alerta para el caso de que intente entrar a pesar de tenerlo prohibido para recabar información sobre la víctima, o la retirada de armas. Para las mujeres que denuncian dentro del cuerpo se establecen los mismos derechos que “para cualquier víctima de violencia de género”, entre ellos la adaptación del puesto si lo necesitan o la movilidad, la asistencia psicológica o la activación de “los mecanismos necesarios para salvaguardar su intimidad y dignidad”.

Algunas alegan, sin embargo, que saben que esto “puede no pasar”. Y dicen lo mismo de algunos de los objetivos de ese documento interno, como el de “garantizar la protección de la víctima, creando un clima adecuado que garantice su integridad física y moral”; o la “puesta en marcha de los mecanismos necesarios para facilitar a la víctima el adecuado ejercicio de los derechos laborales que dispone”. Muchas agentes afirman desconfiar del cumplimiento de todo lo anterior.

Estas mujeres hablan, frente a eso, de la jerarquía tan interiorizada dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la incertidumbre de la reacción de quien pueda recoger la denuncia, dependiendo de quién sea. “Tienes que estar muy segura de que a quien se lo cuentes, va a tirar con eso para adelante, y que no se te va a volver en contra, o que no van a intentar presionarte para que te calles o intentar disuadirte con algo”, dice una de esas agentes.

La denunciante del caso del jefe de la Policía no explica específicamente en su querella los motivos por los que no recurrió a la vía interna, pero sí cuenta que tenía miedo a represalias profesionales y que se había sentido presionada por la “máxima autoridad uniformada” y por otro comisario, llamado Óscar San Juan, para no denunciar. El primer recurso formal al que recurrió fue al Punto de Violencia de Rivas Vaciamadrid.

Entre todas las violencias, la sexual tiene unas características específicas que dificultan mucho los procesos para las víctimas: es un delito que se comete habitualmente en la intimidad, sin testigos, muchas veces sin pruebas y sobre el que pesan todavía los estereotipos y los prejuicios. Entre ellos, la culpabilización de las víctimas o el juicio paralelo al que se pueden ver sometidas por parte de compañeros, medios de comunicación o las propias instituciones.

El protocolo de la Guardia Civil

La agente Alicia Sánchez explica que la Guardia Civil tiene desde 2019 protocolos diferenciados, laboral y sexual o por razón de sexo, y ambos tienen una parte de prevención, que conllevan formación y sensibilización, algo que, en su opinión, está fallando. “Con las víctimas que hablo no se sienten amparadas ni cuidadas”. Hay una obligación de ofrecerles acompañamiento; la Guardia Civil dice que tienen que ser guardias civiles, pero en la Administración General del Estado puede ser cualquier persona de tu elección, relata.

“No se les ofrece, no se les explica. Lo estamos haciendo los representantes de trabajadores”, detalla. “Tampoco se les aplican medidas cautelares como una orden de alejamiento. Hay 30 días para resolver; me parece muchísimo. Llevamos detrás de la directora Mercedes González desde que se incorporó para que se modifiquen los fallos en el protocolo”.

Para la asociación a la que pertenece, el caso de Carolina, una agente destinada en Molina de Segura (Murcia) que sufrió violaciones de su sargento durante cuatro años. Empezó en 2012 y se denunció en 2015. La agente subraya que dos compañeros intentaron ayudarla, pero que terminaron con expedientes disciplinarios. La condena a 19 años de prisión no fue firme hasta 2024.

“Nueve años ha estado ese sargento violador, haciendo su vida como sargento, como hombre, como persona normal. Carolina, que ahora está jubilada, ha estado sufriendo y pagando las consecuencias. Nadie, salvo AUGC, la escuchó y nadie la apoyó. Todo el mundo en Murcia sabía lo que estaba pasando. Hablo de Policía Judicial, el jefe de la Comandancia”, relata. “Si se tapa a un sargento de la Guardia Civil. ¿Qué van a hacer con un DAO en la Policía?”, se pregunta.