Los inuit frente al imperio norteamericano

Tras la agresión sobre Venezuela, Estados Unidos pone su atención en Groenlandia. Las amenazas que se ciernen sobre la isla ártica plantean serios desafíos en una región profundamente tensionada, y es que el Ártico se ha transformado radicalmente en los últimos años: de ser un espacio de ejemplar cooperación ha trasmutado en un espacio de clara tensión y competición geopolítica.

La ofensiva rusa sobre Ucrania ha provocado una ruptura de la cooperación en esta región. Su primer efecto fue la paralización de la actividad del Consejo Ártico. El 3 de marzo de 2022, los Estados árticos occidentales adoptaron una declaración conjunta en la que condenaban la invasión, denunciaban sus repercusiones en esa zona y, pese a reconocer el papel del Consejo Ártico como marco clave de cooperación circumpolar, acordaron suspender la participación de sus representantes en sus reuniones, cuando la presidencia correspondía entonces a la Federación Rusa. Tras concluir esa presidencia, el Consejo ha reanudado parte de su trabajo con la condición de que Rusia no intervenga, pero no puede decirse que haya recuperado la normalidad en sentido estricto. Uno de los efectos más claros ha sido el reajuste de las alianzas en el Ártico y el aumento de su militarización. Después de la agresión contra Ucrania, Suecia y Finlandia ingresaron en la OTAN. De este modo, salvo Rusia, todos los Estados árticos forman actualmente parte de esta organización defensiva. Al mismo tiempo, ha cobrado mayor peso la asociación entre Moscú y Pekín, visible también en el Ártico.

La Doctrina Marítima rusa de 2022 sostiene que la OTAN y Estados Unidos constituyen las principales amenazas para la seguridad de Rusia y afirma que la actividad de la OTAN en el Ártico busca una confrontación directa con la Federación Rusa y sus aliados. Por ello, considera inaceptable la ampliación de la infraestructura militar de la Alianza en la región. Esta visión se corresponde con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, que incorpora entre los intereses nacionales el desarrollo de la zona ártica rusa y de la Ruta del Norte, y fija como prioridades tanto la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas como la viabilidad de la Ruta del Norte durante todo el año.

Después de la adopción de las medidas coercitivas occidentales contra Rusia, Moscú ha intensificado sus vínculos con China, en lo que se ha denominado una “orientación hacia el Este”. China, que desde principios de siglo buscaba acercarse al Ártico, fue admitida como observador del Consejo Ártico en 2013 y desde entonces ha reforzado gradualmente esa estrategia. En 2018, se autodefinió como “Estado cercano al Ártico” en su Libro Blanco sobre la política en dicha zona y, junto con Rusia, impulsa la navegabilidad de la Ruta Polar de la Seda, que en gran parte discurre por el corredor marítimo sino-ruso, formalizado en 2023, y que utiliza la Ruta del Norte para conectar puertos árticos rusos con China. Pekín sostiene que ello ha afianzado su condición de Estado cercano al Ártico. Además, China se ha convertido en el principal sostén de Rusia para desarrollar allí grandes proyectos extractivos.

Por otro lado, Estados Unidos ha percibido esta alianza como una amenaza, una percepción que se intensificó durante la primera Administración de Trump y que en la actualidad vuelve a cobrar fuerza. En línea con ello, Washington ha endurecido su enfoque militar en la zona, como refleja la Estrategia Ártica 2024 del Departamento de Defensa, que se inscribe en la estela marcada por la estrategia del Ejército Regaining Arctic Dominance. Tras subrayar que EE UU es un país ártico, el documento sostiene que la cooperación en la zona entre China y la Federación Rusa, junto con la mayor presencia de Pekín, constituye un riesgo. Por eso, propone reforzar las capacidades de la Fuerza Conjunta del Ártico y mantener presencia en la región, tanto de manera unilateral como junto a socios, para “mostrar interoperabilidad y capacidades conjuntas creíbles”, al tiempo que se apoya la defensa del territorio nacional y las operaciones de proyección de poder global.

Resulta significativo que este giro se iniciara ya en el primer mandato de Trump y que, aunque con Joe Biden se impulsó una cooperación mayor con los aliados, la orientación estratégica no se modificó. Todo apuntaba a que, en un segundo mandato de Trump, esa línea se intensificaría y, a la vista de sus declaraciones sobre Groenlandia, la cooperación aliada podría debilitarse de forma notable o incluso desaparecer.

