Marlaska apremia a la UE a que prohíba la fabricación y uso de las lanchas rápidas utilizadas por el narco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apremiado a la Unión Europea a prohibir la fabricación, posesión y tripulación de embarcaciones de alta velocidad y semisumergibles, las conocidas como narcolanchas y narcosubmarinos respectivamente, y que sus países miembros incluyan en sus códigos penales figuras legales que contemplen penas de prisión por vulnerarlas, como hace España desde 2018. Lo ha hecho durante la reunión que han mantenido este lunes en París los representantes de la llamada Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado ―de la que forman parte, además de España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Bélgica y Suecia― y en la que también ha participado el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austriaco Magnus Brunner.

Grande-Marlaska, que estaba acompañado del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha insistido ante los representantes de los siete países de la coalición en la necesidad de “intensificar la respuesta” frente a las embarcaciones rápidas, las denominadas con el término inglés go-fast, y los semisumergibles en la nueva estrategia de la UE contra el tráfico de drogas que abarcará el periodo 2026-2030. “Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes”, insistió el ministro.

Desde que España cambió la legislación hace casi ocho años para perseguir el transporte de drogas e inmigrantes en veloces embarcaciones semirrígidas y prohibió su uso privado los resultados han sido significativos. Aunque las estadísticas oficiales del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar no especifican el número concreto de estas embarcaciones que se han incautado las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí que se aprecia un incremento sustancial del total de las naves intervenidas. Se ha pasado de 22 en 2018 a 1.699 en 2024, último año disponible. Desde 2019 a 2024, la media anual de embarcaciones incautadas es de 238.

En esta línea, Grande-Marlaska ha solicitado que el otro país que penaliza la fabricación, posesión y tripulación de las narcolanchas, Portugal, se incorpore a la coalición al considerar que tiene una “posición geoestratégica clave” entre Europa, África y América y su costa “es un nodo esencial en los flujos marítimos y logísticos, muy relevante para la detección temprana y la interrupción de rutas ilícitas en el Atlántico”. La propuesta ha sido aprobada por asentimiento de los otros seis países, según detallan fuentes del ministerio.

Precisamente, las autoridades de Lisboa promulgaron el pasado octubre una ley que aumentaba el control sobre la fabricación, posesión y tripulación de las embarcaciones de alta velocidad, que incluía penas de prisión por vulnerarla. La casualidad hizo que entrara en vigor un día después de que un cabo de la Guardia Nacional Republicana muriese en el río Guadiana mientras perseguía a una narcolancha. Ya entonces, Grande-Marlaska calificó de “un gran paso frente a la delincuencia organizada” la decisión de Portugal. Tras el endurecimiento de las leyes españolas contra las narcolanchas, las costas de este país se habían convertido en el refugio para fabricar y guardar estas embarcaciones empleadas en el tráfico de cocaína y hachís por las mafias del norte y el sur de España.

En su intervención, el ministro ha recalcado la importancia de extender la lucha contra el narcotráfico más allá de la UE y buscar la colaboración de los países de origen y tránsito de la droga. “América Latina y el Caribe son prioritarias”, ha subrayado. En la misma línea, Bolaños ha pedido actuar contra el llamado petaqueo, el suministro de combustible a las narcolanchas, que desde el pasado febrero es un delito autónomo en el Código Penal español, que castiga con hasta cinco años de prisión esta actividad.

Finalmente, los miembros de la Coalición, que nació en 2021 en Bruselas a iniciativa de Países Bajos, han aprobado una declaración conjunta que incluye su plan de acción hasta 2028. En ella, los siete países se marcan cinco prioridades en la lucha contra el crimen organizado: desmantelar las redes criminales internacionales; avanzar hacia nodos logísticos resilientes y la seguridad marítima, en apoyo de la Alianza Europea de Puertos; atacar los flujos financieros y activos ilícitos; actuar en materia de prevención; y reforzar la cooperación internacional.