El Supremo rechaza suspender las milmillonarias ayudas públicas a Indra y EM&E para los contratos de artillería

El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar que Santa Bárbara solicitó en la batalla judicial que emprendió contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El alto tribunal se opone a suspender las ayudas públicas de 3.002 millones de euros que el Gobierno concedió a esta unión temporal de empresas (UTE) para prefinanciar los dos programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar, cuyos contratos ascienden a 7.240 millones de euros en conjunto.

Santa Bárbara, propiedad de la estadounidense General Dynamics, solicitó la nulidad de los préstamos aprobados por real decreto el pasado 14 de octubre y de todos aquellos preceptos de dicha norma relacionados con dicha concesión, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes dictados en ejecución de los anteriores, al entender que el procedimiento no se realizó de forma correcta.

Según indicó en su recurso, la compañía se queja de que ni tan siquiera fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramitó el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los citados programas especializados de modernización (PEM). Algo que, en su opinión, tiene relevancia porque se trata de los “de mayor valor tramitados por el Ministerio hasta la fecha y condicionarán a los operadores de la industria de Defensa española (tanto de los seleccionados como de los excluidos) en la próxima década”. Uno de los mayores contratos de Defensa, antes del bum actual por el aumento del gasto militar en Europa, fue la adjudicación en 2020 de la producción de 348 blindados 8x8 para el Ejército de Tierra. Dicho proyecto está valorado en 2.500 millones de euros, que no llega ni siquiera a la mitad del valor de los dos contratos de artillería impugnados.

En este contexto, Santa Bárbara solicitó la suspensión cautelar de los préstamos mientras se resuelve el fondo del asunto. Defiende que el perjuicio causado por las adjudicaciones a Indra y Escribano será “irreparable” porque “carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes”. De hecho, la filial de la estadounidense General Dynamics arguyó en su recurso que es “el único fabricante español de sistemas de artillería”.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que estos daños alegados “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale”. En este sentido, en un auto que se ha dado a conocer este lunes, el tribunal indica que no se dan los requisitos para aceptar la medida cautelar solicitada porque no ha acreditado que la ejecución del real decreto impugnado “le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aun que éstos sean de difícil o imposible reparación”.

Perjuicio a la estrategia nacional de defensa

Al contrario, afirma que la paralización de la ejecución de estas ayudas públicas ocasionaría “perjuicios importantes” al interés público de poner en marcha estos programas, que forma parte de una estrategia nacional de seguridad y defensa. Según señala el Supremo, la suspensión cautelar “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

Añaden los magistrados que la adopción de la medida cautelar “comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”. Estos programas se enmarcan en los compromisos internacionales asumidos con la Unión Europea para reducir la dependencia de abastecimiento exterior para el suministro y reforzar la capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

Con todo ello, la Sala ―que no ha entrado a valorar el fondo del asunto― subraya que la ejecución de las ayudas públicas, pese a que estén recurridas, no ocasiona daño económico irreparable para Santa Bárbara. El hecho de que pertenezca a una multinacional, “una de las líderes mundiales en la fabricación y diseño en el sector de la defensa” hace entender que ni la continuidad del negocio, ni su posición actual en el mercado, ni los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a sus competidoras, destaca el alto tribunal. Todo ello sin olvidar, prosigue, que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos públicos como la actualización de los blindados Pizarro, por el importe de 176 millones de euros, concedidos también el pasado 14 de octubre.

Santa Bárbara quiere proponer el Némesis

El auto del Supremo supone un nuevo varapalo para Santa Bárbara en su batalla contra Indra por el dominio de la industria militar terrestre nacional. La semana pasada, el Ministerio de Defensa rechazó el recurso de alzada que presentó la filial de General Dynamics contra la asignación de estos dos contratos en el marco de los PEM, que el Ejecutivo lanzó para disparar el gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB. Dicho recurso fue una herramienta administrativa que, una vez agotada, Santa Bárbara continuará a través de la Audiencia Nacional, tal y como afirmó la compañía la semana pasada.

Los contratos de estos obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas eran los programas más jugosos dentro de los PEM en el ámbito militar terrestre, para los que Santa Bárbara quería presentar su modelo Némesis, el cual enseñó al mundo junto a su socio KNDS en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada en Madrid el año pasado. Sin embargo, el Gobierno decidió otorgar a Indra y EM&E estos contratos por cuestiones de “seguridad nacional” y una supuesta “falta de competencia” en este ámbito, tal y como señaló el Ejecutivo en una respuesta al grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados.

En el marco de los PEM, Santa Bárbara solo logró hacerse el año pasado con la modernización de los blindados Pizarro, un contrato mucho menor a los de la artillería. Indra, a su vez, no solo se quedó con los obuses, sino que también hará en sociedad con EM&E los vehículos lanzapuentes y los blindados anfibios para la infantería de Marina.

Las cautelares que había solicitado Santa Bárbara afectaban al conjunto del Real Decreto en el que el Gobierno había aprobado los préstamos al 0% de interés. Un Real Decreto en el que se incluían más programas militares, por lo que la embestida judicial de la compañía afectó a otras empresas como Oesía y Telefónica, que también se vieron agraciadas en los PEM. Santa Bárbara incluso pidió que el Supremo restringiese a Indra, EM&E, Oesía y Telefónica el acceso íntegro a su demanda, algo que también ha rechazado el alto tribunal, que tildó la petición de “extravagante”.