En consecuencia, dentro de un contexto cada vez más inestable, las ambiciones estatales se han agudizado, destacando por su dureza la pretensión estadounidense sobre Groenlandia. Una de las justificaciones invocadas por la nueva Administración es que Dinamarca no tendría capacidad suficiente para proteger Groenlandia frente a China ni para salvaguardar la propia seguridad de Estados Unidos. Trump señala como amenaza, especialmente, los intentos de Pekín de adquirir puertos o participar en proyectos mineros en la isla. Desde esa lógica, controlar Groenlandia permitiría a Washington alejar el riesgo ruso-chino y, además, asegurarse un acceso estable a recursos, lo que explica el marcado interés del actual ocupante del Despacho Oval por la mayor isla del planeta. Olvida Washington, no obstante, que estos intentos han sido frenados por Copenhague y que la presencia de China en la isla ártica es mínima. Además, existe un acuerdo de defensa de 1951 que permite a EE UU establecer y operar áreas de defensa en la isla, como la de Pituffik.

Groenlandia, además, no es un espacio vacío, sino que está habitada por unas 57.000 personas, la gran mayoría de ellas indígenas inuit. Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca, aunque goza de una amplia autonomía reconocida en la ley de autogobierno de 2009. Esta ley afirma en su preámbulo que el pueblo groenlandés posee, conforme al derecho internacional, el derecho a la libre determinación. Asimismo, amplía las atribuciones del Gobierno autónomo: con la excepción de la política exterior, la defensa y la política monetaria, pasa a asumir la gestión del resto de materias, en particular el control de los recursos y, por extensión, de las actividades e industrias extractivas. La norma incluye además un capítulo especialmente significativo —el octavo, titulado El acceso de Groenlandia a la independencia—. Integrado por un solo precepto (artículo 21), establece que la decisión sobre la independencia corresponde al pueblo de Groenlandia y que, si se opta por ella, el Gobierno autónomo deberá abrir negociaciones, cuyo resultado tendrá que someterse posteriormente a un referéndum. Por último, precisa que la independencia supondrá que Groenlandia asuma la soberanía sobre la totalidad de su territorio.

Es aquí donde Estados Unidos quiere jugar sus cartas con su diplomacia de la coerción. A pesar de que la mayoría del pueblo de Groenlandia rechaza la compra o la anexión de Estados Unidos, como se pudo apreciar en los resultados electorales del 11 de marzo de 2025, una Groenlandia independiente sería una Groenlandia debilitada, fuera del paraguas de protección que provee Copenhague, y que puede sufrir fuertes presiones de Washington para disponer del acceso total a los recursos y también a la construcción y control de las infraestructuras. En este escenario, estaríamos ante una Groenlandia independizada de Dinamarca en la que si bien su pueblo habría ejercido su derecho a la libre determinación externa podría ser víctima de técnicas neocoloniales que le privasen de la capacidad de gestionar sus alianzas, así como del control de sus recursos. No es esta una cuestión baladí en la isla. De hecho, existe un profundo debate acerca de las consecuencias de la explotación de los recursos sobre el medio ambiente y también sobre la forma de vida del pueblo inuit y sus usos y costumbres tradicionales. En este sentido, no hay que olvidar que Groenlandia se ha sumado a la iniciativa de no proceder a una extracción activa de hidrocarburos. Además, las condiciones de la isla y la ausencia de infraestructuras no hacen fácil tampoco la explotación de los recursos mineros; de hecho, un proyecto como el de Kvanefjeld-Kuannersuit hizo caer a un Gobierno.

Dada la delicada situación que se cierne sobre Groenlandia es absolutamente perentorio intentar reactivar los cauces diplomáticos para preservar los derechos del pueblo inuit y evitar los riesgos que una neocolonización pueda suponer. Y es aquí donde los Estados y las instituciones internacionales deben jugar un papel crucial. La declaración conjunta, el pasado día 6, de los presidentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, que alude a la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, como la soberanía y la integridad territorial, va en el camino correcto: el del respeto del derecho internacional. Porque solo a través del respeto del derecho internacional el pueblo inuit se verá libre de amenazas y podrá ejercer sus derechos.