Álvaro Uribe, culpable

La sentencia contra Álvaro Uribe dictada el lunes por la justicia colombiana cierra, al menos por el momento, una causa de enorme trascendencia política después de casi 13 años de investigaciones. El expresidente del país andino, uno de los líderes más prominentes de las últimas décadas en América Latina, fue declarado culpable de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. Detrás de los cargos que desembocaron en la condena, sin embargo, hubo siempre otra sombra: los nexos con grupos paramilitares. Según el fallo, el exmandatario, de 73 años, instruyó a su abogado para que prometiera beneficios judiciales a distintas personas —entre ellas el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve— para que testificaran en contra del veterano político de izquierdas Iván Cepeda. La acusación pública de este senador —que en 2012, durante una intervención parlamentaria, presentó testimonios de presos que vinculaban a Uribe y a su hermano con grupos armados ilegales— fue precisamente la espita de todo el proceso.

El próximo paso del periplo judicial se dará esta misma semana. El viernes se conocerá el detalle de la sentencia, aunque ya se sabe que los delitos acreditados conllevan penas de hasta nueve años de cárcel. Cabe la posibilidad, en cualquier caso, de que el expresidente cumpla condena en arresto domiciliario. La defensa del político ya ha anunciado que presentará un recurso contra el fallo el próximo 11 de agosto. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, siempre ha defendido sin matices su inocencia en este caso. También frente las acusaciones de haber impulsado una política de incentivos dentro de las Fuerzas Armadas que, según el tribunal de paz del país, alentó al asesinato de miles de civiles ajenos al conflicto entre el Estado y las FARC.

La jueza Sandra Heredia, encargada de dirimir uno de los juicios más espinosos de la historia reciente de Colombia, fue tajante al respecto. “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, concluyó para rechazar el argumento de que el abogado actuara por cuenta propia. Esas palabras tienen consecuencias no solo para el expresidente, sino que impactan de lleno en el tablero político de Colombia, que dentro de 10 meses celebra elecciones presidenciales.

La enconada disputa entre izquierda y derecha tuvo en los últimos años su traducción particular en el caso de Uribe, cuya indiscutible popularidad choca con el repudio que despierta en buena parte de la sociedad. Sin duda es una de las figuras que más divisiones ha generado en el país durante las últimas décadas. Odiado o amado por su rechazo a los acuerdos de paz promovidos por su sucesor al frente del Gobierno, Juan Manuel Santos, el exmandatario sigue en la primera línea de la actualidad.

La derecha, representada mayoritariamente por su formación, el Centro Democrático, denunció la condena como un episodio de lawfare, esto es, de persecución judicial con tintes políticos. La izquierda exigió respeto para el fallo y repudió los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien alabó a Uribe y puso en duda la independencia del poder judicial mientras la jueza aún estaba leyendo la sentencia. El presidente, Gustavo Petro, respondió que “el mundo debe respetar a los jueces de Colombia” y dio instrucciones a su Embajada en Washington para que defendiera la sentencia ante el temor de una injerencia —como ha sucedido en el caso del proceso contra Jair Bolsonaro en Brasil— que sería de todo punto inaceptable. Pero lo urgente es que la clase política y la sociedad colombianas afronten el desenlace de este juicio con la serenidad de una democracia madura que comienza un año electoral. Es decir, evitando la tentación de atribuir una carga política al fallo, en un sentido o en otro, y centrándose en los programas y las urgencias de Colombia.