El juez propone sentar en el banquillo a Villarejo por otro encargo de espionaje

Antonio Piña, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto sentar en el banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a tres de sus antiguos colaboradores por otro presunto proyecto de espionaje urdido en 2014 contra un empresario y un abogado, de quienes recabaron datos confidenciales a raíz del encargo que les hizo una pareja (María Amaya S. G. S. y José María Q. E.) que había hecho negocios con una de las víctimas —relacionados con la participación en la sociedad Mayoral Aviación—. Con esta decisión, el juez da así por finalizada otra de las líneas de investigación de esta macrocausa, que tiene como epicentro al antiguo agente de la Policía Nacional. Villarejo ya ha sido condenado a más de 20 años de cárcel por otras cuatro piezas del sumario, pero actualmente se encuentra en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos presentados.

El caso Villarejo constituye un mastodóntico sumario. Tras abrirse en 2017, ha acumulado cerca de medio centenar de líneas de investigación y decenas de procesados. Desde que explotara la causa con el arresto del policía, la Audiencia Nacional ha ido desgranando los oscuros negocios privados que tejió el comisario. Más de una docena de piezas ya se han enviado a juicio. Otras se han cerrado por falta de pruebas. Y, según precisan fuentes jurídicas, el magistrado Antonio Piña (que ha sustituido a Manuel García-Castellón, que se jubiló el pasado septiembre, al frente del Juzgado Central de Instrucción 6) prevé ahora ir cerrando los flecos que quedan pendientes.

En ese contexto, el juez Piña dictó este 9 de abril una nueva resolución para procesar a Villarejo y a tres de sus presuntos colaboradores (el abogado Rafael Redondo y los también policías Antonio Bonilla y Constancio Riaño) por el llamado Proyecto Hook, ese supuesto encargo de espionaje que gira en torno a la sociedad Mayoral Aviación. Según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que tuvo acceso EL PAÍS, la dupla formada por María Amaya S. G. S. y José María Q. E. contrató en 2014 los servicios de la trama liderada por el comisario. Esta pareja había invertido cerca de un millón de euros en Mayoral Aviación —vinculada al servicio de aviones medicalizados—, sin que obtuvieran “ningún tipo de beneficio económico”, después de que les ofreciera participar en el negocio el abogado Javier G. A., de quien la trama de Villarejo recabó datos confidenciales.

Anticorrupción insiste en que Villarejo creó una “compleja estructura de sociedades” para ofrecer a empresas y particulares múltiples “servicios de consultoría, asesoría, investigación privada y seguridad”, mientras seguía ejerciendo como funcionario de la Policía Nacional. Esta condición le permitía ofrecer a sus clientes una serie de información confidencial que figura en bases de datos de carácter restringido, según ya ha considerado probado el tribunal en otros juicios. Según el sumario del Proyecto Hook, la trama de Villarejo pactó con María Amaya S. G. S. percibir un 25% del dinero que lograse recuperar.

Durante su primer gran juicio, Villarejo defendió que nunca pudo cometer ningún delito con sus negocios privados porque estos formaban parte de la tapadera que tenía como agente encubierto de la Policía. Su defensa, ejercida por el abogado Antonio García Cabrera, argumentó que el grupo empresarial del comisario funcionó con permiso de sus superiores. Sin embargo, Anticorrupción desecha esa tesis y repite: “Simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de ‘inteligencia’ para sus clientes, aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con las Fuerzas de Seguridad, aceptando retribuciones económicas para realizar diferentes encargos contrarios de forma palmaria a los deberes inherentes de la función pública”.

En línea con la Fiscalía, respecto al Proyecto Hook, el juez Piña procesa a Villarejo, Redondo, Bonilla y Riaño por los delitos de revelación de secretos y cohecho. El magistrado descarta enviar al banquillo a María Amaya S. G. S. y José María Q. E., al considerar que no existen indicios suficientes de que supieran que estaban contratando a un funcionario de la Policía. Por su parte, el instructor también archiva la causa contra Gemma Alcalá, mujer de Villarejo y defendida por el abogado Sergio Nuño Díez de la Lastra.