Seis meses de cinismo político en Valencia

Han pasado seis meses de la catástrofe natural más destructiva que ha sufrido España en este siglo, y el presidente de los valencianos, Carlos Mazón, sigue sin explicar dónde estaba y qué hacía el 29 de octubre durante las horas en que se gestó la tragedia a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia. Seis meses. Resulta inconcebible que un responsable público siga negando a los ciudadanos información básica relacionada con unas inundaciones en las que murieron 228 personas, pero esta es la patética realidad en la que se ha encerrado Mazón. Seis meses de ocultación permiten concluir que al propio Mazón le parece tan grave lo que oculta que le compensa vivir convertido en un fantasma político, incapaz siquiera de ejercer de anfitrión de un evento como el congreso del Partido Popular Europeo, celebrado esta semana en su ciudad.

De aquella jornada sabemos, porque sus declaraciones públicas están grabadas, que Mazón minimizó el riesgo, se fue a comer y llegó al centro de coordinación de la emergencia (Cecopi) pasadas las ocho de la tarde, cuando ya la mayoría de las víctimas había fallecido o intentaba escapar de una trampa mortal. Solo este dato era suficiente para exigir su dimisión. La excusa de que él no formaba parte del Cecopi y la progresiva adaptación de su relato a la instrucción de la jueza de Catarroja que investiga la responsabilidad penal en las muertes no hacen más que agravar día a día su irresponsabilidad política. De los días posteriores a la tragedia sabemos que el president declinó pedir la declaración de emergencia nacional que hubiera trasferido la gestión al Gobierno central, algo que, sin embargo, no ha dudado en hacer esta semana por el gran apagón siguiendo la estrategia política de su partido.

Solo cuando la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha focalizado la investigación en el envío “tardío” y el contenido “erróneo” de la alarma a móviles a las 20.11 de aquella tarde, Mazón reveló a qué hora llegó al Cecopi (17 minutos después) y se desentendió completamente del mensaje. Mientras intenta protegerse de una posible imputación, mantiene su relato sobre dos premisas: que no se actuó antes por la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el peligro del barranco del Poyo (donde se produjo el desbordamiento mortal); y que el mando de la emergencia era compartido con el Gobierno, al que intenta desviar la responsabilidad. El Estatuto de Autonomía y sus propias acciones aquellos días lo contradicen. Los autos de la juez desmontan el relato de un dirigente cercado.

Mazón ha decidido sobrevivir entregándose a Vox para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. Un acuerdo que ha logrado el respaldo temporal de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que presume de ese pacto frente a la prórroga de presupuestos en el Gobierno central. Convertir cualquier desgracia en elemento de refriega partidista solo logra empañar el esfuerzo inversor y provoca la desafección de una ciudadanía harta de debates partidarios.

En este periodo, la Generalitat ha dispuesto ya de cerca de 1.000 millones de euros y el Gobierno central 5.000 en diferentes ayudas y en la compensación de seguros. La recuperación sigue adelante, pero de manera asimétrica y a un ritmo inferior al deseado. El sector industrial y del pequeño comercio son los más lentos en resurgir. No se debe olvidar la magnitud y complejidad del desafío, y los recursos destinados son muchos. Pero mientras haya centenares de personas que no pueden simplemente bajar a la calle porque aún hay cerca de 2.500 ascensores averiados no se podrá hablar de cierta normalidad. Una normalidad que jamás será la misma para los allegados de las 228 personas fallecidas, para los miles de personas que perdieron todo, y para todos los que reviven el trauma del 29 de octubre solo con escuchar el sonido de la lluvia. Añadir a la desgracia el cinismo político del todavía president de la Comunidad Valenciana es una crueldad innecesaria.