El PP fuerza otra comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI aún bajo secreto judicial

El primer pleno en las Cortes de 2026 volvió sobre las andadas de la política más sucia, se celebró en el Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, y se cebó sobre las penurias de la corrupción. El PP convocó así con su poderío de escaños a las vicepresidentas primera, María Jesús Montero, y tercera, Sara Aagesen, para exigirles responsabilidades políticas por casos que se investigan relacionados con la SEPI, la potente Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y logró aprobar con su mayoría absoluta, UPN y Vox otra comisión de investigación sobre ese asunto, la quinta en esa Cámara. Montero se defendió con el hecho de que las indagaciones están bajo secreto de sumario para no aportar ninguna aclaración y arremetió con toda la hemeroteca de corrupciones del PP.

El PP no tiene ninguna intención de soltar la presa de los escándalos que afectan al Gobierno y al PSOE en lo que queda de legislatura. Al contrario. El guion político de 2026, con varias citas electorales ya en curso, incide sobre lo ejecutado en 2025. Enero es en teoría un mes inhábil parlamentariamente aunque la oposición suele provocar plenos, en el Congreso o el Senado, sobre asuntos urgentes y de actualidad. Los populares disponen ahora de mayoría absoluta en la Cámara alta y es allí a dónde acuden cuando pretenden precipitar alguna comparecencia complicada para el Ejecutivo.

En diciembre, la UCO de la Guardia Civil llevó a cabo una operación policial con registros, peticiones de información y detenciones relacionadas con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la militante socialista Leire Díez, impulsada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, sobre posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Una investigación que se encuentra secreta y en una fase inicial, pero que no retrajo al PP de forzar la petición de un pleno en el Senado para crear allí una nueva comisión de investigación sobre ese caso, la quinta en marcha en esa Cámara. El pleno, celebrado este jueves durante más de siete horas, acabó como estaba previsto con la ratificación de esa comisión con los 146 votos a favor de la derecha, pese al rechazo impotente de los 86 parlamentarios del PSOE y sus socios, tras un debate eterno que repitió sin cesar los argumentos de los que abusan ambos bandos.

La vicepresidenta primera sabía a lo que acudía. Montero, que en su día nombró al expresidente de la SEPI detenido, no ahorró minutos a su intervención, que en realidad se resumió en que no podía aportar explicaciones a ese caso porque está bajo secreto de sumario y entiende que se basa en actuaciones de su excolaborador dos años después de dejar el cargo para el que le había nominado. La número dos del Ejecutivo sí quiso interpretar el objetivo de la convocatoria del PP: sostiene que los populares están efectuando sobre ella la misma estrategia obsesiva de deshumanización personal que llevan practicando contra Pedro Sánchez para destruirle como rival porque le tienen miedo a ella como candidata electoral a la Junta de Andalucía.

Montero, como refrendaron más tarde los senadores de los grupos que apoyan al Ejecutivo, lamentó que en ese camino destructivo el PP no tenga rubor en desacreditar y convertir en un circo instituciones como el Senado, en teoría una cámara territorial. La mayor parte del discurso de Montero, a partir de ahí, se destinó a recuperar todos los escándalos y casos de corrupción que se le han acumulado al PP en todo tipo de ámbitos, con decenas de condenas y millones de euros dilapidados, y sin obviar prácticamente ninguno. El sentido de esa táctica para Montero era comparar y contrastar que el PSOE cuando padece un problema de ese tipo sí actúa firme y contundente y el PP ampara y tapa.

Sobre los posibles asuntos turbios que hayan podido ocurrir en la SEPI, Montero no reveló nada. Aseguró que aún se desconoce lo que se indaga y emplazó ahí a la portavoz del PP, Alicia García, a que aclarase a qué irregularidades concretas se refirió más tarde por si tenía alguna información privilegiada. Montero arguyó que Vicente Fernández acumulaba currículo suficiente para el cargo y lanzó la especie de que socios suyos luego han trabajado o colaborado para la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno.

La responsable económica del Gobierno informó al PP y a la Cámara de que Bartolomé Lora, el exvicepresidente de la SEPI con Fernández, antes y después, incluso en los 514 días que el organismo estuvo sin presidente durante la pandemia y en el que se concedieron millonarios créditos extraordinarios, ejerció esa función desde los gobiernos de Mariano Rajoy. Montero sí ensalzó la labor de la SEPI en su mandato, con cifras de negocio récord (6.355 millones, un 7,5% más), 747 millones de exportaciones, 14.000 millones en valores, tres años seguidos de beneficios, 324 millones de inversiones y 87.100 personas empleadas.

Como Montero sabía que el PP iba a focalizar sus sospechas sobre los créditos que en la pandemia la SEPI dio a Air Europa o Plus Ultra, anticipó que del total de 28 compañías rescatadas en aquellos dramáticos meses, 10 ya han cancelado íntegramente los préstamos, con 1.710 millones recuperados.

La derecha en el Senado, UPN, Vox y PP, no creyó nada de las palabras de Montero y elevaron el pistón de las acusaciones de corrupción hasta límites no sencillos de rebatir, como cuando el senador ultra, Ángel Gordillo, concluyó: “Nos gobierna una mafia, se oye en la calle”.

Los senadores de los partidos socios habituales del Ejecutivo compartieron el criterio de Montero, y del portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, sobre que al PP lo único que le interesaba era socavar más al Gobierno, pero también le demandaron más explicaciones y más contundentes. Algunos, como la senadora de Junts, ni tocó el tema del debate y avanzó que no apoyarán ningún sistema nuevo de financiación que no sea un concierto para Cataluña.

El debate estaba programado para un duelo entre Montero y la portavoz titular del PP, Alicia García, y todo lo demás eran guarniciones. Y García no defraudó sobre lo esperado. La senadora popular lo que quería era apuntar contra el presidente y líder del PSOE y es lo que hizo: “Sánchez se rodeó de personas útiles para delinquir, saquear y robar a todos los españoles”. Y desconsideró a Montero como la exportadora ahí del modelo de fraude y mordidas de los ERE de Andalucía a toda España. La senadora del PP identificó a Fernández como la persona de confianza de Montero en la SEPI y a la SEPI como “el cajero automático para pagar favores del sanchismo”.

Lanzado ya así el debate, Montero ya centró su réplica en refrescar a García las decenas de condenados, imputados e investigados del PP como el partido más corrupto a nivel nacional, autonómico y hasta local y se desligó de su excolaborador hasta el punto de plantear una duda ética para todos los líderes políticos: “¿La responsabilidad de los que hacemos nombramientos hasta qué periodo llega?“.

Tras Montero, la examinada por el PP en el Senado fue la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El debate se repitió con menos furor e interés. La vicepresidenta repitió la teoría de la tolerancia cero contra la corrupción y algunos senadores le sacaron lo del olvidado apagón de abril pasado.

La portavoz del PP anunció como gran sorpresa que en la nueva comisión de investigación creada por su partido volverán a citar a Montero para que conteste en el Senado lo que este jueves no contó en el Senado. El popular Alejo Miranda apostilló: “La corrupción en el Gobierno es inabarcable y ya sabemos que la X es Sánchez y ahora sabremos quién es la Z”, en alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que también citarán.