La UCO también implica a Pardo de Vera en la trama de amaños para comprar mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone de nuevo bajo el foco a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Los agentes han entregado un nuevo informe al juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, donde se implica a la ex alto cargo en la trama de presuntos amaños de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia. Hasta ahora, Pardo de Vera se encontraba investigada por la contratación “irregular” de una expareja de José Luis Ábalos, otrora ministro de Transportes, y por la supuesta red de influencias urdida para adjudicar obra pública a cambio de mordidas.

En este informe, fechado el 24 de febrero y al que tuvo acceso EL PAÍS, los investigadores presentan al juez Moreno las conclusiones que pidió sobre el registro efectuado en dos domicilios de Pardo de Vera el pasado junio. Los funcionarios intervinieron en sus casas hasta nueve “evidencias digitales” (dispositivos electrónicos) y tres documentales. Ahora, la Guardia Civil avisa al instructor de que “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”, lo que les ha obligado a “recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados” para poder reconstruir varias de las comunicaciones.

El instituto armado ha identificado “nuevas comunicaciones” que apuntan, según el documento policial, a la “intervención” de Pardo de Vera en la adjudicación por parte de Adif a Soluciones de Gestión ―empresa vinculada a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo―, de un contrato formalizado el 27 de marzo 2020 para comprar 5 millones de mascarillas por 12,5 millones de euros. “Se ha constatado que Isabel intercambió mensajes con Koldo García [asesor de Ábalos] con carácter previo a la adjudicación del contrato por dicha entidad”, escribe la UCO.

Las pesquisas apuntaban al, en ese momento, director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, como el enlace de la empresa pública con la supuesta trama. La propia Pardo de Vera declaró que él era el encargado de esa adjudicación, al tiempo que negó haber recibido órdenes para contratar a Soluciones de Gestión, aunque sí reconoció presiones de Ábalos y su gabinete para que la adjudicación se solventara cuanto antes.

Sin embargo, tras este último análisis, los investigadores sospechan que Pardo de Vera tuvo un papel más directo en esta contratación, hasta el punto de que afirman que “se valió” de Michaux para “la gestión del material sanitario”.

Por ejemplo, la UCO destaca un mensaje de WhatsApp enviado el 26 de marzo de 2020, un día antes de formalizar el contrato, por el exasesor de Ábalos a Pardo de Vera con el contacto del socio principal de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche. “El Íñigo es el del contrato”, le dijo. Para la Guardia Civil, esto revela que la expresidenta de Adif “ya conocería a qué contrato se estaba refiriendo”.

A partir de ese momento, se inició un intercambio de correos electrónicos entre Miranda y Rotaeche que se prolongó hasta el 15 de abril de ese año. El mismo día que se formalizó el contrato, el 27 de marzo, Pardo de Vera mandó a García un pantallazo de uno de esos emails. A lo que el exasesor contestó: “Perdona Isabel, de nuevo me llaman y me dicen que no tienen la factura proforma para la empresa firmada”. Ese sería “el único obstáculo para que se procediera a la consignación del importe en la cuenta correspondiente”, explican los investigadores. Pardo de Vera le contestó que la documentación estaba debidamente firmada, pero se comprometió a hacer las comprobaciones oportunas. “Me han dicho que está todo ok”, ratificó y le envió el papel rubricado por ella misma y Miranda.

Cuestionó que se eligiera la empresa más cara

Poco después, el 2 de abril, Pardo de Vera se puso en contacto con García porque no entendía por qué se había acudido a Soluciones de Gestión --que ofrecía 8 millones de mascarillas por 2,50 euros cada una—cuando había otra empresa, Injoo Technology, con la que ya había trabajado Adif y con la que habían comprado un millón de mascarillas por 2,10 euros la unidad, cuando ambas mercantiles presentaban los mismos problemas de suministro. Según refleja la UCO, había otras cuatro empresas con ofertas más baratas. “Por favor, llámame”, le replicó García hasta dos veces.

