En el caso Juana Rivas, julio de 2025 es julio de 2017: obligada a entregar otra vez a su hijo ocho años después

Este 22 de julio de 2025 se parece mucho al 26 del mismo mes de 2017. Al menos en el caso Juana Rivas. Ocho años después, el juzgado de instrucción número 3 de Granada ha vuelto a dictar una resolución que obliga a esta madre residente en Maracena (Granada) a entregar su hijo a su padre, Francesco Arcuri, para que se lo lleve a vivir con él a Italia. Es el mismo juzgado, aunque no la misma jueza. Entonces el asunto giraba en torno a dos niños, Gabriel y Daniel, de 11 y 3 años; ahora, casi 3.000 días después, uno de los hijos ya es mayor de edad ―y hace un par de años eligió vivir con su madre― mientras que el niño que tenía tres años ya ha cumplido 11.

Ahora, como entonces, el detonante de la citación judicial es un viaje de vacaciones sin retorno: de verano en aquel momento, de Navidad en esta ocasión. Incluso el lugar designado para que Rivas lleve a su pequeño es el mismo que fue entonces. Cambia la hora: en 2017 estaba citada a las 16.30; ahora, Rivas tiene entre las 10.00 y las 11.00. Pequeñas diferencias aparte, el asunto es grave porque mantiene a un menor en una vorágine sin fin para la que no se prevé ninguna salida próxima.

Judicialmente, la situación antes y ahora tiene muchos puntos comunes, aunque una diferencia notable. En 2017, en Italia, había una sentencia favorable al padre que le otorgaba la guarda y custodia de los menores, y una denuncia por secuestro internacional de menores de Arcuri contra Rivas. Este pasado 18 de febrero, la jueza Maria Teresa Spanu, desde Cagliari (Cerdeña), volvía a otorgar la custodia exclusiva al padre de Daniel, que cinco meses después sigue en Granada, y ordenaba el retorno a Italia. El paralelismo se rompe, radicalmente, con una acusación que jamás antes había sido tenida en cuenta en Italia. Por primera vez, Arcuri se enfrenta en Italia a un juicio por presunto maltrato “grave y habitual” a sus dos hijos. El tribunal ha convocado a las partes el próximo 18 de septiembre. Este juicio y esa grave acusación son las que los defensores de Rivas han alegado para retrasar la entrega del menor al padre. La defensa de Arcuri alega que el propio fiscal de menores, que conoce la investigación contra él, determinó en enero que “no existen obstáculos para el retorno del menor a Cerdeña”.

Preguntada si, a diferencia de lo ocurrido en 2017, Juana Rivas va a cumplir con el retorno del niño a Arcuri, María Martos, portavoz del despacho de abogados Aránguez, representante de la madre y ahora también de su hijo Gabriel, responde que “la instrucción de este despacho es que las resoluciones judiciales se van a cumplir. Esa fue la condición que impusimos cuando asumimos el caso”. Tampoco eso difiere del consejo legal que la abogada de Rivas entonces, María Castillo, le dio en la primera ocasión. Pero en este caso, es relevante la opinión de quien o quienes en la primera ocasión le aconsejaron no presentarse. Ese consejo provocó que madre e hijos desaparecieran desde aquel 26 de julio en que estaban convocados hasta el 28 de agosto siguiente, en el que se presentaron en la comandancia de la Guardia Civil.

Todo aquello derivó en un juicio un año después, con una condena por dos delitos de sustracción de menores que el juez Manuel Piñar elevó hasta los cinco años de prisión, pérdida de la patria potestad y una indemnización. A finales de 2021, el Gobierno indultó parcialmente la pena, “a condición de que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto”. Esos cuatro años se cumplen el próximo 21 de noviembre, lo que hace que la situación sea especialmente delicada para Rivas.

Aquel agosto de 2017, ella escribió un correo electrónico a los medios desde su escondite, en el que decía: “Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada malo. Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí. Señores jueces, lo que estoy haciendo no es un desafío, es supervivencia. Legalmente lo he intentado todo y no me han dejado otro camino. Esconderme es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Pero no puede ser para siempre. Por favor, paren esta locura”.

Por lo demás, un recuento básico y no exhaustivo nos lleva al año 2016, aunque no hay nada básico en una situación en la que dos niños y dos adultos sufren, bregan, se enrocan o se empecinan, según el lado elegido, desde hace tanto tiempo. Juana viajó a Granada en 2016 desde Italia con sus dos hijos y no regresó con ellos. Semanas después, denunció a Arcuri por malos tratos ocurridos presuntamente desde hacía tres años en Carloforte, Cerdeña, donde vivían. La respuesta judicial fue que denunciara en Italia. Él la denunció por secuestro y, dos años y mucho movimiento judicial y político después, fue condenada a esos cinco años que luego fueron indultados.

En los últimos años, con los niños en Italia, ella viajaba periódicamente a verlos. Las primeras visitas terminaban siempre en una nueva denuncia contra Arcuri, que la justicia italiana no consideraba. Los tribunales españoles, en general, se han remitido a las decisiones del país del padre, donde hasta ahora siempre le han dado la razón.

Desde el principio, Rivas ha tenido de su parte más a la opinión pública española que a la justicia, aunque con el paso del tiempo ha ido decayendo también el interés. Con los abogados defensores ha tenido sus más y sus menos. Los dos primeros, María Castillo y José Estanislao López, dejaron el caso alegando presiones e injerencias. Se referían a lo que se ha dado en llamar el entorno de Rivas, visualizado en la directora del Centro de Mujeres de Maracena, Francisca Granados. Este diario ha preguntado al gabinete de prensa del Ayuntamiento por las gestiones del centro en los últimos días. “Nunca hemos dejado de estar ayudando a Juana y a sus hijos”, han respondido, “y estamos gestionando todo en estos momentos para que Daniel se quede”.

Desde que la semana pasada se conoció la obligación de entregar al menor, la actividad jurídica y extrajurídica ha sido intensa: los abogados han recurrido la entrega ante la Audiencia Provincial y el entorno ha puesto en marcha apelaciones de ayuda a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Esta ha informado de una carta escrita ―o firmada― por el menor, en la que le narraba situaciones “muy duras” vividas por él. La carta, que no se ha hecho pública, le ha servido a la ministra para solicitar a la fiscalía que tome medidas para que el menor sea escuchado en un tribunal antes del martes. En la tarde noche del domingo, el hermano mayor, Gabriel, dirigió otra carta pidiendo ayuda al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Es difícil saber, horas antes, qué ocurrirá el martes entre las 10.00 y las 11.00 en el caso Juana Rivas. Aquel agosto de 2017, en la carta durante su huida, Rivas, que ya no habla con los medios de comunicación, escribió: “Quiero darle este mensaje a la jueza de la instancia número 3 de Granada, por favor, si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar, que lo haga por favor. Que está todo documentado. Y que tanto mis hijos como yo merecemos un respeto”. Probablemente, tantos años después y si pudiera, Juana le enviaría ese mismo mensaje a ese mismo juzgado.