Los escándalos aceleran los trabajos para una ley abolicionista de la prostitución: ¿Es viable en este momento?

Todo fue “asco”. Cuando el pasado junio los audios de la UCO desvelaron las conversaciones entre José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y su mano derecha, Koldo García, hablando de dos mujeres, prostitutas, como si fueran cabezas de ganado, cromos, elegibles a voluntad e intercambiables a voluntad, “asco” fue la palabra más repetida en gran parte del arco parlamentario, en público y en privado.

“Abominable negocio de la prostitución” fueron las palabras, altas, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso el pasado 10 de julio, cuando aludió al negocio de saunas del suegro del presidente del Gobierno, que ya murió, y que la policía patriótica del Gobierno del PP usó hace 11 años para armar un caso contra Pedro Sánchez a través del excomisario Villarejo.

A diputados y diputadas les pareció, en general, misógina y machista aquella conversación, y las críticas y los ataques y la palabra “putero” ―esta última más en privado que en público― se escucharon durante días. Y sin embargo, y a pesar de esa reprobación mayoritaria, ahí sigue la prostitución, con muchos acercamientos y varios análisis en los últimos años, pero nada que haya aterrizado en el Boletín Oficial del Estado.

Una comisión especial creada en 2002 para analizar la situación que trabajó durante ese y el siguiente año; otra mixta en Congreso y Senado entre 2006 y 2007 también para estudiar ese contexto en aquel momento; el debate que se generó en la tramitación de la Ley de Libertad Sexual; y un par de propuestas socialistas después en la cámara baja. Y nada.

¿Y ahora? Ahora la charla misógina entre Ábalos y Koldo provocó un incendio interno en el PSOE, que aunque por fuera no se vea, o no se vea ya tanto, aún dura; y ese fuego, unido a la presión y los ataques ―en el Congreso, dentro de los socios de gobierno, en la oposición―, y al debate mediático y social, es un acelerador más para lo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó hace unos meses: “Me gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución”. Porque Redondo lo dijo en marzo y ya trabajaban en ello desde hacía meses, pero lo hacen con mayor celeridad ―y hay quien dice dentro del PSOE que con más ahínco― desde esos audios de la UCO.

No se conocen aún detalles de ese texto que el Ministerio de Igualdad llevará como ley abolicionista a Consejo de Ministros en septiembre, pero sí hay líneas que en principio seguirán ―como el endurecimiento de penas en el delito de proxenetismo, que ya han propuesto en otras ocasiones―, y otras posibles y que encajarían con el contexto actual como tener en cuenta la prostitución que se da cada vez más en los entornos digitales o las cuestiones en torno a los puteros, tanto en la prevención de esa demanda como en su persecución.

El contexto: momentos de crisis

Pero ¿es factible? Porque, hasta ahora, no lo ha sido. Y a partir de ahora, la coyuntura de la legislatura limita las probabilidades de llegar hasta el final de la tramitación parlamentaria. Más en el caso de una norma para la que no existe en la actualidad consenso.

El marco es el mismo desde hace años y, aunque a veces se mezcla porque tiene ángulos relacionados, para acercarse legislativamente ha de ser delimitado. Uno es la trata con fines de explotación sexual, que ya es un delito y para la que además hay una ley integral en trámite que lleva entrando y saliendo de cajones desde 2021 y que también se espera aprobar antes de que acabe esta legislatura.

Otro es el proxenetismo —ganar dinero con la prostitución ajena—, que es un delito ya penado en la normativa española. Y otro es la prostitución, el intercambio de sexo por dinero, que no está actualmente regulado y en la que se abre una brecha para el acuerdo. Porque por un lado están quienes son abolicionistas de la prostitución ―que es, en principio, la mayoría del hemiciclo, PSOE, PP, y parte de los socios de gobierno―, y por otro quienes la consideran como trabajo sexual ―la otra parte de los socios de gobierno―. Y esa división, y el propio juego político, ya ha provocado tres momentos de roce ―algunos críticos― en los últimos años.

La cronología

En febrero de 2019, en el primer pleno del Congreso después de convocar elecciones, a dos semanas de la disolución de las Cortes, el PSOE llevó una proposición no de ley para prohibir la prostitución que en el hemiciclo hubo a quien no sentó bien porque lo que había estado sobre la mesa era una normativa contra la trata con fines de explotación sexual, pero no sobre prostitución. Aun con ese malestar, tuvo luz verde con el apoyo de Izquierda Unida y el PP.

Después, durante la tramitación de la ley del solo sí es sí, en la última Comisión de Igualdad para cerrar el texto, el PSOE, sin avisar a sus entonces socios de coalición Unidas Podemos, presentó una enmienda sobre proxenetismo que suponía incluir de facto la abolición de la prostitución e incluía también, en sus términos, la llamada tercería locativa ― quienes ponen pisos o locales para que se ejerza la prostitución― , una figura que el propio PSOE sacó del Código Penal en la reforma de 1995, durante el último Gobierno de Felipe González.

La tercería locativa, sin embargo, era algo que el Ministerio de Igualdad, entonces con Irene Montero a la cabeza, ya había metido en el texto de la ley de libertad sexual con otra redacción que, entonces fuentes de Podemos, aseguraron que era la que habían conseguido para que hubiese consenso entre los grupos de la mayoría de investidura. El PSOE, sin embargo, se negó a ese texto y la tercería locativa no entró, aunque luego las socialistas intentaron que entrara con esa otra redacción en el último momento.

