Los costes del desgaste del Gobierno

Pedro Sánchez lleva ya siete años en La Moncloa, más tiempo que Rajoy, a punto de alcanzar a Zapatero y a un año de igualar a Aznar. Le quedan dos de legislatura, que podrá completar si Feijóo no consigue dividir la mayoría de investidura para derribarle en una moción de censura.

De momento, Sánchez tiene todo el viento económico a favor, a menos que los estropicios del trumpismo lleguen a perjudicar a la economía europea y a la que mejor se comporta, que es la española. No cuenta en su favor el actual divorcio entre economía y política, que embarra los resultados en la atmósfera de crispación y resentimiento. La macroeconomía no diluye los efectos del deterioro de la capacidad adquisitiva, los bajos salarios y el déficit de vivienda que amenaza ya a amplias capas de la clase media.

Hay motivos objetivos y evidentes de desgaste del Gobierno que, de momento, tienen más que ver con la inestabilidad de su mayoría parlamentaria o la persistente ausencia de Presupuestos que con el rosario de casos judiciales que agitan el día a día de la batalla política. Siempre partiendo de la deslegitimación inicial y sistemática por parte del PP y al albur de las divisiones y caprichos de algunos de los socios, no solo los independentistas. Salvo en el caso Ábalos —donde existen sólidos indicios de corrupción y fue por eso expulsado del grupo parlamentario—, el Gobierno se ampara de la catarata diaria de denuncias y acusaciones por parte de organizaciones ultraderechistas al entorno del presidente en la evidencia de que no existen indicios penales en la mayoría de las instrucciones abiertas en este momento. Pero ese amparo no sirve en el caso de la militante Leire Díez, quien ha tenido cargos en nombre del PSOE o gracias al partido, y cuya aparición en varios vídeos ofreciendo favores a cambio de trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO) para “investigar las cloacas del Estado” no puede tener más salida que su expulsión de la organización socialista. No se enfrenta la basura con más basura sino con el Estado de derecho y el PSOE y el Gobierno no pueden arrastrar los pies a la hora de dejarlo claro. Faltan explicaciones y contundencia.

La hoja de ruta para afrontar el desgaste de un Gobierno después de estos siete años no tiene muchas variaciones: ser coherente con lo que se predica y exige a los demás, una estrategia anticipatoria para afrontar la fragmentación parlamentaria que votaron los españoles y los cambios orgánicos necesarios para llevarlo a cabo. A Sánchez personalmente le corresponde la responsabilidad y la iniciativa de cada uno de estos pasos.

Si, como asegura el PP, estamos en los últimos compases de esta presidencia, una manifestación no parece el lugar para demostrar su capacidad como alternativa. España no está en manos de los bajos fondos como ha dicho irresponsablemente José María Aznar. No estamos gobernados por una mafia ni Sánchez es su capo, según la frívola ocurrencia de Feijóo. La política ha entrado en el imperio de la exageración y la mentira, eficaces instrumentos en una época dominada por la capacidad de controlar el relato político y de convertir las percepciones públicas en la única realidad que cuenta.

Con la campaña de agitación permanente, previa ahora a su 21º Congreso, la dirección del PP desvía la atención del vacío de su alternativa, bajo el marcaje del extremismo xenófobo de Vox con el que sigue pactando en las comunidades autónomas. Tras ocho años sin debatir en un congreso ordinario y siete de practicar una oposición estéril, el PP vive en el tacticismo y nada queda para las políticas que afectan a la gente y al largo plazo. Todas las oportunidades de construir políticas de Estado han sido desperdiciadas por mor de aislar a Sánchez.

El antisanchismo, como el sanchismo, solo sirve para polarizar y alimentar a los adversarios. A un Gobierno se le derriba en las urnas o con una moción de censura, fajándose en la capacidad de convicción con políticas sólidas y exhibición de apoyos. Todo lo demás no consigue sino ensanchar aún más la distancia entre la política y la ciudadanía, una franja en la que ganan solo las posiciones extremistas.