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Marlaska anuncia una revisión “extraordinaria” del protocolo antiacoso de la Policía tras admitir que falló en el ‘caso DAO’

El ministro del Interior defiende su actuación tras conocer la querella por agresión sexual contra el exjefe policial y recuerda que le hizo dimitir “en menos de dos horas”

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Marlaska: “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia este miércoles en la comisión de Interior del Congreso. Foto: Claudio Álvarez | Vídeo: epv

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles en el Congreso que su departamento ha puesto en marcha una revisión “extraordinaria” de los protocolos internos contra el acoso sexual en la Policía Nacional y en la Guardia Civil tras admitir que los actuales fallaron en el caso de la agente que se ha querellado por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, conocido como Jota.

Aunque comparecía en la comisión de Interior para hablar sobre las balizas V16, el dispositivo luminoso y de geolocalización que desde el pasado 1 de enero es obligatorio para señalizar la presencia de un vehículo averiado en la vía, Grande-Marlaska ha aprovechado el turno de réplica para defender la actuación de su departamento cuando se conoció la denuncia y ha recalcado que forzó la dimisión del máximo responsable uniformado de la Policía “en menos de dos horas”. “Se le dio un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera. Y si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente”, ha añadido.

La intervención del ministro se ha producido después de que los grupos parlamentarios de la oposición ―PP, Vox y UPN― no hayan dejado pasar la ocasión de pedirle explicaciones y exigir su dimisión. Era la última ocasión que iban a tener antes de las elecciones de Castilla y León y, sobre todo, antes de que el exjefe de la Policía Nacional declare ante el juez el próximo 17 de marzo. El ministro recalcado que no puede “tolerar que alguien utilice este suceso para denigrar la reputación de la Policía Nacional”, en referencia a ciertas críticas lanzadas por la oposición que apuntaban a una supuesta impunidad por parte de altos mandos. “Simplemente no es cierto”, ha afirmado rotundo.

Grande-Marlaska ha insistido en calificar de “gravísimo” lo ocurrido. “Soy muy consciente del profundo dolor que esta situación ha ocasionado, sigue ocasionando y seguirá ocasionando desgraciadamente a la víctima de este presunto ataque a su libertad sexual por parte del más alto mando policial uniformado”, ha asegurado. También ha insistido en que su principal preocupación ha sido, precisamente, la agente agredida para que “tuviese toda la protección y todo el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la justicia, toda la reparación posible. Sabe la víctima de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo aquello que pueda necesitar en cualquier momento”, ha añadido. El ministro habló con la inspectora días después de lo sucedido y le puso protección policial, a petición de su abogado, después de que este denunciase que su identidad había aparecido en chats de aplicaciones de mensajería de policías.

El máximo responsable de Interior ha recordado que ha sido este gobierno con él al frente del ministerio cuando se aprobaron los protocolos antiacoso de la Policía Nacional (en 2022) y de la Guardia Civil (en 2019) que, ha añadido, “han servido para encarar situaciones similares, aunque no de tal extrema gravedad”. Aunque ha recordado que estos mecanismos son revisados y actualizados periódicamente, ha anunciado que había ordenado “activar una inspección extraordinaria” para saber “que ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias” para “corregirlas”. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, ha dicho en referencia a que la mujer acudiera a la justicia en lugar de los cauces internos para denunciar lo ocurrido. “Las mujeres no pueden sentirse protegidas en el momento de denunciar cualquier agresión en sus personas”, ha insistido.

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