Lectores que piden tumbar columnas  

Hay lectores que me escriben para exigir que el periódico deje de publicar a los columnistas con los que ellos no están de acuerdo. No es broma. Ocurre de vez en cuando pero recurrentemente desde que soy defensora y confieso que es una cuestión que me inquieta. Por eso la compartí el pasado 21 de mayo con 20 suscriptores, durante un encuentro con motivo del 40º aniversario del Defensor del Lector.

Uno de ellos me preguntó qué queja me ha sorprendido más desde que asumí el puesto y fue entonces cuando confesé mi asombro por estas peticiones de cancelación. Las atribuyo a la creciente polarización que lleva a algunos individuos a buscar bandos que validen sin fisuras sus convicciones para mantenerse firmes en ellas. No comparto que la sociedad se divida en trincheras, y mucho menos fue ese el objetivo al que se comprometió EL PAÍS en su fundación. Por eso, quiero extender algunas reflexiones sobre ello a todos los lectores.

Empiezo por exponer algunos ejemplos de los variados mensajes recibidos en los últimos años, aunque se omite por innecesario el nombre de los autores y especialmente el de los articulistas a los que aquellos se refieren en términos poco edificantes:

• “¿Hasta cuándo tendremos que aguantar ver las páginas de nuestro periódico manchadas con basuras como la de...?”. 
• “He vivido la diversidad de las opiniones y expresiones de los columnistas como uno de los grandes haberes del periódico. Hasta cuando yo coincidía con ellos, podría decir. Pero hay fronteras que no son tolerables, y creo que (...) las ha rebasado ya en demasiadas ocasiones. Por favor, libérennos del mal rato que supone leerla. Ni se lo merece el diario, ni nos lo merecemos las lectoras”. 
• “Como fiel lectora desde el 4 de mayo de 1976 me he sentido no solo decepcionada sino indignada porque se dé voz, y en lugar especialmente destacado, al señor...” 
• “Los vómitos de (...) cada día más insidiosos… pero ¿qué le aporta este agitador a EL PAÍS y sus suscriptores?… Me gustaría que alguien me lo explicara”. 
• “Me parece que (...) no cuadra con la línea editorial del periódico”.   

Estas peticiones obvian principios que son fundamentales en EL PAÍS y que yo pensaba hasta ahora que no era necesario aclarar; no solo porque están vigentes desde el primer número (1976), sino porque muchos figuran en la Constitución Española (1978). Por ejemplo, no puede entenderse este periódico sin la defensa del pluralismo político (artículo 1), que se menciona ya en la primera página del Libro de Estilo, al establecer que se acogen “todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento de sus fines”.

Esto explica la variedad de opiniones que se publican en artículos, análisis, tribunas y columnas, con el fin de atender uno de los objetivos principales de un periódico, el de ayudar al lector a formarse su propio criterio. Por eso, EL PAÍS no solo da espacio a muchísimos textos contrarios a su línea editorial —un buen ejemplo de ello ha sido el amplio análisis en la sección de Opinión de la ley de amnistía—, sino que se enorgullece de que este se haya convertido en uno de los elementos de distinción respecto a otros medios de la competencia.

Eso no significa que se les entregue a los articulistas un altavoz sin límites, sino que la libertad de expresión de cada uno está acotada por la obligación que marca el manual de estilo de “basarse en datos verificados” y “ser respetuosos con las personas, aunque se critiquen sus actos”.

Alimentada por líderes populistas como Donald Trump, se ha extendido la tesis de que cualquier cortapisa a la libertad de expresión es censura, un argumento que llega también a menudo a mi buzón. Pero hay un valor superior al derecho individual que debe ser protegido: el respeto a los derechos de los demás, con el fin último de garantizar la convivencia democrática.

De nuevo, no son solo las normas internas de EL PAÍS, sino la Constitución.

Para hacer cumplir estas reglas, la sección de Opinión hace cada día una labor de edición, que en muchas ocasiones lleva a una negociación palabra a palabra con el articulista, según explica el subdirector Javier Rodríguez Marcos. Al revisar estos textos, los editores de la sección deben ser muy respetuosos con la libertad de pensamiento, pero puede darse que un argumento esté basado en un dato no contrastado y entonces se llega a un acuerdo con el autor para modificar el texto.

Otra cuestión importante es que el hecho de publicar artículos no conlleva que EL PAÍS los suscriba, como entienden algunos lectores. La postura oficial del periódico se expresa únicamente en los editoriales. Por eso, son los únicos textos de opinión que van sin firma, en el sobreentendido de que los respalda la directora. Es ella también quien decide la línea editorial del periódico, como establece el Estatuto de la Redacción, uno de los contrapesos que, junto al Libro de Estilo, el Comité de Redacción y el Defensor del Lector, rigen el trabajo profesional de los periodistas de EL PAÍS y que constituyen otra singularidad en el sector.

Entiendo bien que un lector busque en esta cabecera una línea editorial acorde con sus creencias, pero exponer los argumentos contrarios a ella debe entenderse como un servicio del periódico a sus lectores y nunca como una ofensa. Tampoco es una obligación atenderlo, porque los lectores tienen siempre a su alcance la opción de deslizar la página o la pantalla. Mucho mejor que cancelar firmas.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).