La UCO concluye que la trama de hidrocarburos destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y cargos públicos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la trama de hidrocarburos que dirigían presuntamente Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas instrumentalizaron una serie de empresas para destinar pagos de “aproximadamente un millón de euros” para “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de la Administración. Los investigadores, que analizan cómo la presunta organización criminal consiguió una licencia para operar con combustible, consideran que la organización pudo penetrar en los “niveles directivos” no solo de ese Ministerio, sino también del de Industria y Transición Ecológica.

En un nuevo informe que la UCO ha presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, los agentes revelan nuevas conversaciones como una con fecha del 27 de junio de 2020 en la que la hija de Carmen Pano (la empresaria que asegura que llevó dinero en efectivo a la sede de Ferraz) contó a su pareja sentimental que el exministro le había propuesto trabajo. “Ábalos me ha ofrecido trabajar en su gabinete de asesores, por supuesto que me he negado”, señala esta conversación.

En este nuevo informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes determinan las circunstancias en las que se consiguió la autorización que facultó a la mercantil Villafuel S.L. a la licencia de hidrocarburos. Rivas se “interesó” por la intermediación de Aldama “con el propósito de obtener la influencia” de Ábalos y que éste incidiera en órganos ministeriales para “agilizar” la concesión. A cambio, hubo contraprestaciones económicas.

A través de Have Got Time S.L., empresa que generó un fraude millonario de más de 49 millones de euros entre los años 2021 y 2022 los empresarios pagaron a Ábalos en concepto de “dádivas y contraprestaciones ilícitas”.

La UCO refleja una enorme contundencia desde las primeras páginas. Tras situar al comisionista Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas en la cúspide de una “organización criminal” dedicada al fraude de hidrocarburos, los agentes recalcan que existen “bastantes” indicios sobre su “posible penetración” a “niveles directivos” de tres ministerios diferentes: el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; el de Industria, Comercio y Turismo; y el de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El comisionista ya emergió como una de las figuras claves en la presunta trama de adjudicaciones irregulares de compraventa de mascarillas en Transportes durante la época de Ábalos al frente de esa cartera. Pero este sumario apunta que los intereses de Aldama iban más allá de esos contratos. Según la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, sus contactos con el integrante del Ejecutivo y su entorno buscaba igualmente “influir en la resolución administrativa” para que la mercantil Villafuel obtuviera la “autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. “Todo ello a cambio de una contraprestación económica”, apostilla el informe conocido este jueves.

El 19 de diciembre de 2020, Rivas a través de Carmen Pano y de su hija solicita la posibilidad de mediar con el ministro Ábalos para que “ejerciera su influencia”. Ellas recurren a Aldama, que contesta: “Okkkkk lo tengo fácil jajajajaja (sic) tendría que ver cuánto pagan para ver si interesa mover todo”. El comisionista, finalmente, “logró el acuerdo para que el ministro José Luis Ábalos influyera en favor de los intereses de Claudio Rivas”, dice la UCO. Mantuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales, entre ellos el jefe de gabinete del Ministerio de Industria y Comercio, Juan Ignacio Díaz Bidart; y con el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Isaac Pons Pons. Además, los agentes hablan de intermediación con el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.