La sentencia del Constitucional

Fue pintoresca la reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara la ley de amnistía dictada por el Gobierno para los condenados en el procés separatista catalán. De nuevo la histeria sobreactuada que dura un par de días, se utiliza y se tira a la papelera. Los mismos que dicen defender férreamente la separación de poderes y que afean cualquier crítica a sentencias o instrucciones judiciales, algunas de las cuales son como mínimo cuestionables, han salido a insultar a todos los miembros del Constitucional que han apoyado la resolución. Descalificaciones brutales, portadas degradantes e injurias contra magistrados que llevan décadas de oficio y llegaron al tribunal con el acuerdo de los dos principales partidos. Este delirio forma parte del estado mental en que vivimos, donde nadie se atreve a ver la viga en el ojo propio. Entre otras cosas, porque la viga del sectarismo ya no deja ni ver el propio ojo.

Que la ley de amnistía cumplía con los preceptos constitucionales era evidente. Su redacción fue una filigrana para resultar admisible. Cualquiera es libre de cuestionar su oportunidad, incluso su pertinencia, pero no conviene confundir el juicio político sobre las razones que la impulsaron con la revisión del Constitucional. La aritmética parlamentaria obliga en toda vida política a negociar concesiones y acuerdos. Si los españoles no quisieran que se alcanzaran pactos de legislatura entre distintas fuerzas, cada una con muy distintas prioridades, votarían en favor de mayorías absolutas. Pero sucede al contrario; han dado en votar parlamentos cada vez más fraccionados donde los pactos son imprescindibles. Hasta Donald Trump, para sacar su llamada Ley Grande y Hermosa, ha concedido a Alaska y otros estados ciertas ventajas a cambio del voto de sus senadores. Las cesiones a partidos que representan a sus autonomías, incluso de impuestos del Estado, han sido necesarias tradicionalmente para elegir un presidente en España. La amnistía, al fin y al cabo, sería la menor de las concesiones, pues, tras las condenas de cárcel y los años de exilio de sus máximos responsables, recuperar la normalidad perdida no resulta tan gravoso para el conjunto de los ciudadanos.

Es evidente que los magistrados del Supremo que protagonizaron aquel juicio, herido por el defecto de ser un juicio más político que técnico, aborrezcan de la ley de amnistía. Lo cuestionable es que se hayan inventado estratagemas para inutilizarla. La más chocante es la que apela a la malversación. Es algo así como si tras la amnistía que dictó el gobierno de José María Aznar para la cúpula de Interior condenada por el secuestro de Segundo Marey perpetrado por los GAL, los jueces exigieran que se mantuviera la condena por los daños psicológicos que le causaron a la víctima. O por doblar las matrículas de los coches utilizados para el delito.

Las amnistías provocan una enorme controversia siempre y los gobiernos que recurren a ellas han de asumir el coste político. Esto les obliga a esmerarse en la pedagogía con los ciudadanos, algo complicado cuando los discursos electorales son primarios y ramplones. Si los socialistas no se hubieran pasado una campaña negando la posibilidad de la amnistía hubiera resultado mucho más fácil convencer a los españoles de su pertinencia. Es una buena lección. A todos, y sobre todo a los políticos, nos iría mejor con una versión más adulta y rigurosa de la política. En lo que concierne a los altos tribunales estamos obligados a aceptar su designio si no queremos deslizarnos definitivamente hacia la degradación absoluta.