Bruselas rechaza crear un mecanismo de financiación específico para garantizar el aborto seguro en toda la UE

La Comisión Europea ha rechazado la demanda de la campaña ciudadana ‘Mi voz, mi decisión’ de establecer un mecanismo financiero europeo específico para permitir que todas las mujeres en Europa puedan tener acceso a un aborto seguro y asequible, incluso si su país de origen no garantiza este derecho. No obstante, el Ejecutivo europeo, que no tiene competencia directa para legislar sobre el aborto, deja la puerta abierta a que la interrupción voluntaria del embarazo pueda financiarse con fondos europeos al proponer que los Estados que así lo deseen puedan hacer uso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con este fin. Eso sí, sin dinero extra europeo.

Además, la vía que propone Bruselas dependerá de que haya países dispuestos a destinar parte de esos fondos asignados sobre todo para políticas de cohesión y relacionadas con el empleo a garantizar el acceso al aborto asequible a mujeres que no necesariamente provienen de ese mismo Estado. Según la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, hay ya al menos diez países que apoyan esta iniciativa.

“Los Estados miembros pueden, si lo desean, utilizar el FSE+ para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de aborto seguro”, explica el Ejecutivo europeo en su respuesta a ‘Mi voz, mi decisión’. Por lo tanto, agrega, “la Comisión considera que no es necesario (…) presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de acto jurídico por el que se establezca un nuevo programa de financiación, tal y como se ha solicitado”.

Teóricamente, ha reconocido la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales, Roxana Minzatu, ya se podía hacer uso de estos fondos para cuestiones de salud como el aborto. Pero la comunicación presentada ahora por el Ejecutivo europeo, “es la primera vez que aclaramos que sí, que el acceso a un aborto seguro para mujeres, es elegible para el ESF+, aclaramos que es posible” destinarlos para ese propósito, ha defendido.

En rueda de prensa también desde Bruselas, la coordinadora de ‘Mi voz, mi decisión’, Nika Kovač, ha reconocido la “decepción” del movimiento con la falta de fondos adicionales. Pero rodeada de eurodiputados progresistas, ha querido celebrar que, “por primera vez, la Comisión Europea se pronuncia claramente” sobre esta cuestión tabú en muchos países aún y dice que “los fondos europeos pueden ser usados para garantizar el acceso a un aborto seguro”. Por eso, ha reivindicado, “hoy es una victoria para las mujeres en Europa y para la democracia europea”.

La Comisión responde así a la iniciativa de la campaña ‘Mi voz, mi decisión’ que, con más de un millón de voces de apoyo, reclamaba que el Ejecutivo europeo planteara la creación de un mecanismo de financiación específico que garantice, en vista de las trabas a la interrupción voluntaria del embarazo que se ponen en muchos países, que todas las mujeres en la UE tengan acceso a servicios de aborto seguro y atención sanitaria reproductiva, independientemente de sus ingresos o de su lugar de residencia. Los peticionarios reclamaban que Bruselas presentara una propuesta para un “mecanismo de adhesión voluntaria” para que los países que se adhirieran al mismo y apoyaran financieramente las interrupciones seguras del embarazo “para cualquier persona en Europa que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal”, recibieran, a su vez, “apoyo financiero de la UE para compensar el peso de este esfuerzo solidario”.

En su respuesta, la Comisión recuerda que su competencia en materia de sanidad es limitada y que, sobre todo, debe “respetar los límites” establecidos en los tratados, que dejan claro que “el apoyo financiero está dentro de las competencias europeas, pero solo para acciones alineadas con la legislación del Estado miembro donde se realizan y solo también mientras dicha financiación no socave, directa o indirectamente, la competencia de los Estados miembros para organizar su sistema de salud, incluidas sus decisiones bioéticas”.

“Esto implica que cualquier mecanismo de financiación de la UE debe ser totalmente neutral en cuanto al lugar de origen/residencia de las pacientes y no puede dirigirse específicamente a mujeres de Estados miembros en los que el aborto en cuestión no sería legalmente posible”, subraya Bruselas.

