Groenlandia no se defiende (solo) con un título de soberanía

El presidente de los Estados Unidos ha expresado con claridad su interés por Groenlandia. Las manifestaciones a este respecto datan de su primer mandato, pero entonces fueron consideras una extravagancia propia de un mandatario poco convencional. La atención que la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente aprobada dedica a este territorio invita a tomarse el asunto más en serio. Con todo, lo realmente inquietante no está tanto en escuchar a distintos portavoces de la Administración norteamericana decir que Estados Unidos se hará con la isla “por las buenas o por las malas”, como en la credibilidad que adquiere lo dicho tras la intervención ilegal en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha declarado, sin rodeos, que su acción política no encuentra límite en el derecho internacional y, en esta misma línea, ha cuestionado también la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia al afirmar, de manera burlona, que “el hecho de que [los daneses] desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”.

Pues bien, a fecha de hoy, no hay duda jurídica alguna que permita cuestionar la soberanía de Dinamarca sobre el territorio de Groenlandia, que disfruta de un régimen de autonomía política adoptado en 1979 y reforzado en 2009. La soberanía danesa sobre la isla existe, al menos, desde el siglo XVIII. No fue, sin embargo, hasta el siglo XX (1915 a 1921) cuando Dinamarca se dirigió a los gobiernos de Estados Unidos de América, Reino Unido, Italia, Francia, Japón y Suecia con el fin de obtener de ellos garantías del reconocimiento de su soberanía sobre la totalidad del territorio, incluida la parte oriental (no colonizada) de la isla. Lo propio ocurrió con Noruega que, a pesar de haber realizado compromisos de reconocimiento de la soberanía de Dinamarca en diferentes momentos (Tratado de Kiel de 1814, Acuerdos de 1826 o Declaración de Ihlen de 1919), reivindicó sobre la costa oriental unos derechos de pesca y caza que le fueron concedidos mediante un Tratado en 1924.

Nada de lo expuesto impidió, sin embargo, que en 1931 unos cazadores noruegos izaran la bandera de Noruega en la bahía Mackenzie, en la costa este de Groenlandia. Apenas un par de semanas después de este hecho, Noruega dictó una resolución real de ocupación apelando a unos pretendidos derechos de caza y pesca sobre el territorio que pasaron a denominar “tierra de Eirik Raudes” (Erik El Rojo). Tales hechos fueron sometidos por Dinamarca al Tribunal Permanente de Justicia Internacional (predecesor del actual Tribunal Internacional de Justicia) quien dictó sentencia el 5 de abril de 1933. El fallo constató la soberanía de Dinamarca sobre todo el territorio de Groenlandia al señalar probada la voluntad Dinamarca de ejercer su soberanía de forma continua y pacífica, además de haberse constatado la existencia de actividad estatal sobre todo el territorio.

La soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia no es, por tanto, una cuestión jurídicamente discutible y, en consecuencia, le corresponde a este país y, en su caso, a los habitantes de Groenlandia decidir sobre el futuro de la isla. La cesión (onerosa o gratuita) de un territorio por parte del Estado soberano a otro Estado es un justo título admitido en derecho internacional, pero en ningún caso resulta admisible en Derecho la pretensión de hacerse con una parte del territorio de otro Estado “por las malas”. No importa la fórmula elegida para dotar de significado una declaración como la expuesta ni la razón que pudiera llegar a aducirse para ello. Cuestión distinta es la manera en la que Dinamarca podría hacer valer sus derechos en una circunstancia así, donde la OTAN dejaría de resultar una estructura de defensa operativa y la no pertenencia de Groenlandia a la Unión Europea, tras su abandono en 1985, deja sin efecto la cláusula de asistencia mutua. Un hipotético recurso ante el Tribunal Internacional de Justicia no parece que fuera tampoco un obstáculo suficiente para frenar una acción contraria al derecho internacional.

La justificación que los Estados Unidos alegan de manera enfática para legitimar su interés por Groenlandia no es otra que la seguridad nacional, aunque ya cuentan en la isla con una base aérea que les permite disponer de un sistema de alerta temprana de misiles balísticos. Pero más allá de la cuestión de seguridad, es ingenuo ignorar otras razones por las que este territorio resulta deseable. Como es sabido, Groenlandia dispone de una riqueza importante en recursos naturales en forma de reservas de petróleo no descubierto, de gas o las tan preciadas tierras raras. Groenlandia resulta apetecible para Estados Unidos también por su proximidad al Ártico, un espacio en disputa al que se asoman cinco países ribereños (Canadá, Dinamarca, Rusia, Estados Unidos y Noruega) y tres Estados sin litoral (Finlandia, Suecia e Islandia). Es en el Ártico donde Rusia y China no solo se manifiestan particularmente activos, sino que alinean sus intereses en torno a acuerdos en materia de infraestructuras o sobre el aprovechamiento de la Ruta del Mar del Norte como corredor, lo que convierte la zona en un punto caliente del planeta.

Pero, ¿servirá un título de soberanía como el que dispone Dinamarca sobre Groenlandia para frenar las pretensiones imperialistas de Estados Unidos? No lo parece si atendemos a los intereses en juego y a la determinación con la que se pretenden defender. Y, en ese caso, ¿qué hacer? Las respuestas, lamentablemente, no parecen encontrarse ya en los manuales de Derecho.