Capotan los procesos inquisitoriales 

Los procesos inquisitoriales capotan, van a la baja, tienden ―muy lentamente― a diluirse en la nada, aunque nos cueste percibirlo.

Inquisitoriales: cuando distintos factores acusatorios combinados asfixian el derecho de defensa, anulan la presunción de inocencia y establecen la verosimilitud pública de una culpabilidad. Y así el daño es exponencial desde su inicio. Sin vacuna.

Transitan esta pauta: surge un rumor sin base en los medios de la caverna, contra un personaje progresista o allegado/a; un corrupto o grupo parafascista o terminal de la ultraderecha/derecha ultrificada interpone querella; un juez raro o inquisidor le pone el turbo; la caverna amplifica el ruido; los ultramontanos llevan el tema al Parlamento.

Y entonces todos los protagonistas se retroalimentan: parece aflorar una crisis terminal de la legislatura. Y si la maraña política no basta, se llama a la gente a ocupar la calle, esa patética bolchevización de las derechas españolas, comandada por alguien sin atributos, ni ideas, ni convicción identificable. Tan nada que ni siquiera baja a las plazas, no sea que le confundan consigo mismo.

Esta semana ha sido pródiga en globos que pierden gas. Como el presunto caso Begoña (Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Al fin, tras tres admoniciones de la Audiencia, el juez Peinado desiste de investigar el tráfico de influencias que le imputaba por la ayuda del Gobierno a Air Europa, cuando la pandemia paralizó el tráfico aéreo. Claro que la sigue persiguiendo por asuntos (quizá imprudencias) en apariencia muy menores.

Pero es que el asunto Air Europa era, por cuantía (475 millones de euros) y relevancia europea (ayudas de Estado a controlar por Bruselas), favorito para convertirse en caso. Tampoco. La Audiencia reiteró que no había pruebas, ni indicios; solo “conjeturas”. Ese avión averiado se estrella con estrépito. Y con él la inquisitoria del juez en La Moncloa. Y los miles de páginas de la caverna insuflando falsas sospechas.

También se deshilacha el pulso por cancelar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La jueza de instrucción procesa a su querellante, Alberto González Amador, el novio, por fraude fiscal y falsedad documental. Varios periodistas son ¡por fin! escuchados por el Supremo donde acreditan que conocieron su autoconfesión de culpabilidad 30 horas antes de que llegase a la mesa de García Ortiz: ergo el asunto no era secreto. Y no pudo haber revelación de secreto.

Además, el abogado de Amador le desmiente. Documenta que, tras conocerse el fraude, siguió negociando sustituir cárcel por multa para su cliente: no hubo perjuicio para la defensa e interés del novio. Ni secreto, ni daño, ni caso. Juegos malabares del instructor, Ángel Hurtado. Y desplome de la novia, que defendía a su chico elevando su fiasco a una “operación de Estado” contra ella. Basura persecutoria.