Tuvieron que acabar retirando la enmienda porque hacía peligrar la propia ley por dos flancos. Por un lado los socios minoritarios podían retirar el apoyo al texto. Y por otro la enmienda corría riesgo de ser aprobada. El PP estaba dispuesto a apoyarla, aunque no estaba dispuesto a sumarse al resto del texto legislativo, por lo que la ley hubiese quedado bloqueada.

Solo un día después, en mayo de 2022, el PSOE presentó esa enmienda como propuesta de ley ante el Congreso porque, según afirmaron, la cuestión “no podía esperar un minuto más”. Pero era precisamente un minuto más lo que diversos partidos querían para analizar esta cuestión cuyo abordaje no es sencillo por diversas razones, entre ellas, que se desconoce la realidad exacta de las mujeres que ejercen la prostitución: cuántas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, cuántas son sometidas por proxenetas y cuántas se prostituyen, en principio, libremente.

En aquel momento, Montero, la ministra de Igualdad, recordó que “la ley del solo sí es sí reconoce por primera vez en España a las mujeres víctimas de explotación sexual y también de trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia machista”, y por lo tanto recogía “todos sus derechos como víctimas de violencia contra las mujeres”, desde asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial especializado, hasta derechos económicos. Quedaban por tanto fuera del marco y como siempre aquellas que no fueran ni víctimas de explotación ni de trata con fines de explotación.

En 2023, fue el PNV quien pidió en la Comisión de Igualdad del Congreso que se creara una subcomisión para hacer un informe con datos “reales y verificables” en un plazo de seis meses y poder pensar en una ley que se ajustara a la realidad; pero PSOE, PP y Vox votaron en contra. En marzo de 2024, el Grupo Parlamentario Socialista registró en la cámara baja prácticamente la misma proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que había presentado en 2022.

Dos meses después, en mayo ―a pocas semanas de las elecciones europeas, que no es el contexto más favorable para debates parlamentarios ni acuerdos―, el Congreso dejó solo al PSOE, el no de oposición y socios hizo que por primera vez en seis años no pudiese tramitar una iniciativa legislativa. Votó en contra Sumar (aunque anteriormente había apoyado esa misma propuesta Unidas Podemos, exceptuando a los comunes); el PP, que también había dicho sí, no se abstuvo ― que fue lo que hizo Vox― , sino que dijo no; y los únicos votos afirmativos fueron Coalición Canaria y BNG.

Siempre han sido las distintas perspectivas sobre esa realidad no definida, y otras cuestiones más de baile partidista que de voluntad legislativa, lo que ha hecho que la Cámara nunca haya terminado de avanzar en esta cuestión. Ahora, a la derecha, y en pleno recrudecimiento de esa derecha, la posibilidad parece más que cerrada.

Abolición, regulación y posiciones indeterminadas

El PP, preguntado por su posición sobre abrir un debate para tramitar la ley abolicionista que ha propuesto el PSOE, responde: “El Partido Popular está tan sensibilizado con acabar con la prostitución que sacaremos del Gobierno a los que la pagan con dinero público”. Y Vox, que difícilmente votará a favor de ninguna propuesta socialista, envía dos enlaces de dos de las intervenciones en el Congreso de los Diputados sobre este tema.

Donde puede haber margen y en principio voluntad de debate es en la izquierda y entre sus socios, aún matizando varios de esos socios “el oportunismo” que creen que hay en la propuesta del PSOE. Sumar, que aglutina una veintena de partidos nacionales y autonómicos, está abierto a tratar el tema aunque prefieren, antes de dar su posición, saber cuál es la redacción de ese texto, al igual que PNV ―que afirma que “este asunto es suficientemente grave como para abordarlo con seriedad y en profundidad― , o Bildu. Pero aún abiertos al diálogo, hay cuestiones que van a encontrar choque, inevitablemente, porque las aproximaciones son opuestas.

Por ejemplo, desde los comunes recuerdan que ya estuvieron en contra de la tercería locativa ―“que aboca a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad, y por lo tanto a sufrir más violencia”― y que seguirán estándolo. “La postura pro derechos de Comuns es ampliamente conocida y no vamos a apoyar ninguna iniciativa que empeore la vida de las trabajadoras sexuales”, añaden.

Y en Más Madrid, la línea es menos tajante pero parecida. Creen “legítimo y necesario preguntarse si el marco de la prohibición es el más útil, si las medidas punitivistas sirven realmente para resolver los problemas que dicen querer abordar”. Y les parece “fundamental” no olvidar que para legislar sobre prostitución las mujeres que la ejercen tienen que hablar: “No se puede legislar sobre ellas sin contar con ellas. No pueden ser las grandes ausentes de un debate que las atraviesa”.

Entre los partidos que se sientan en el hemiciclo hay quien cree que esta cuestión nunca se cerrará, o que es tremendamente difícil que lo haga; otras esperan que la reacción social y política ante la prostitución y ante los puteros sirva para empujar al menos a un debate serio; y también se apunta “la incongruencia de tener asco por el putero y defender a la vez el trabajo sexual”. En cualquier caso, quedan pocas semanas para saber qué contendrá esa ley, si va más allá de cambios en el Código Penal ―que es como han sido las aproximaciones hasta ahora―, cómo se dará ese debate y si es posible, por primera vez, un acuerdo.

.