La Guardia Civil detecta un segundo nivel de intervención de Pardo de Vera en esta adjudicación por los problemas derivados de la ejecución del contrato. Así, menciona una segunda cadena de emails que comienza con Aldama y acaba en la expresidenta de Adif, con el exasesor como intermediario. En particular, recoge unos pantallazos que el empresario mandó a García con un correo electrónico donde Adif recordaba a Soluciones de Gestión sus obligaciones como importador, que incluían la certificación de las mascarillas en origen y destino. El exasesor rebotó esas mismas imágenes a Pardo de Vera, haciéndola partícipe del incidente.

Además, la UCO señala “una serie de conversaciones” entre la expresidenta de Adif y Miranda “de las que se desprende el papel de la primera en la contratación de empresas ligadas al entorno” de García. El 9 de marzo de 2024, envió a su subordinado una noticia de La Sexta donde se decía: “El ginecólogo de la mujer de Koldo García también consiguió un contrato con Adif en 2020″. “¿Cómo iba a firmar yo un contrato menor?”, le preguntó. Miranda respondió “indicando la conveniencia de mantener un encuentro presencial” y añadiendo: “Debe de ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia”. Tras ello hablaron cinco minutos por teléfono.

Meses después, Pardo de Vera le remitió otra noticia, esta vez de The Objective, cuyo titular era: “Un ex alto cargo de Adif apunta a Pardo de Vera como contacto con la empresa del ‘caso Koldo’”. “Me quedo sin palabras, Michaux”, apostilló. Miranda intentó contactar con ella mediante una llamada de WhatsApp, pero al no lograrlo optó por contestar por escrito. “Afirmé que tú me rebotaste el contacto de Puertos (del Estado) y de Soluciones (de Gestión) que a su vez te habían pasado desde Puertos a ti. No entiendo el titular cuando tú misma lo comentaste”, expuso. “Eso es cierto, esto de los medios es tremendo”, concedió ella y remató: “Ánimo que esto pasa, no nos merecemos esto”.

Para la UCO, esta conversación es “significativa” porque de ella se desprendería que García facilitó los contactos clave a Pardo de Vera. La expresidenta de Adif informó a “un tercero de su confianza”, reconociendo que “fue ella quien recibió los puntos de contacto, tanto de Soluciones de Gestión como de Puertos del Estado”, anudan los investigadores.

A lo largo del informe, los agentes también ponen de relieve posibles contradicciones entre la declaración prestada ante ellos por Pardo de Vera en febrero de 2024 (tras la detención del asesor de Ábalos) y el contenido interceptado en las comunicaciones. Según incide la UCO, la expresidenta de Adif manifestó que no sabía ni recordaba cómo se había contactado con Soluciones de Gestión; pese a que se ha observado que García le “facilitó” a ella los contactos de Rotaeche y Álvaro Sánchez Manzanares, de Puertos del Estado.

“Ministro, te mando contacto”

Los investigadores han detectado igualmente que Pardo de Vera contactó con Ábalos el 21 de febrero de 2024, “horas más tarde de finalizar su declaración” ante el instituto armado tras el arresto de Koldo García, y le facilitó el contacto de la letrada Rosa María Seoane. “Ministro, te mando contacto de Rosa Seoane, ha sido la SG de Adif hasta que Chelo la tuvo que incorporar para dirigir penal, ahora lleva el mejor despacho de penal de este país. Para mi la mejor profesional”, reza el mensaje que le remitió.

Citación de Aldama

Paralelamente, según informan fuentes jurídicas, el juez Ismael Moreno ha citado a Víctor de Aldama para que le entregue el próximo marzo un sobre con las siglas de PDVSA (la petrolera estatal venezolana), que el comisionista vinculó con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. La UCO detectó su existencia en una conversación de WhatsApp intervenida a la trama: un colaborador del empresario le envío una foto del sobre, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría hecho llegar a Aldama en febrero de 2020. La UCO sospecha desde hace meses que contenía “documentación sensible” y que se lo entregó a uno de sus socios para que no fuera interceptado.