El Gobierno de Murcia cede ante Vox y da marcha atrás en un proyecto de compra de viviendas para acoger menores migrantes

Apenas han pasado 72 horas desde que el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicara este sábado una orden por la que se autorizaba a la Consejería de Política Social a comprar “varias viviendas para instalar centros públicos de acogimiento de menores” con fondos del Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia, cuando la consejera del ramo, Conchita Ruiz, se ha visto obligada a rectificar el anuncio ante las exigencias de Vox. En pleno debate en el Parlamento autonómico sobre los presupuestos para la comunidad autónoma, los de Santiago Abascal lanzaron un ultimátum que ha sido recogido de inmediato por el Gobierno murciano.

El anuncio del Boletín Oficial, que habían publicado algunos medios de comunicación autonómicos este mismo martes, encendió de inmediato las redes sociales de Vox. El líder nacional, Santiago Abascal, publicó en X un mensaje contundente: “Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos… o tendrá que aprobarlos con el PSOE”. La publicación era reposteada por el presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, que añadía que “el PP de Murcia tiene que rectificar de manera inmediata la orden del BORM que dice que se compren viviendas para menas. El PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen a través de convenios. Si el PP no cumple, votaremos no al presupuesto. Vox no estafa a sus electores, la vivienda como prioridad nacional”.

La respuesta del Gobierno murciano ha llegado de inmediato, también a través de X, en este caso, en el perfil de la consejera de Política Social. “La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder”, ha publicado en su cuenta. El cruce de mensajes se ha llevado a cabo en apenas dos horas.

La polémica orden publicada en el boletín era una cesión de competencias del departamento de Hacienda al de Política Social para adquirir esas viviendas en el marco del proyecto “ModernizAcción”, que tiene como objetivo la “creación, adaptación y mejora de las infraestructuras residenciales y de los modelos de protección residencial, en especial de niños y niñas migrantes no acompañados o con necesidades especiales”. Según la publicación del BORM, las nuevas viviendas que se iban a comprar son necesarias para poder dar servicios de acogida y de media y larga estancia.

La consejera ha señalado en numerosas ocasiones que la red regional de centros de acogida de menores de la comunidad autónoma, en los que residen tanto migrantes no acompañados como menores españoles tutelados por la administración autonómica, tiene sobrepasada su capacidad de acogida en un 220 por ciento. Esa falta de plazas no impidió que en el acuerdo para sacar adelante los presupuestos de este 2025 se incluyera el compromiso de “cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario” a uno de esos centros de acogida de menores en la pedanía murciana de Santa Cruz, en el que residen 60 personas, antes del inicio del próximo curso escolar, en septiembre. Esta ha sido una petición histórica de Vox en la Región de Murcia y Conchita Ruiz ya había adelantado el pasado mes de abril su intención de cerrarlo para avanzar en un modelo residencial basado en hogares más pequeños para garantizar un trato más personalizado y familiar a estos niños. Desde la Consejería no han contestado a EL PAÍS sobre dónde se alojará a los menores del centro que va a cerrar si no se adquieren estas nuevas viviendas o cómo se va a suplir la falta de plazas que se iban a cubrir con ellas.

Desde el pasado viernes, los diferentes consejeros están presentando en la Asamblea Regional el detalle del presupuesto para cada uno de sus departamentos. El de Política Social no se presentará hasta la jornada de mañana miércoles, la última antes del debate de las enmiendas a la totalidad, que será el 3 de julio. Después, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas parciales, y el debate para la votación de las cuentas tendrá lugar el 23 de julio.

El pacto suscrito por PP y Vox para sacarlas adelante incluye varios puntos más sobre inmigración, además del citado cierre de menores. Así, compromete al PP a manifestar “su contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España a las Comunidades Autónomas”, a poner en marcha “con carácter inmediato un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores”, y a retirar o solicitar la devolución de todas las subvenciones que reciban ONG “que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o explotación infantil”.