El FSE+, cuyo uso propone en compensación la Comisión, es el principal instrumento de la UE para “invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”, y cuenta con un presupuesto de 142.000 millones de euros hasta 2027. Aunque tiene un carácter marcadamente económico —sus ámbitos principales son el empleo, educación y capacidades, así como la inclusión social— también la salud y el acceso a “servicios esenciales” forman parte de los 20 principios establecidos en el pilar europeo. De hecho, destaca al respecto la Comisión en su respuesta: “el FSE+ tiene como objetivo, entre otras cosas, reducir las desigualdades en materia de salud y garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a los servicios sanitarios esenciales”.

Son los Estados los que gestionan principalmente este fondo, mientras que la Comisión desempeña un papel de “supervisión”. Según la propuesta ahora desvelada, la idea es que los países, de forma voluntaria, propongan a la Comisión una enmienda de sus programas nacionales o regionales para “incluir, si así lo desean, una acción destinada a facilitar el acceso a servicios de aborto legales, seguros y asequibles”.

La campaña ‘Mi voz, mi decisión’ comenzó en 2024, en plena oleada conservadora internacional contra el aborto legal, como una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Esta vía, que permite que, si un millón de ciudadanos europeos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE firman una iniciativa pidiéndole a la Comisión que proponga legislación en ámbitos de su competencia, el Ejecutivo europeo debe responder a esta petición, que es lo que ha hecho ahora. La petición de esta campaña a favor de un “aborto seguro y accesible” superó además todas las expectativas: reunió 1.124.513 firmas verificadas en 19 Estados miembros, convirtiéndose en la duodécima ICE que pasaba a ser aceptada.

Tras su presentación oficial ante la Comisión, el 1 de octubre del año pasado, sus representantes la defendieron en una audiencia pública en el Parlamento Europeo un mes más tarde y, en diciembre, la Eurocámara, pese a estar muy marcada por las fuerzas ultraconservadoras, emitió una resolución en apoyo a la iniciativa. Aunque las resoluciones parlamentarias no son vinculantes, el mensaje era claro: el hemiciclo respaldaba que la Comisión “establezca un mecanismo voluntario abierto a todos los países de la UE, y con contribución de la UE” que le permita a un país miembro “ofrecer acceso a la interrupción segura del embarazo -de conformidad con su legislación nacional- para cualquier persona que no pueda recibir esa atención de manera segura y legal”.

Una vez cumplidos todos los pasos, Bruselas tenía de plazo hasta marzo para comunicar si planea adoptar alguna medida, ya sea legislativa o no, y justificar su decisión.

En vísperas de la decisión ahora conocida, entre rumores de que la Comisión podría rebajar su oferta, ‘Mi voz, mi decisión’ lanzó otra campaña de firmas online para “convencer” a Bruselas para que “cambie de opinión”, que recibió más de 275.000 respaldos. Además, más de un centenar de eurodiputados socialdemócratas, liberales, de izquierda y verdes firmaron otra carta para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, advirtiéndole de que “una negativa a actuar ante una iniciativa que cumple todas las condiciones de los tratados plantearía serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de la democracia participativa”. Sería, agregaban, dar una “señal de que las voces de los ciudadanos pueden ser reconocidas formalmente pero descartadas políticamente”.

La víspera de la decisión, también los primeros ministros de Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Estonia y España enviaron a la presidenta de la Comisión Von der Leyen una carta manifestando su apoyo explícito a la demanda de ‘Mi voz, mi decisión’ que, subrayan, “no interfiere ni pone en peligro las competencias nacionales en materia de regulación del aborto ni la autonomía de los Estados miembros a la hora de definir sus políticas sanitarias y la organización de la asistencia sanitaria”.

“Desde nuestra perspectiva común, ninguna persona debería verse obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad debido a barreras legales, económicas, geográficas o socioeconómicas más amplias que socavan la igualdad de acceso en la práctica. La autonomía corporal y el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud y el futuro deben protegerse y respetarse en toda la Unión”, recalcaban.