Buitres, pastillas y Constitución

De las páginas de economía a las de sociedad sin pasar por las de política. Del intento de suicidio de Olga cuando ya no pudo pararse el desahucio a los negocios entre los fondos buitre asociados con nuestra banca para sacar el máximo rendimiento a los activos tóxicos acumulados desde el estallido de la burbuja.

Por los datos que leo —Levante, Información, Todo Alicante— deduzco que ella pidió una hipoteca con su marido. 2003. Alrededor de sus 30 años. Esta mujer de origen ruso empezó a vivir en la finca del número 4 de la calle Alcalde Julio Suárez Llanos de Alicante, esta fue su casa hasta el jueves pasado. Olga no ha tenido suerte. Maltratos del marido, tienen una hija, separación, no le pasan la pensión. Confluyó lo personal, cada vez más enfermedades mentales, con lo global. No pudo seguir pagando la hipoteca, la entidad bancaria inició la ejecución y se quedó con la propiedad del piso, pero a ella le ofrecieron un alquiler social que era un seguro de vida. Vida precaria, pero vida. Ahora, ni eso. De la prensa local a la económica.

A finales de 2017, se anunció que el BBVA impulsaría un join venture llamada Divarian con el fondo estadounidense Cerberus para traspasarle su negocio inmobiliario. La empresa patrimonial de ese mismo fondo llamada Promontoria Marina debería pagarle al banco 4.000 millones de euros para hacerse con el 80% del capital de Divarian; según lo acordado, además, el BBVA tenía una opción de venta de su 20%, y la ejerció tiempo después. Aunque la mayoría de los pisos de la sociedad estaban en Cataluña, un 9% se ubican en la Comunidad Valenciana. La encargada de comercializar esa enorme cartera de inmuebles sería Haya Real Estate, española pero participada por Cerberus y que se estrenó con la gestión de la cartera de Caja Madrid. Una operación de magnitud similar la hizo el Sabadell con Cerberus, como otros bancos con otros fondos. En su día el Sabadell también pactó alquileres sociales con quienes tuvieron que entregar la casa a la inmobiliaria del banco porque no pudieron seguir pagando la hipoteca. El grueso de esa exposición inmobiliaria el banco la traspasó a Cerberus, después también vendería Solvia, la empresa de gestión de activos inmobiliarios.

De la prensa económica a la local. A las puertas de una de sus oficinas de Solvia en Alicante se manifestaron 40 familias a quienes ya no se les mantendrá el alquiler social. Además, los pisos ya no eran del banco y tampoco los gestionaba Solvia. Esas familias pobres deberían dejar el piso, o por las malas o por las peores. O se les daría una miseria a cambio de que lo abandonasen (unos 1.200 euros como mucho) sin necesidad de ofrecer alternativa habitacional, o no se les cobraría el alquiler, para acabar transformándolos en okupas y pidiendo al juez su desahucio.

Olga, atrapada, estaba exactamente en esta situación. En 2021 su piso pasó a ser propiedad exclusiva de un fondo, se intentó el primer desahucio, pero su hija era menor y pudieron pararlo. En 2024 el piso lo compró un particular, a sabiendas de que allí vivía alguien, e inició de nuevo el procedimiento para desahuciarla. Tras un primer intento fallido y a pesar de la resistencia del sindicato local (que colgó una pancarta contra Promontoria en la ventana de Olga), el jueves la policía la desahució. Antes se tomó dos cajas de pastillas, anunciando lo que había dicho ya a la prensa: quería suicidarse, no tenía vida. ¿La política? La Constitución. Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.