El hijo menor de Juana Rivas pide ayuda a la ministra de Juventud: 96 horas para intentar seguir en España

A falta de 96 horas, o menos según cuando el lector lea estas líneas, el equipo jurídico de Juana Rivas está desplegando todos sus recursos para conseguir que la madre, originaria de Maracena (Granada), no tenga que acudir el próximo martes por la mañana al lugar en el que una jueza le ha indicado que debe entregar a su hijo de 11 años, Daniel, a su padre. La jueza ha ordenado que el niño vuelva con Francesco Arcuri a Italia y sea ese su lugar de residencia habitual. Para evitarlo, el despacho de Carlos Aránguez trabaja en el diseño de una serie de acciones judiciales y extrajudiciales, y ha puesto ya en marcha las dos principales: un recurso ante los juzgados y una apelación muy directa del propio menor ante Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

En el caso de la ministra, Daniel ha enviado una carta a Rego, “muy dura”, cuenta la ministra a este diario, “explicando que siente miedo y que no quiere volver a Italia con su padre”. Tras la recepción de esa misiva, aclara Rego, desde su ministerio han enviado un escrito a la Fiscalía, “trasladando la urgencia de que la Justicia escuche a Daniel, lo que tiene que decir”. “Es su derecho. Hemos pedido a la Fiscalía que asegure la protección integral de Daniel, y su derecho a ser escuchado antes del martes por los órganos judiciales que se consideren, incluyendo el juzgado que emitió el auto de entrega”, continúa la ministra: “Desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a poner todos los recursos a nuestro alcance para proteger a Daniel”.

Durante la mañana del viernes, la ministra ha publicado en redes algunos datos concretos de esa carta. Según Rego, Daniel “relata que ha sufrido episodios muy graves de violencia en Italia (…) actos habituales y recurrentes (…) teme por su integridad y rechaza rotundamente la resolución judicial que le obliga a regresar”.

Antes, la ministra ya había reaccionado en redes sociales poniendo el ministerio a disposición de la familia Rivas. El jueves escribió que “es inhumano lo que están sufriendo Daniel y Juana Rivas. Volvemos a insistir en que la ley reconoce el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados. Pedimos exactamente eso. Ponemos el Ministerio de Juventud e Infancia a su disposición”.

En el ámbito judicial, los abogados ya han ejercido la única acción que tienen en sus manos en este momento, un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada al decreto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que el miércoles pasado obligó a Rivas a entregar a Daniel a su padre. En cualquier caso, este recurso no es suspensivo de la entrega, por lo que, excepto respuesta especialmente rápida de este órgano judicial, Rivas tendría que acudir el martes entre las 10.00 y las 11.00 al lugar decidido por la jueza.

Los antecedentes de lo ocurrido esta semana tienen su arranque concreto ―más allá de los nueve años que lleva este caso en marcha― en las últimas vacaciones navideñas. Entonces, Daniel vino a España a pasar las fiestas con su madre y hermano ―Gabriel, ya mayor de edad y residente con su madre en España―. Terminado el plazo permitido por un juez italiano, el menor no volvió con su padre. Tras varias idas y venidas en los juzgados, el 7 de enero una jueza permitió temporalmente que el niño se quedara en Granada. Mes y medio después, un tribunal italiano determinó que el niño debía volver con Arcuri, que tiene la guardia y custodia. Este miércoles, la jueza española determinó de manera definitiva cómo y cuándo debía hacerse ese retorno del niño con su padre.

La línea argumental y jurídica del escrito de la jueza española gira, básicamente, en torno a la idea de que lo que decide un tribunal de un país de la Unión Europea, y un tribunal italiano lo es, “no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo” y que se deben “acatar las resoluciones judiciales dictadas en el país de residencia de la familia en su día y dirimir allí las controversias existentes en relación con el hijo común”.

El recurso de Juana Rivas contra esa decisión, según explica María Martos, portavoz del equipo jurídico de Rivas, tiene como argumento precisamente la idea contraria. En cualquier otro país de la UE, en España, por ejemplo, se aplicaría lo que se llama “prejudicialidad penal”. Esta operaría a partir de la premisa de que en Italia existe un juicio penal pendiente contra el padre por presuntos malos tratos, lo que determinaría que el asunto civil ―la jueza que obliga a retornar al niño es por la vía civil― queda supeditado al asunto penal y no se debería tomar ninguna decisión de ese calibre que afecte al menor hasta que se conozca qué decide el tribunal italiano respecto a los malos tratos.

Por otro lado, los abogados del despacho Aránguez han trasladado a este periódico que trabajan también en una serie de escritos y peticiones de auxilio a otras instituciones nacionales e internacionales, sin determinar aún estas últimas. Así, María Martos, explica que se van a dirigir a las administraciones públicas que puedan ayudarlos: “A Presidencia de la Junta de Andalucía, al Ministerio de Infancia o al Defensor del Menor. Y también a organismos internacionales. No nos vamos a rendir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a Daniel”.