La última manifestación contra Marlaska constata el agotamiento de las protestas policiales

La manifestación de policías y guardias civiles convocada este sábado por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol, la plataforma de agentes surgida en 2018 para reclamar la equiparación salarial con los mossos d’Esquadra) para protestar contra las políticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reunido a 4.500 manifestantes en el centro de Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno. Es una cifra muy alejada de las 20.000 personas que llegaron a participar en la protesta celebrada el 21 de noviembre de 2021 en el mismo escenario para cargar contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. Incluso el número de participantes facilitado por los organizadores, que han hablado al término de la misma de “más de 15.000″ y calificado esta cifra de “éxito rotundo”, se queda muy lejos del que dieron en aquella multitudinaria protesta de hace más de cinco años, cuando aseguraron haber congregado a 150.000 manifestantes. El descenso del número de participantes ha sido, de hecho, una constante en estos años en un colectivo que se acerca a los 160.000 agentes.

El pinchazo de esta última convocatoria se ha notado también en el respaldo político a la misma. Si bien ha habido cargos de PP y Vox, los dos partidos que suelen acudir en apoyo de las protestas policiales, en esta ocasión el número y la relevancia pública de sus representantes ha sido mucho menor. Así, si en la manifestación de 2021 participaron Pablo Casado, en aquel momento líder de los populares; Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas, entonces al frente de un Ciudadanos que aún tenía representación parlamentaria, este sábado por el PP ha acudido el diputado Pedro Muñoz Abrines, portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso, y por el partido ultraderechista, el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, el policía Samuel Vázquez ―recientemente condenado por delito electoral―, y la concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) Ainhoa García Flórez.

Además, en esta ocasión la manifestación tampoco ha contado con el respaldo de otros sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, como sí tuvo la de 2021. Estas organizaciones han optado en su mayoría por encuadrarse en otra plataforma que, si bien comparte en líneas generales las reclamaciones de Jusapol, discrepa en las formas y las estrategias. Por ello, han rechazado sumarse a la protesta de este sábado y han convocado otra para mayo que tendrá, además, un cariz muy distinto: pretenden acudir en masa y de uniforme (pero sin arma, para no vulnerar la ley) a una misa en la Catedral de la Almudena, de Madrid.

La manifestación ha partido de la Puerta del Sol y, tras recorrer parte de la calle Alcalá y el Paseo de Recoletos, ha concluido dos horas después en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Iba encabezada por una pancarta en la que se leía “Profesión de riesgo, ya”, una de las tres reivindicaciones que tanto Jusapol como las dos organizaciones surgidas de ella que participaban, el sindicato Justicia Policial (Jupol) y la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), han esgrimido para convocar la protesta, que ha contado con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Por detrás, otras pancartas recogían las otras dos grandes reclamaciones: la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos y mejores condiciones de jubilación.

Tanto en el manifiesto leído al final de la protesta como en las declaraciones a la prensa de los dirigentes de las organizaciones convocantes y los eslóganes coreados por los participantes en la protesta, se ha insistido en culpar al Gobierno y al ministro del Interior de hacer oídos a estas tres reclamaciones en estos últimos ocho años. “Ya está bien de tomarnos el pelo. Si quieren guerra, la van a tener”, ha proclamado Aaron Rivero, secretario general de Jupol, que ha asegurado que policías y guardias civiles cobran “entre un 20 y un 30% menos” que sus compañeros de los cuerpos autonómicos. “Este gobierno se esconde”, ha criticado Miguel Gómez, de Jusapol.