Vox manipula la inmigración

Vox ha mostrado esta semana cuál es la ideología que subyace a los discursos que buscan criminalizar a los inmigrantes. En una rueda de prensa en la sede del partido, su portavoz de Emergencia Demográfica (sic), la diputada Rocío de Meer, habló de deportar a millones de personas de origen extranjero para evitar la “desaparición de la Nación” española. Ante la tormenta provocada por sus palabras, los dirigentes de Vox acusaron a la prensa de mentir y alegaron que su propósito es expulsar solo a los inmigrantes irregulares, a quienes delincan y a los que muestren “incapacidad manifiesta para integrarse y asumir nuestra cultura y forma de vida”. No se sabe qué entiende Vox por la “cultura y forma de vida” españolas, pero en un Estado de derecho lo que se debe exigir a todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, es el cumplimiento estricto de las leyes y normas.

De Meer no cometió un lapsus ni fue mal interpretada. Dejó claro que el verdadero problema para Vox no es la delincuencia que machaconamente asocia con la inmigración ni tampoco el supuesto colapso de los servicios públicos que denuncia. Lo que le causa “profunda preocupación”, según sus palabras, es que en el año 2040 “habrá más población de origen extranjero que española”. Un pronóstico que parte implícitamente de la aberrante idea de que ciudadanos españoles descendientes de extranjeros no formarían parte de la “población española”; una visión que recuerda al cristiano viejo y al estatuto de limpieza de sangre, dos concepciones racistas en la historia de España. De Meer aderezó su tesis con la teoría conspirativa del “gran reemplazo” y el concepto neonazi gestado en Alemania de expulsiones masivas llamado “remigración”. Vox no ha desautorizado a De Meer. Es más, su programa económico, conocido hace pocos días, propone realizar “expulsiones masivas” de inmigrantes; “revertir las regularizaciones llevadas a cabo por el bipartidismo” (perjudicaría a más de un millón de personas) y “auditar las concesiones de nacionalidad para ver cuántas hay que retirar”; es decir, privar de la nacionalidad española a quienes ya la tienen.

El Partido Popular se ha desmarcado de estas ideas supremacistas recordando que la legislación española y los convenios internacionales prohíben realizar deportaciones masivas y exigen expedientes individualizados. Sin embargo, en la ponencia política aprobada por su congreso del pasado fin de semana, el PP incluye la inmigración en el apartado referido a la seguridad, rechaza imponer cordones sanitarios a Vox y asume su lenguaje al hablar de “fronteras desprotegidas” y “descontrol migratorio”. También pone trabas al acceso de los inmigrantes a las ayudas sociales y propone restringir el arraigo y la reagrupación familiar. En las autonomías donde el PP ha pactado con Vox los presupuestos, sus barones han accedido a vetar la llegada de menores inmigrantes solos procedentes de Canarias e incluso cerrar centros de acogida. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de fomentar la inmigración “para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país”.

La inmigración representa una enorme ventaja para la sociedad española desde diversos puntos de vista. Durante la última década ha aportado el 12% anual al crecimiento del PIB y ha sido fundamental para luchar contra la reducción de la población activa que sostiene el sistema de pensiones. Las propuestas de Vox solo alimentan el odio y amenazan la economía. Ante este peligro, es necesario que los partidos, especialmente aquellos con aspiraciones de Gobierno, marquen claramente su distancia con la ultraderecha, y que, de común acuerdo, den la espalda a estas narrativas xenófobas y a cualquier pacto que las alimente.