La UCO registra los domicilios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este jueves por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, los domicilios particulares de la que fuera presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y ex número dos del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. Ambos ex altos cargos del Ministerio de Transportes aparecen señalados en los últimos informes del instituto armado sobre la trama que presuntamente amaño contratos públicos en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento (de junio de 2018 a julio de 2021). Los agentes también han acudido, por segunda vez en una semana, a las oficinas de Adif y a la sede del ministerio para requerir la entrega de nueva documentación sobre licitaciones bajo sospecha.

Los registros se producen después de que la pasada semana el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que lleva la causa en la que están imputados el propio Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pidiera a la Audiencia Nacional que imputara a Pardo de Vera y a Herrero al considerar que, tras el informe de la UCO del pasado 5 de junio, se desprendía la existencia de “indicios consistentes” de la participación en ambos en la trama para el supuesto amaño de contratos millonarios. Puente no los imputó directamente porque el Supremo había acordado que solo indagaría sobre Ábalos (actualmente es el único aforado salpicado, puesto que Cerdán dejó el escaño) y aquellas actuaciones o personas que tuvieran una vinculación relevante con el diputado.

En aquel escrito, el magistrado apuntaba que Herrero y Pardo de Vera “hubieran podido prestar asistencia al aforado José Luis Ábalos a través de quien oficiaba como su asesor, el también investigado Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”. El magistrado señalaba que, según se desprendía de las comunicaciones interceptadas y de las grabaciones del que fuera ayudante del ministro de Transportes, constaban indicios suficientes de que ambos podrían haber “facilitado de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que [Ábalos], a través de su asesor, les impartía”.

Este documento policial ―que dio pie a que los agentes realizaran 11 registros el pasado 10 de junio, uno de ellos en la vivienda del exministro― apuntaba ya a varios expedientes concretos de licitación como sospechosos de haber sido amañados. En concreto, a cuatro tramitados por Adif (que presidía Pardo de Vera) y a cinco por la Dirección General de Carreteras (que encabezaba Herrero). Las tres empresas que se habían hecho con aquellas obras ―Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas Regadíos (OPR)― también fueron registradas o se les requirió documentación referida a estos concursos aquel día. El viernes de la semana pasada, la Guardia Civil acudía a clonar el correo electrónico de Cerdán a la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y el de Ábalos al Ministerio de Transportes, además de intervenir nueva documentación de cinco expedientes de adjudicación de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras.

El informe de la UCO recogía grabaciones y comunicaciones de Pardo de Vera y Herrero donde conversaban con Koldo García de varias adjudicaciones bajo sospecha. Entre otras, los agentes destacaban un mensaje enviado a través de la aplicación WhatsApp en abril de 2019 por Herrero al asesor de Ábalos: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”. La Guardia Civil subrayaba que el entonces director general de Carreteras remitió ese wasap al asesor de Ábalos después de que una de las empresas bajo sospecha, OPR, perdiese un concurso público. Además, el alto cargo de Transportes añadió: “Estoy apretando en Asturias”. Los investigadores vinculaban esa afirmación con que, posteriormente, OPR ganó el proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias). “Habiendo obtenido la puntuación técnica más alta y siendo la décima oferta más económica”, recalcaba el documento policial.

En su informe, los agentes destacaban la importancia que daban los implicados a que las ofertas económicas de las supuestas constructoras corruptoras no fueran tan bajas que se tuviesen que descartar por considerarse “temerarias”; para que, “de este modo, una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación”. La tesis que sostenía la UCO es que, así, no habría “requerido la participación ilícita de la mesa de contratación”, sino que habría sido suficiente con la “participación de las personas que realizaban los informes técnicos”. “De esta forma, únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas”, apostillaba el documento policial.

Pardo de Vera ya se encuentra imputada en la Audiencia Nacional por otra línea de investigación del caso: la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica R., antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. El magistrado Puente también envió esta parte de la causa a la Audiencia Nacional para que esta decidiera si la imputaba por ello. Un paso que dio el juez Moreno el pasado 20 de mayo, cuando atribuyó a la expresidenta de Adif los delitos de malversación y tráfico de influencias.