El PP cita en el Senado a la vicepresidenta Montero en la comisión de investigación de la SEPI

El PP pretende abrir la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado con la comparecencia de María Jesús Montero. Los populares justifican la citación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, para la que aún no hay una fecha fijada, por los presuntos casos de corrupción que afectan al holding empresarial con participación estatal que engloba a algunas de las principales empresas públicas. “Todo apunta a que la SEPI fue el centro de operaciones del ecosistema de corrupción sanchista”, ha afirmado la portavoz del PP, Alicia García, que ha puesto en duda “los rescates articulados a través de la SEPI” de Air Europa y Plus Ultra. “Los rescates millonarios no se autorizan sin dirección política, las ampliaciones económicas y investigaciones de esos mismos rescates no se aprueban sin respaldo ministerial, y Montero se tendrá que explicar”, ha justificado.

El PP ha incluido en su plan de trabajo de la nueva comisión de investigación -la quinta de este tipo en la Cámara alta, que los populares controlan con mayoría absoluta- a los secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda y los presidentes de la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez esté aprobado ese plan de trabajo en la comisión, se irá llamando a los comparecientes, que están obligados a asistir.

El Senado aprobó la creación de la comisión de la SEPI a mediados de enero en el primer pleno de 2026. La justificación original fue la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, detenidos preventivamente y puestos en libertad en diciembre. Las otras comisiones de investigación en el Senado, que el PP ha convertido en uno de sus principales arietes contra el Gobierno, son las de la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la del gran apagón del pasado 28 de abril, la de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 y la del caso Koldo.

Quien sí tiene fecha para comparecer en el Senado el 9 de marzo es Julio Martínez, administrador único de la empresa Análisis Relevante y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Su sociedad, con vínculos con Plus Ultra, aerolínea hispano-venezolana rescatada por el Gobierno en 2021 con 53 millones de euros, está inmersa en una investigación judicial para determinar si se blanqueó dinero opaco procedente de Venezuela. Martínez, que fue detenido el 11 de diciembre, estaba citado este jueves en la comisión del caso Koldo, pero no acudió. El PP reprochó al Ministerio del Interior la “excusa” de que era imposible localizarlo “porque con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España”.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que no tiene ninguna relación familiar con Julio Martínez, sí se presentó el miércoles en el Senado, pero se acogió a su derecho a no declarar en el Senado al estar imputado en la causa, que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, dirigido por Esperanza Collazo, mantiene desde hace meses secreta. “No hubo trato de favor ni injerencias”, sostuvo Sola en su comparecencia.

Los populares volverán a llamar además a Isabel Pardo de Vera en la comisión del caso Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado un nuevo informe al juez Ismael Moreno en el que se implica a la expresidenta de Adif en la trama de presuntos amaños de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia. La unidad de elite de la lucha contra la corrupción del Instituto Armado advierte al magistrado de la Audiencia Nacional que “parte del contenido” de los dispositivos incautados a Pardo de Vera “habría sido eliminado”. “Pardo de Vera borró mensajes y documentación clave para la investigación. Tiene que explicar lo que ha borrado, porque quien no tiene nada que ocultar no borra mensajes”, ha justificado la portavoz del PP.

La UCO habla en su escrito de “nuevas comunicaciones” que apuntarían a la “intervención” de Pardo de Vera en la adjudicación por parte de Adif a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo―, de un contrato en plena pandemia de 2020 para comprar cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros. “Se ha constatado que Isabel intercambió mensajes con Koldo García [asesor de confianza de José Luis Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE] con carácter previo a la adjudicación del contrato”, apunta la UCO.