Aldama vincula un sobre de PDVSA procedente de Delcy Rodríguez con supuesta financiación ilegal del PSOE

El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha vuelto a comparecer este jueves como imputado pero esta vez ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, Santiago Pedraz. En esta ocasión, ha contado que el sobre de PDVSA que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en una conversación de WhatsApp con otro empresario se lo entregó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al tiempo que lo ha vinculado con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Se trata de un sobre que apareció en una fotografía donde se podía ver como remitente al entonces presidente de la petrolera venezolana, Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria a Rodríguez. La UCO sospecha que Aldama entregó a uno de sus socios, Alberto Escolano, este sobre para que se lo custodiara. Cuando los agentes detuvieron a este segundo empresario, no lo encontraron.

El fiscal anticorrupción le ha preguntado por este sobre pero Aldama se ha negado a dar más detalles, ni acerca de su contenido ni de su finalidad concreta. Solo ha confirmado que se le entregó Rodríguez. Y lo ha vinculado a una supuesta financiación ilegal del PSOE. Cuando el fiscal ha querido saber más sobre esa supuesta entrada de dinero ilegal al partido, el presunto conseguidor le ha replicado: “Eso es un tema que estamos llevando usted y yo en privado, pero si quiere le respondo”. Finalmente, no lo ha hecho. El empresario también ha relacionado ese sobre con otra supuesta financiación ilegal de la Internacional Socialista, sin profundizar en ello. En declaraciones a la prensa, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, lo ha asociado a la elección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2022 como líder de la Internacional Socialista, aunque Aldama no ha aludido a ello ante el juez.

En esta nueva comparecencia, el empresario también ha puesto el foco sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aldama ha sostenido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que el entonces presidente de Canarias intentó sacar adelante un negocio con Koldo García, que en ese momento era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y otro empresario, Manuel Salles, que consistiría en instalar unos depósitos fiscales ―contenedores donde se almacena el combustible― en la zona portuaria exenta de impuestos. De acuerdo con su versión, Salles y García llegaron a viajar a las islas para reunirse con Torres y tratar este asunto. El negocio no salió, ha indicado Aldama.

No es la primera vez que el nombre de Torres aparece en el complejo entramado del caso Koldo. Ante el instructor del Supremo, Leopoldo Puente, Aldama aseguró que era uno de los beneficiarios, junto a Ábalos y su exasesor, de los “pisos con señoritas” que pagaban él y sus socios a cambio de supuestos favores políticos, algo que el dirigente socialista negó tajantemente. Además, en los informes de la UCO, Torres aparece en las conversaciones de la presunta trama para vender mascarillas y test de antígenos al Gobierno canario. Respecto a esto, el ministro ha rechazado ilegalidad alguna.

Desvincula al dueño de Villafuel de las presuntas corruptelas

En lo tocante al presunto fraude de combustibles que se investiga en esta causa, que el juez ha llegado a cifrar en 220 millones de euros, Aldama ha alejado las sospechas de su socio Claudio Rivas, dueño de Villafuel, la empresa de hidrocarburos que se sitúa en el epicentro de esta otra trama. La Guardia Civil apuntó en un informe que ambos encabezarían una organización criminal “especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en este sector estratégico”. Los agentes creen que dedicaron “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y otros cargos públicos para, entre otras cosas, que Villafuel obtuviera el permiso administrativo como operadora de hidrocarburos.

En cambio, Aldama ha afirmado este jueves que en realidad fue Carmen Pano, otra empresaria a la que la UCO señala como testaferro de Rivas y su emporio empresarial, quien pagó para conseguir favores pero para otra mercantil, Have Got Time. Ha relatado que Pano le dio entre 40.000 y 50.000 euros para que él a su vez se los entregara a Ábalos y Koldo. De hecho, ha ironizado con que, si Villafuel hubiese buscado la ayuda del Gobierno para obtener la licencia de operadora, no habría tardado casi dos años.

Además, ha negado lo que Pano ha ratificado en varias ocasiones, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, que Aldama le habría dado 90.000 euros en metálico que ella llevó físicamente a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para entregarlos. “Es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 en Ferraz porque yo se los haya dado”, ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida de la sede judicial.

Interrogado por los medios sobre su rol en la trama de hidrocarburos, Aldama se ha desvinculado, ciñendo su relación con Rivas a negocios inmobiliarios. En esta línea, ha negado que pagaran ese millón de euros para comprar voluntades, achacando esa cifra a un cálculo equivocado de la Guardia Civil donde incluiría el valor del chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que Have Got Time adquirió y luego alquiló a Ábalos para las vacaciones familiares de 2021.

Aldama se ha perfilado como un mero intermediario, rechazando que cobrara comisiones ilegales. “Yo todo lo que he cobrado lo he facturado y he pagado impuestos, tanto en Portugal como en España”, ha zanjado ante los medios de comunicación.